Sábado, 16 de octubre.Los ayuntamientos de los municipios que forman parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que gestiona y sostiene a los bomberos destacados en los parques del interior de la isla, se plantean disolver el servicio, según acordaron, el pasado miércoles, en la última reunión celebrada por el organismo.
En este sentido, el Comisionado de Gran Canaria, integrado en la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ha solicitado un informe jurídico que estudie todos los efectos "que pueda causar la disolución" del cuerpo de bomberos, que dispone de ocho bases ubicadas en Arucas, Gáldar, Tejeda, La Aldea de San Nicolás, San Mateo, Telde, Arinaga y Puerto Rico y que son financiados por el Cabildo de Gran Canaria, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de la isla, a excepción de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana.
Además, los alcaldes han anunciado que "no aportarán ni un solo euro más al Consorcio de Emergencias", que comenzó a funcionar en julio de 2003, atendiendo a que "actualmente todos los trabajadores públicos y políticos hemos hecho un esfuerzo, sufriendo la reducción de salarios, y no es el momento de aportar más dinero para otros servicios".
"Es hora de apretarse el cinturón", sentencias los alcaldes de Gran Canaria, quienes sin embargo han encargado a la dirección del Consorcio Insular que continúe con "los procedimientos oportunos de negociación del convenio colectivo", denunciado por los trabajadores y que expira el próximo mes de diciembre.
Todo ello, mientras continúa la huelga indefinida de los bomberos que iniciaron a finales de septiembre por el aumento de jornadas laborales establecido por un decreto firmado por la anterior Presidenta del Consorcio, Rosa Monzón, quien ante el transcurso del conflicto y la falta de acuerdo entre el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos, presentó su dimisión.
La nueva titular, Encarna Galván, prosigue con las negociaciones y, según el comité de huelga, apoya la revocación del citado decreto.
Sin embargo, la nueva postura de los ayuntamientos, que ostentan el 40% de los votos del Consorcio, idéntico al del Cabildo de Gran Canaria, frente a otro 20% del Gobierno de Canarias, supone un nuevo escenario para un conflicto que afecta a 180 trabajadores.
