Antonio Morales*En menos de un mes, me he visto en la obligación de escribir tres artículos acerca de la política energética que venimos sufriendo en Canarias y en España al socaire de la complacencia y la incapacidad de las administraciones responsables y sus gestores, y de una práctica empresarial encaminada, por encima de cualquier otra cosa, a conseguir una buena cuenta de resultados. Es una de las consecuencias de una privatización que inició Aznar en 1997 y que no parece recordar María Dolores de Cospedal, que acaba de declarar que sería bueno saber que piensa el Gobierno "acerca de que una empresa pública extranjera tenga una posición importante y de dominio en un sector estratégico como el de la electricidad en España".
Me animó a iniciar esta trilogía el primer cero eléctrico de Tenerife y su posterior cascada de acusaciones, rasgados de vestiduras y despejes a corner, para derivar todas las responsabilidades en los ciudadanos, ayuntamientos y cabildos, y conseguir que sus auténticos responsables, el Gobierno y la empresa encargada de generar y suministrar la energía, salieran de rositas. De paso, conseguían la excusa perfecta para hacer posible un nuevo recorte de libertades del que les hablaré más adelante.
Ya relaté en el primero de los textos a que me refiero, que los dos apagones de Tenerife no eran nada nuevo, sino que reproducían situaciones ya dadas en años anteriores. Pero esto no sucede sólo aquí. Desgraciadamente, si uno repasa las hemerotecas, constata con enorme desazón que estos hechos se repiten una y otra vez, no sólo en la península ibérica, sino también en los países europeos más importantes. Vayan allá algunos ejemplos.
El 14 de diciembre de 2001, una nevada, como ahora, dejó sin luz a un millón de personas en Cataluña. Ya en aquella ocasión se produjo, como es tónica habitual, un cruce de acusaciones entre los responsables políticos y la empresa suministradora, aunque al final todos se pusieron de acuerdo en derivar la culpa hacia los ciudadanos. Menos mal que La Vanguardia tuvo la valentía de afirmar que Endesa acumulaba, ya entonces, un déficit importantísimo de inversiones que cifraba en un 60% en la mejora de la red de media y baja tensión, un 26% en las nuevas líneas de alta tensión y un 14% en nuevas subestaciones.
En 2003, las comunidades que sufrieron más apagones fueron Melilla, Baleares, Ceuta, Canarias y Andalucía, todas ellas con Endesa como principal compañía suministradora. Durante la inauguración del II Foro Mundial sobre la Regulación de la Energía, el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, afirmó que los apagones que se habían producido en los últimos tiempos eran el resultado de "graves lagunas de inversión".
En 2005, el apagón más significativo fue el que produjo la tormenta tropical Delta en Tenerife y, en 2006, mientras se hacía público que Endesa lograba unos beneficios en el primer semestre de 1.756 millones de euros, un 83,7% más que el año anterior, al igual que Iberdrola y Unión Fenosa, en todo el territorio peninsular se sucedieron, en cascada, un número importante de apagones, en su mayoría en verano. En ese mismo año, diez millones de personas de nueve países europeos distintos (cinco de Francia) se vieron a oscuras de un momento para otro debido a un fallo que se produjo en la red en Alemania. El Ministro de Economía alemán, Michael Glos, declaró sin dilación que E.ON debía explicar urgentemente lo ocurrido y que "los tendidos antiguos tienen que sanearse". El ministro de Medioambiente, Signal Gabriel, y la portavoz de Los Verdes, apelaron a las obligaciones legales del proveedor y a "invertir parte de sus muy altos beneficios en la mejora de la red".
En 2007, Barcelona se quedaba igualmente a dos velas, lo que obligó al Ministro de Industria, Joan Clos, a salir urgentemente a la palestra a anunciar que se iban a acelerar los planes de mejora de la red eléctrica. Como recogió Expansión en su momento, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, José María Gay, atribuyó a la falta de inversiones (porque donde ganan dinero realmente es en la generación y no en la distribución) y porque "en el caso de Fecsa-Endesa, están preocupados por otros temas como las opas. Saben que no pasa nada, porque sólo les abren un expediente y les ponen una sanción mínima".
Ya relaté en el primero de los textos a que me refiero, que los dos apagones de Tenerife no eran nada nuevo, sino que reproducían situaciones ya dadas en años anteriores. Pero esto no sucede sólo aquí. Desgraciadamente, si uno repasa las hemerotecas, constata con enorme desazón que estos hechos se repiten una y otra vez, no sólo en la península ibérica, sino también en los países europeos más importantes. Vayan allá algunos ejemplos.
El 14 de diciembre de 2001, una nevada, como ahora, dejó sin luz a un millón de personas en Cataluña. Ya en aquella ocasión se produjo, como es tónica habitual, un cruce de acusaciones entre los responsables políticos y la empresa suministradora, aunque al final todos se pusieron de acuerdo en derivar la culpa hacia los ciudadanos. Menos mal que La Vanguardia tuvo la valentía de afirmar que Endesa acumulaba, ya entonces, un déficit importantísimo de inversiones que cifraba en un 60% en la mejora de la red de media y baja tensión, un 26% en las nuevas líneas de alta tensión y un 14% en nuevas subestaciones.
En 2003, las comunidades que sufrieron más apagones fueron Melilla, Baleares, Ceuta, Canarias y Andalucía, todas ellas con Endesa como principal compañía suministradora. Durante la inauguración del II Foro Mundial sobre la Regulación de la Energía, el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, afirmó que los apagones que se habían producido en los últimos tiempos eran el resultado de "graves lagunas de inversión".
En 2005, el apagón más significativo fue el que produjo la tormenta tropical Delta en Tenerife y, en 2006, mientras se hacía público que Endesa lograba unos beneficios en el primer semestre de 1.756 millones de euros, un 83,7% más que el año anterior, al igual que Iberdrola y Unión Fenosa, en todo el territorio peninsular se sucedieron, en cascada, un número importante de apagones, en su mayoría en verano. En ese mismo año, diez millones de personas de nueve países europeos distintos (cinco de Francia) se vieron a oscuras de un momento para otro debido a un fallo que se produjo en la red en Alemania. El Ministro de Economía alemán, Michael Glos, declaró sin dilación que E.ON debía explicar urgentemente lo ocurrido y que "los tendidos antiguos tienen que sanearse". El ministro de Medioambiente, Signal Gabriel, y la portavoz de Los Verdes, apelaron a las obligaciones legales del proveedor y a "invertir parte de sus muy altos beneficios en la mejora de la red".
En 2007, Barcelona se quedaba igualmente a dos velas, lo que obligó al Ministro de Industria, Joan Clos, a salir urgentemente a la palestra a anunciar que se iban a acelerar los planes de mejora de la red eléctrica. Como recogió Expansión en su momento, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, José María Gay, atribuyó a la falta de inversiones (porque donde ganan dinero realmente es en la generación y no en la distribución) y porque "en el caso de Fecsa-Endesa, están preocupados por otros temas como las opas. Saben que no pasa nada, porque sólo les abren un expediente y les ponen una sanción mínima".
También en 2008, Cataluña volvió a sufrir un apagón que se saldó con una multa de 61.000 euros a Endesa y Red Eléctrica. Miren si les sale barato. Por cierto, el TS, dándole la razón a la Generalitat, acaba de resolver, nueve años después, una sanción de 1,2 millones de euros a Endesa por el apagón de diciembre de 2001, que dejó sin luz a 110 municipios en la comunidad catalana.
Y lo de estos últimos días ya lo conocen ustedes. Apagones en Tenerife, apagones en Cataluña, y los mismos argumentos, las mismas justificaciones, las mismas minisanciones, el anuncio de apertura de expediente por la CNE a REE y Endesa, que después quedará en nada; la misma batalla entre Red Eléctrica y Endesa por derivarse responsabilidades entre sí, a pesar de que las zancadillas que se dan continuamente nos pone a todos en situaciones delicadísimas como ha sucedido aquí en Canarias en los últimos tres años donde, ante la pasividad del Gobierno, han paralizado el traspaso de competencias y, por tanto, la realización de inversiones… Pero nuestros gobernantes de CC y PP quieren aprovechar las circunstancias para efectuar un recorte de libertades preocupante, hasta el punto que el pasado día 10 de marzo, el PP y CC presentaron en el registro del Parlamento de Canarias una Proposición de Ley por la que se pretende modificar la Ley de Regulación del Sector Eléctrico canario, proponiendo obviar cualquier licencia urbanística y el planeamiento en vigor para hacer efectiva las medidas que adopte el Gobierno para la construcción de instalaciones de generación, transporte o distribución de energía, una medida absolutamente inconstitucional que traerá cola en las próximas semanas.
Y mientras el Gobierno de Canarias pretende recortar libertades por aquí, ¿qué sucede por arriba, en los ámbitos de unas empresas cuyos objetivos sólo pasan por llenar las arcas, aún a costa de poner en riesgo un sector estratégico para un país? Pues fíjense en algunos ejemplos, los más recientes: alteran el mercado para aumentar ficticiamente el precio a pagar por los ciudadanos españoles, como ha denunciado recientemente la Comisión Nacional de la Competencia, a pesar de que los precios de producción están bajando; presionan al Gobierno para frenar el apoyo y las primas a las energías limpias porque además supone un descenso de la demanda y por tanto de ganancias para ellos; quitan y ponen a los ministros, a los que presionan para subir una y otra vez las tarifas con argumentos falaces; en un juego continuo de monopoly, sobre todo en Latinoamérica, y de opas irresponsables, se quedan sin liquidez y nos someten a la mayor de las precariedades; se deshacen de su personal de siempre para poner el mantenimiento en manos inexpertas y baratas; se conceden entre ellos unos bonus escandalosos que, en el caso de Endesa, se elevó a 38,4 millones de euros para su consejo de administración en 2009, correspondiendo además a su número dos, prejubilado, Rafael Miranda (¿no quedamos en que las prejubilaciones eran inmorales?) un total de casi 19 millones de euros y, por último y para no cansarles, ahora Iberdrola, Endesa y Gas Natural, pretenden resucitar UNESA, un duro lobby con un enorme poder real sobre la economía y la seguridad energética del Estado…
Y lo de estos últimos días ya lo conocen ustedes. Apagones en Tenerife, apagones en Cataluña, y los mismos argumentos, las mismas justificaciones, las mismas minisanciones, el anuncio de apertura de expediente por la CNE a REE y Endesa, que después quedará en nada; la misma batalla entre Red Eléctrica y Endesa por derivarse responsabilidades entre sí, a pesar de que las zancadillas que se dan continuamente nos pone a todos en situaciones delicadísimas como ha sucedido aquí en Canarias en los últimos tres años donde, ante la pasividad del Gobierno, han paralizado el traspaso de competencias y, por tanto, la realización de inversiones… Pero nuestros gobernantes de CC y PP quieren aprovechar las circunstancias para efectuar un recorte de libertades preocupante, hasta el punto que el pasado día 10 de marzo, el PP y CC presentaron en el registro del Parlamento de Canarias una Proposición de Ley por la que se pretende modificar la Ley de Regulación del Sector Eléctrico canario, proponiendo obviar cualquier licencia urbanística y el planeamiento en vigor para hacer efectiva las medidas que adopte el Gobierno para la construcción de instalaciones de generación, transporte o distribución de energía, una medida absolutamente inconstitucional que traerá cola en las próximas semanas.
Y mientras el Gobierno de Canarias pretende recortar libertades por aquí, ¿qué sucede por arriba, en los ámbitos de unas empresas cuyos objetivos sólo pasan por llenar las arcas, aún a costa de poner en riesgo un sector estratégico para un país? Pues fíjense en algunos ejemplos, los más recientes: alteran el mercado para aumentar ficticiamente el precio a pagar por los ciudadanos españoles, como ha denunciado recientemente la Comisión Nacional de la Competencia, a pesar de que los precios de producción están bajando; presionan al Gobierno para frenar el apoyo y las primas a las energías limpias porque además supone un descenso de la demanda y por tanto de ganancias para ellos; quitan y ponen a los ministros, a los que presionan para subir una y otra vez las tarifas con argumentos falaces; en un juego continuo de monopoly, sobre todo en Latinoamérica, y de opas irresponsables, se quedan sin liquidez y nos someten a la mayor de las precariedades; se deshacen de su personal de siempre para poner el mantenimiento en manos inexpertas y baratas; se conceden entre ellos unos bonus escandalosos que, en el caso de Endesa, se elevó a 38,4 millones de euros para su consejo de administración en 2009, correspondiendo además a su número dos, prejubilado, Rafael Miranda (¿no quedamos en que las prejubilaciones eran inmorales?) un total de casi 19 millones de euros y, por último y para no cansarles, ahora Iberdrola, Endesa y Gas Natural, pretenden resucitar UNESA, un duro lobby con un enorme poder real sobre la economía y la seguridad energética del Estado…
Claro que, al tiempo, nos enteramos por la revista Interviú que el año pasado ganaron 22 millones de euros por los reenganches, sólo por los reenganches, de las familias a las que se les corta el suministro por no poder hacer frente al pago de los recibos en estos momentos de crisis y que consiguen de su ayuntamiento o de Cáritas una ayuda para poder volver a tener electricidad en su hogar. Dicen los que saben que es el sistema, que la cosa funciona así. Y así parece, el sistema funcionará, pero nosotros estamos apagados.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
