Antonio Morales*El origen de nuestras cajas de ahorros se remonta a los Montes de Piedad, que se crearon en el siglo XV en torno a la orden franciscana, destinados a conceder préstamos sin interés a los más desfavorecidos. Fue en el siglo XIX cuando se empezó a gestar el modelo de caja que más se aproxima al que hoy conocemos, al amparo de organizaciones religiosas y personas o instituciones que pretendían proteger a los pobres de los embates de prestamistas y usureros. En la actualidad funcionan como fundaciones privadas sin ánimo de lucro, gestionadas por sus impositores, los propios trabajadores y el conjunto de la sociedad, a través de los representantes de las administraciones públicas locales y autonómicas.
Durante todos estos años, las cajas de ahorros han ido acentuando su papel de protector del ahorro familiar y de agente de desarrollo de los territorios más inmediatos, los más cercanos, a través de la financiación de proyectos municipales y de las pymes locales. Además, los beneficios conseguidos al haberse hecho con más del 50% de los recursos ajenos al sistema bancario, debido a la confianza depositada en ellas por las clases medias, son devueltos al conjunto de la sociedad a través de la Obra Social que financia miles y miles de proyectos de este carácter, culturales, educativos, medioambientales…etc.
Pues bien, desde hace algunos años, desde ese lugar opaco y mafioso que llaman "mercado", al que andan todos ahora rindiendo pleitesía, se ha desatado una campaña virulenta de acoso y derribo para acabar con ellas y poner todo su potencial en manos de la banca, que logra así el más perverso de los oligopolios. Ya en enero de 2000, el catedrático de Economía Aplicada de la UV, J. A. Martínez Serrano escribía un lúcido y visionario artículo (El País), del que tomo algunas referencias para este texto, al que tituló "Las cajas de ahorro: un codiciado botín", donde profundizaba en la eficiencia de las cajas, al menos igual que la de los bancos y en una gestión mucho más prudente que la de estos y en el "atractivo" que estaban suponiendo para la banca por su enorme volumen de negocio, por la dura competencia que hacen al sector privado y por el control empresarial que ejercen: "Por ello, resultaría gracioso que unas instituciones nacidas para huir de los usureros del siglo XIX acabasen en las manos de los ambiciosos banqueros privados del siglo XXI".
En el último año, la campañita de marras se ha recrudecido desde todos los flancos. Vean si no algunos ejemplos. En noviembre de 2009, Aznar decía en una conferencia en Santander que "las cajas de ahorro deben ir a un proceso de privatización progresiva, en lugar de convertirse en bancos públicos autonómicos", y a principios de julio de este año insistía en que "las cajas de ahorro han demostrado ser, cuando menos, incompetentes" y que se debería iniciar "un proceso de transformación que permita la entrada gradual de la propiedad privada". En marzo de 2010, el socialdemócrata Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, amenazaba en Valencia a las cajas con una "intervención, liquidación y posterior venta" y les instaba a dejarse absorber fusionándose con alguna de las grandes, o a constituir un SIP que les obligaría a perder el control de su negocio financiero. Su mano derecha, el Subgobernador Javier Aríztegui, no tuvo reparos tampoco en hacernos llegar que "es necesario dotar a las cajas de ahorros de un nuevo estatus jurídico. En definitiva, someterlas a la disciplina del mercado". También en mayo de este año, la UE presionaba al gobierno español para que iniciara la reforma laboral, de las pensiones, y de las cajas de ahorros. El FMI, a principios de julio, remató la jugada afirmando que "las cajas de ahorro necesitan un cambio rotundo que permita su privatización, al menos parcial"…
Ante todo esto, ¿qué otra cosa podría hacer el pobrecito Zapatero sino lanzarse a dar un paso más allá de la reforma laboral y la congelación de las pensiones para contentar a los "sabios" que nos llevaron a esta situación de crisis social, económica y de déficit presupuestario? Efectivamente, a toda prisa, sin contar con nadie, salvo con, para este tipo de cosas, sus aliados del PP, el presidente español puso en marcha y remató lo que él mismo más tarde definiría como "una reforma fundamental y de gran calado, la más importante en la historia del sistema financiero español". A partir de estos momentos, y siguiendo las indicaciones de su colega Aznar y sus amigos de los "mercados", Zapatero ha puesto en marcha un proceso que abre todas las puertas a la privatización total de las cajas, a pesar incluso de que según una encuesta reciente del IMOP, un 81% de los españoles se muestran absolutamente partidarios de sus cajas de ahorro, conscientes del enorme daño que su desaparición causará en el futuro a las familias. Desde ya, el Banco de España ejercerá un control extraordinario sobre las 45 cajas españolas, mucho más del que nunca quiso ni pudo tener sobre los bancos, incluso fiscalizando cada tres meses a las entidades a las que se ha ayudado; bloqueará a conveniencia las fusiones frías, con lo cuál facilitará el acceso del capital privado a su antojo; permitirá la compra de acciones de las cajas en crisis, con un gran rechazo de la CECA, porque no es sino otra vuelta de tuerca a posibilitar que caigan en manos de los especuladores del mercado; permitirá que con dos tercios de la asamblea de cualquier caja, su negocio financiero pase a un banco privado y hará posible que en 2013, ningún cargo público elegido democráticamente por los ciudadanos pueda estar presente en sus órganos de gobierno, un paso más de colaboracionismo con el desprestigio de lo público, que nos llevará a que dentro de poco la Sanidad y la Educación también pasen a manos privadas y que los ciudadanos sigan alejándose de las urnas y de la política para que las decisiones las sigan tomando los mercados. Eso sí, los parlamentos podrán designar a personas, podrán poner testaferros, para que estén en los órganos de gobierno de las cajas, aunque sean los mayores chorizos, pero nunca podrán ser cargos electos. Al finalizar esta operación se perderán treinta mil empleos, se cerrarán 6.000 oficinas y desaparecerán las cajas de ahorro que irán a parar a manos de la banca privada. Las arcas públicas emplearán para ello más de quince mil millones en inyección de capital y treinta mil millones en créditos blandos. Una operación redonda del PSOE y el PP para favorecer a sus amigos los banqueros, los que condonan las deudas de los partidos, entre otras cosas.
Nuestra Caja Insular de Ahorros, con una aceptación casi generalizada, pasa así a ser absorbida por Caja Madrid, que será la que dé el visto bueno a los créditos que se soliciten a partir de ahora. Dentro de poco será una sucursal más de un banco cualquiera. Y mientras, el Parlamento Canario, y los partidos que lo conforman, que no movieron un dedo para intentar unir a las dos cajas de esta Comunidad, aprueba por unanimidad este despropósito.
Qué ocasión perdida para que un partido, el PSOE, que se proclama de izquierdas pero que en materia económica no se diferencia ni una migaja de la derecha más neoliberal, no se atreviera a dar el paso de crear una auténtica banca pública, profundamente social y ética a la hora de las inversiones y los créditos. Una banca pública que ya tuvimos (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial) y que se fusionó en Argentaria para ser vendida posteriormente a las bancas privadas, tras poner Aznar al frente de ellas a personas de su cuerda. Para el Nobel de Economía J. Stiglitz, los gobiernos deberían crear sus propios bancos: "en Estados Unidos entregamos a la banca 700.000 millones de dólares. Si hubiésemos invertido sólo una fracción de esa cantidad en la creación de un nuevo banco, habríamos financiado todos los préstamos que se necesitaban". También, entre otros, Costas Lapavitsas, profesor de Economía de la Universidad de Londres, defiende una banca pública capaz de superar la crisis de una forma justa y de transferir capital hacia una inversión productiva. No se podría dudar de su solvencia y garantizaría una práctica ética y no especulativa.
Que ocasión perdida para que un gobierno que debería, como prometió en su día, realizar políticas de izquierdas, no se decida abiertamente a perseguir los paraísos fiscales y el fraude fiscal que ha hecho que la recaudación de la Agencia Tributaria haya caído en el último año en un 17%. Se conseguiría recuperar para las arcas públicas nada más y nada menos que la friolera de 38.000 millones de euros y se evitarían prácticas políticas profundamente reaccionarias como las que se están adoptando.
Serge Halimi finalizaba un artículo, "El gobierno de los bancos", el mes pasado en Le Monde Diplomatique de una manera que yo suscribo al cien por cien. Para este periodista y doctor en Ciencias Políticas, las medidas que distintos países y el G-20 tomarán contra la especulación en las próximas semanas "dirán si la humillación cotidiana que 'los mercados' infligen a los Estados, y la cólera popular que aviva el cinismo de los bancos, despiertan en los gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca dignidad que les queda".
Durante todos estos años, las cajas de ahorros han ido acentuando su papel de protector del ahorro familiar y de agente de desarrollo de los territorios más inmediatos, los más cercanos, a través de la financiación de proyectos municipales y de las pymes locales. Además, los beneficios conseguidos al haberse hecho con más del 50% de los recursos ajenos al sistema bancario, debido a la confianza depositada en ellas por las clases medias, son devueltos al conjunto de la sociedad a través de la Obra Social que financia miles y miles de proyectos de este carácter, culturales, educativos, medioambientales…etc.
Pues bien, desde hace algunos años, desde ese lugar opaco y mafioso que llaman "mercado", al que andan todos ahora rindiendo pleitesía, se ha desatado una campaña virulenta de acoso y derribo para acabar con ellas y poner todo su potencial en manos de la banca, que logra así el más perverso de los oligopolios. Ya en enero de 2000, el catedrático de Economía Aplicada de la UV, J. A. Martínez Serrano escribía un lúcido y visionario artículo (El País), del que tomo algunas referencias para este texto, al que tituló "Las cajas de ahorro: un codiciado botín", donde profundizaba en la eficiencia de las cajas, al menos igual que la de los bancos y en una gestión mucho más prudente que la de estos y en el "atractivo" que estaban suponiendo para la banca por su enorme volumen de negocio, por la dura competencia que hacen al sector privado y por el control empresarial que ejercen: "Por ello, resultaría gracioso que unas instituciones nacidas para huir de los usureros del siglo XIX acabasen en las manos de los ambiciosos banqueros privados del siglo XXI".
En el último año, la campañita de marras se ha recrudecido desde todos los flancos. Vean si no algunos ejemplos. En noviembre de 2009, Aznar decía en una conferencia en Santander que "las cajas de ahorro deben ir a un proceso de privatización progresiva, en lugar de convertirse en bancos públicos autonómicos", y a principios de julio de este año insistía en que "las cajas de ahorro han demostrado ser, cuando menos, incompetentes" y que se debería iniciar "un proceso de transformación que permita la entrada gradual de la propiedad privada". En marzo de 2010, el socialdemócrata Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, amenazaba en Valencia a las cajas con una "intervención, liquidación y posterior venta" y les instaba a dejarse absorber fusionándose con alguna de las grandes, o a constituir un SIP que les obligaría a perder el control de su negocio financiero. Su mano derecha, el Subgobernador Javier Aríztegui, no tuvo reparos tampoco en hacernos llegar que "es necesario dotar a las cajas de ahorros de un nuevo estatus jurídico. En definitiva, someterlas a la disciplina del mercado". También en mayo de este año, la UE presionaba al gobierno español para que iniciara la reforma laboral, de las pensiones, y de las cajas de ahorros. El FMI, a principios de julio, remató la jugada afirmando que "las cajas de ahorro necesitan un cambio rotundo que permita su privatización, al menos parcial"…
Ante todo esto, ¿qué otra cosa podría hacer el pobrecito Zapatero sino lanzarse a dar un paso más allá de la reforma laboral y la congelación de las pensiones para contentar a los "sabios" que nos llevaron a esta situación de crisis social, económica y de déficit presupuestario? Efectivamente, a toda prisa, sin contar con nadie, salvo con, para este tipo de cosas, sus aliados del PP, el presidente español puso en marcha y remató lo que él mismo más tarde definiría como "una reforma fundamental y de gran calado, la más importante en la historia del sistema financiero español". A partir de estos momentos, y siguiendo las indicaciones de su colega Aznar y sus amigos de los "mercados", Zapatero ha puesto en marcha un proceso que abre todas las puertas a la privatización total de las cajas, a pesar incluso de que según una encuesta reciente del IMOP, un 81% de los españoles se muestran absolutamente partidarios de sus cajas de ahorro, conscientes del enorme daño que su desaparición causará en el futuro a las familias. Desde ya, el Banco de España ejercerá un control extraordinario sobre las 45 cajas españolas, mucho más del que nunca quiso ni pudo tener sobre los bancos, incluso fiscalizando cada tres meses a las entidades a las que se ha ayudado; bloqueará a conveniencia las fusiones frías, con lo cuál facilitará el acceso del capital privado a su antojo; permitirá la compra de acciones de las cajas en crisis, con un gran rechazo de la CECA, porque no es sino otra vuelta de tuerca a posibilitar que caigan en manos de los especuladores del mercado; permitirá que con dos tercios de la asamblea de cualquier caja, su negocio financiero pase a un banco privado y hará posible que en 2013, ningún cargo público elegido democráticamente por los ciudadanos pueda estar presente en sus órganos de gobierno, un paso más de colaboracionismo con el desprestigio de lo público, que nos llevará a que dentro de poco la Sanidad y la Educación también pasen a manos privadas y que los ciudadanos sigan alejándose de las urnas y de la política para que las decisiones las sigan tomando los mercados. Eso sí, los parlamentos podrán designar a personas, podrán poner testaferros, para que estén en los órganos de gobierno de las cajas, aunque sean los mayores chorizos, pero nunca podrán ser cargos electos. Al finalizar esta operación se perderán treinta mil empleos, se cerrarán 6.000 oficinas y desaparecerán las cajas de ahorro que irán a parar a manos de la banca privada. Las arcas públicas emplearán para ello más de quince mil millones en inyección de capital y treinta mil millones en créditos blandos. Una operación redonda del PSOE y el PP para favorecer a sus amigos los banqueros, los que condonan las deudas de los partidos, entre otras cosas.
Nuestra Caja Insular de Ahorros, con una aceptación casi generalizada, pasa así a ser absorbida por Caja Madrid, que será la que dé el visto bueno a los créditos que se soliciten a partir de ahora. Dentro de poco será una sucursal más de un banco cualquiera. Y mientras, el Parlamento Canario, y los partidos que lo conforman, que no movieron un dedo para intentar unir a las dos cajas de esta Comunidad, aprueba por unanimidad este despropósito.
Qué ocasión perdida para que un partido, el PSOE, que se proclama de izquierdas pero que en materia económica no se diferencia ni una migaja de la derecha más neoliberal, no se atreviera a dar el paso de crear una auténtica banca pública, profundamente social y ética a la hora de las inversiones y los créditos. Una banca pública que ya tuvimos (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito Oficial) y que se fusionó en Argentaria para ser vendida posteriormente a las bancas privadas, tras poner Aznar al frente de ellas a personas de su cuerda. Para el Nobel de Economía J. Stiglitz, los gobiernos deberían crear sus propios bancos: "en Estados Unidos entregamos a la banca 700.000 millones de dólares. Si hubiésemos invertido sólo una fracción de esa cantidad en la creación de un nuevo banco, habríamos financiado todos los préstamos que se necesitaban". También, entre otros, Costas Lapavitsas, profesor de Economía de la Universidad de Londres, defiende una banca pública capaz de superar la crisis de una forma justa y de transferir capital hacia una inversión productiva. No se podría dudar de su solvencia y garantizaría una práctica ética y no especulativa.
Que ocasión perdida para que un gobierno que debería, como prometió en su día, realizar políticas de izquierdas, no se decida abiertamente a perseguir los paraísos fiscales y el fraude fiscal que ha hecho que la recaudación de la Agencia Tributaria haya caído en el último año en un 17%. Se conseguiría recuperar para las arcas públicas nada más y nada menos que la friolera de 38.000 millones de euros y se evitarían prácticas políticas profundamente reaccionarias como las que se están adoptando.
Serge Halimi finalizaba un artículo, "El gobierno de los bancos", el mes pasado en Le Monde Diplomatique de una manera que yo suscribo al cien por cien. Para este periodista y doctor en Ciencias Políticas, las medidas que distintos países y el G-20 tomarán contra la especulación en las próximas semanas "dirán si la humillación cotidiana que 'los mercados' infligen a los Estados, y la cólera popular que aviva el cinismo de los bancos, despiertan en los gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca dignidad que les queda".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
