Antonio Morales*La corrupción no cesa de mostrarnos cada día, como un peligroso repelente de la democracia, la peor de sus caras. Durante dos semanas seguidas he escrito sobre este tema mostrando mi preocupación sobre el desafecto de los ciudadanos hacia de la política y los políticos, como nos muestran todos los indicadores sociológicos, y sobre la deriva hacia una pérdida de calidad democrática, que puede convertirse en un caldo de cultivo para salvapatrias de distinto pelaje.
A la utilización de los dineros públicos para enriquecimiento personal o para alentar la voracidad insaciable de los partidos políticos, se une la horrible crisis que sufrimos y la incapacidad del PP y el PSOE, el bipartidismo instalado y acomodado en el sistema, para aunar voluntades y proponer soluciones esperanzadoras a la sociedad española o para plantear de una vez por todas las sustituciones necesarias en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Pero no siempre es así. En los últimos años, los populares y los socialistas sí que han sabido dar muestras de unidad cuando lo que se socavan son intereses de otro tipo. Hace unos días, el diario Público hablaba de esa "sintonía de Estado" para frenar o aprobar iniciativas sobre laicidad, maltrato animal (toros), antimilitarismo, mejoras de las pensiones, prostitución, endurecimiento de la inmigración, etc.
Ahora, ante lo que se les viene encima por el cabreo, la desazón ciudadana, la pérdida de votos y la desconfianza creciente en ellos, vuelven a mostrarnos que sí son capaces de unirse para lo que les interesa y distintos medios de comunicación empiezan a hablarnos de un borrador de acuerdo de un pacto anticorrupción que no suena sino a un lavado de cara, a un puro maquillaje artificial, a una nueva tomadura de pelo colectiva para que todo siga igual, porque no entra a plantear soluciones al problema de fondo. Según apuntan todos los datos, ya existe un borrador de acuerdo para modificar la ley de financiación de partidos, la ley electoral y la nueva ley de gobierno local y según apuntan las filtraciones todo sigue siendo más de lo mismo. Vamos a ver si no.
La Ley de Financiación de los Partidos Políticos se aprobó el 4 de julio de 2007, con el voto en contra del PP, para hacer frente a los escándalos de Filesa (PSOE), Naseiro (PP), Casinos (CiU) o "tragaperras" (PNV) e incluye, entre otras lindezas, aumentar la aportación del Estado a la financiación de los partidos en un 20% hasta llegar a 78 millones de euros y, aunque impide las donaciones anónimas, autoriza las particulares hasta cien mil euros, las donaciones de inmuebles, las condonaciones de deudas y la utilización de las fundaciones afines como vía de subvención. Las modificaciones que se plantean ahora no inciden sino en hablar de transparencia, control y bla, bla, bla, porque, a lo sumo, acaban de aceptar a regañadientes una proposición de Ley de ERC, que pretende impedir las donaciones de empresas relacionadas con la Administración.
Es lo que sucede con la Ley Electoral que, como afirma una y otra vez el Tribunal de Cuentas, nadie cumple. Según los datos de fiscalización de 2006 de este órgano, ninguna de las formaciones escrutadas (17 del Congreso y 14 en los parlamentos autonómicos) cumple como es debido. Entonces, ¿no es mejor cumplir las normas que modificarlas? ¿Pero es que acaso van a corregir la grave anomalía de que algunos votos valgan hasta cinco veces más que otros, condenando al ostracismo a ciudadanos y pequeños partidos políticos? Eso sí que no, por supuesto.
Donde si van a ser generosos en las modificaciones es en el ámbito de lo local, porque no les roza. No les roza, pero si les sirve de escudo y de excusa y blanqueo. De entre todas las medidas que ya han pactado los dos partidos mayoritarios destacan las que se refieren a sustituir a los políticos por funcionarios o representantes de colegios profesionales o de la universidad en las comisiones de urbanismo y que las mesas de contratación las presidan funcionarios, como si esta vulgar tecnocracia garantizara per se la pureza del procedimiento, como si no hubieran también funcionarios corruptos.
También piensan obligar a que los cargos electos municipales, además de hacer públicas sus retribuciones, como ya sucede, lo hagan también con las declaraciones de bienes que hoy constan en cada una de las secretarías de los ayuntamientos españoles. Y es aquí donde me parece que se hace una auténtica demagogia, haciendo caer en la parte más débil la carga de la prueba. Yo no sé si esta medida realmente sirve para algo, porque estos datos se pueden falsear y si no, fíjense en la declaración pública de los bienes de Camps sin ir más lejos, en las que casi parece depender de la caridad pública. También me cuestiono si es constitucional que la pareja de un político o sus hijos renuncien a la protección de datos simplemente por ser familiar de un señor o una señora que participa en la gestión de lo público, pero lo que si tengo absolutamente claro es que quien primero tendría que transparentar sus cuentas sería la Casa Real. Y de ahí para abajo, por ese orden, todos.
A la utilización de los dineros públicos para enriquecimiento personal o para alentar la voracidad insaciable de los partidos políticos, se une la horrible crisis que sufrimos y la incapacidad del PP y el PSOE, el bipartidismo instalado y acomodado en el sistema, para aunar voluntades y proponer soluciones esperanzadoras a la sociedad española o para plantear de una vez por todas las sustituciones necesarias en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Pero no siempre es así. En los últimos años, los populares y los socialistas sí que han sabido dar muestras de unidad cuando lo que se socavan son intereses de otro tipo. Hace unos días, el diario Público hablaba de esa "sintonía de Estado" para frenar o aprobar iniciativas sobre laicidad, maltrato animal (toros), antimilitarismo, mejoras de las pensiones, prostitución, endurecimiento de la inmigración, etc.
Ahora, ante lo que se les viene encima por el cabreo, la desazón ciudadana, la pérdida de votos y la desconfianza creciente en ellos, vuelven a mostrarnos que sí son capaces de unirse para lo que les interesa y distintos medios de comunicación empiezan a hablarnos de un borrador de acuerdo de un pacto anticorrupción que no suena sino a un lavado de cara, a un puro maquillaje artificial, a una nueva tomadura de pelo colectiva para que todo siga igual, porque no entra a plantear soluciones al problema de fondo. Según apuntan todos los datos, ya existe un borrador de acuerdo para modificar la ley de financiación de partidos, la ley electoral y la nueva ley de gobierno local y según apuntan las filtraciones todo sigue siendo más de lo mismo. Vamos a ver si no.
La Ley de Financiación de los Partidos Políticos se aprobó el 4 de julio de 2007, con el voto en contra del PP, para hacer frente a los escándalos de Filesa (PSOE), Naseiro (PP), Casinos (CiU) o "tragaperras" (PNV) e incluye, entre otras lindezas, aumentar la aportación del Estado a la financiación de los partidos en un 20% hasta llegar a 78 millones de euros y, aunque impide las donaciones anónimas, autoriza las particulares hasta cien mil euros, las donaciones de inmuebles, las condonaciones de deudas y la utilización de las fundaciones afines como vía de subvención. Las modificaciones que se plantean ahora no inciden sino en hablar de transparencia, control y bla, bla, bla, porque, a lo sumo, acaban de aceptar a regañadientes una proposición de Ley de ERC, que pretende impedir las donaciones de empresas relacionadas con la Administración.
Es lo que sucede con la Ley Electoral que, como afirma una y otra vez el Tribunal de Cuentas, nadie cumple. Según los datos de fiscalización de 2006 de este órgano, ninguna de las formaciones escrutadas (17 del Congreso y 14 en los parlamentos autonómicos) cumple como es debido. Entonces, ¿no es mejor cumplir las normas que modificarlas? ¿Pero es que acaso van a corregir la grave anomalía de que algunos votos valgan hasta cinco veces más que otros, condenando al ostracismo a ciudadanos y pequeños partidos políticos? Eso sí que no, por supuesto.
Donde si van a ser generosos en las modificaciones es en el ámbito de lo local, porque no les roza. No les roza, pero si les sirve de escudo y de excusa y blanqueo. De entre todas las medidas que ya han pactado los dos partidos mayoritarios destacan las que se refieren a sustituir a los políticos por funcionarios o representantes de colegios profesionales o de la universidad en las comisiones de urbanismo y que las mesas de contratación las presidan funcionarios, como si esta vulgar tecnocracia garantizara per se la pureza del procedimiento, como si no hubieran también funcionarios corruptos.
También piensan obligar a que los cargos electos municipales, además de hacer públicas sus retribuciones, como ya sucede, lo hagan también con las declaraciones de bienes que hoy constan en cada una de las secretarías de los ayuntamientos españoles. Y es aquí donde me parece que se hace una auténtica demagogia, haciendo caer en la parte más débil la carga de la prueba. Yo no sé si esta medida realmente sirve para algo, porque estos datos se pueden falsear y si no, fíjense en la declaración pública de los bienes de Camps sin ir más lejos, en las que casi parece depender de la caridad pública. También me cuestiono si es constitucional que la pareja de un político o sus hijos renuncien a la protección de datos simplemente por ser familiar de un señor o una señora que participa en la gestión de lo público, pero lo que si tengo absolutamente claro es que quien primero tendría que transparentar sus cuentas sería la Casa Real. Y de ahí para abajo, por ese orden, todos.
El Rey debería decirnos, antes que nadie, cómo emplea los nueves millones de euros que le aporta el Estado para sus gastos, hecho éste que impiden con sus votos en el Parlamento el PP y el PSOE. Además debe decirnos donde invierte su dinero, con quién hace negocios, en cuánto ha aumentado su patrimonio desde que es Jefe de Estado, a qué se dedica su yerno con el Instituto Nóos, investigado por el fiscal del caso Palma Arena mallorquín; cuál es la relación de una de sus hijas con La Caixa en la que actúa como responsable de la Obra Social y como princesa y de su yerno Urdangarín con Telefónica y antes con Motorpress Ibérica, de Bertelsmann, premio Príncipe de Asturias; qué sucede con los regalos que recibe, desde luego muy superiores a los trajes de Camps (sólo el yate Bribón está valorado en 18 millones de euros), y debe decirnos qué hace la reina asistiendo, una y otra vez, a las reuniones del Club Bilderberg, considerado como el club de los poderosos, con una enorme carga opacidad y turbidez, por emplear una expresión suave, y donde se toman decisiones de enorme calado para la humanidad al margen de los gobiernos. Como dice Luis Solana, "o misterio pactado o transparencia total".
Y a partir de ahí, debería hacer declaración de bienes pública todo el mundo, si sirviera para algo, si los tramposos no pudieran "trampear" sus cuentas. Los jueces también, por supuesto, y los diputados y senadores de los parlamentos centrales y autonómicos, los cargos públicos de los gobiernos autonómicos…También los partidos políticos deberían aclararnos sus números y sus propiedades. Todo el mundo, si estamos hablando de una auténtica transparencia democrática. Y entonces, igualmente, los cargos locales.
Ya está bien de retóricas y de decisiones de cara a la galería. Como escribían días atrás Jesús Maraña y Miguel Ángel Aguilar, en vez de lanzar nuevas medidas, es preciso que se cumplan las existentes. Existen unas normas de funcionamiento muy claras. Sólo hay que cumplirlas y perseguir con contundencia a quien no lo haga. Si no es así, terminará pagándolo la democracia.
Y a partir de ahí, debería hacer declaración de bienes pública todo el mundo, si sirviera para algo, si los tramposos no pudieran "trampear" sus cuentas. Los jueces también, por supuesto, y los diputados y senadores de los parlamentos centrales y autonómicos, los cargos públicos de los gobiernos autonómicos…También los partidos políticos deberían aclararnos sus números y sus propiedades. Todo el mundo, si estamos hablando de una auténtica transparencia democrática. Y entonces, igualmente, los cargos locales.
Ya está bien de retóricas y de decisiones de cara a la galería. Como escribían días atrás Jesús Maraña y Miguel Ángel Aguilar, en vez de lanzar nuevas medidas, es preciso que se cumplan las existentes. Existen unas normas de funcionamiento muy claras. Sólo hay que cumplirlas y perseguir con contundencia a quien no lo haga. Si no es así, terminará pagándolo la democracia.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
