Antonio Morales*Se ha dado un paso más. Primero la reforma laboral para trabajar más y ganar menos con un recorte extraordinario de derechos laborales y sociales, luego la eliminación de las cajas para ponerlas en manos de los bancos una vez saneadas con dinero público y, ahora, el recorte de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación. De nuevo un ataque frontal a los más desprotegidos de la sociedad que serán los que sufran las consecuencias del acoso de los mercados y la debilidad de un Gobierno socialdemócrata, que ha sido avalado en esta ocasión por unos sindicatos oficialistas, debilitados y obligados a ceder ante la posibilidad de un nuevo fracaso como el de la última huelga general.
El proceso es siempre el mismo. No ha sido distinto en esta ocasión. Desde hace meses se viene trasladando a la sociedad, de manera calculada y con estrategias mediáticas de manipulación, para introducir el mensaje, sibilinamente, la necesidad de dar una vuelta más a la tuerca del recorte de los derechos de la ciudadanía. Así, en los últimos meses hemos podido escuchar y leer como el inefable Fernández Ordóñez, ya en septiembre pasado, llamaba a no caer en la "fatiga reformista" y a que "cuanto antes" se realizaran cambios en las pensiones. Poco tiempo después nos llega el mensaje de que Bruselas presiona para retrasar la edad de jubilación; la OCDE pide reformas más radicales; Zapatero entra al trapo y apuesta por reformas profundas en las pensiones "por razones demográficas", con el argumento de que "la ausencia de reformas es peor que la falta de consenso" y, en los últimos días, Angela Merkel afirma que la futura ayuda alemana se supedita al retraso de la jubilación...
Y no pararon hasta que lo consiguieron: de golpe nos encontramos con que no nos podremos jubilar, de manera genérica, antes de los 67 años; que sólo lo podremos hacer a los 65 si ya hubiésemos cotizado durante 38 años y medio y que el recorte en bruto de las pensiones puede situarse entre un 10% y un 20% al final del proceso. Se trata de una nueva andanada al Estado de bienestar, profundamente injusta, mientras la Seguridad Social anuncia un superávit de 4.000 millones en 2010 y de 4.579 en 2011 y que el Fondo de Reserva terminó el año con 64.300 millones. Vicenç Navarro ha insistido una y otra vez en que los sectores populares no deberían trabajar más para pagar las pensiones de sectores que les sobrevivirán, dado que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos cuarenta años se ha concentrado en las rentas altas. Para este científico, los años de vida saludable, sin enfermedades, después de los 65 años depende de la clase social. "Es injusto, afirma, que Emilio Botín, el banquero más rico de la UE, pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banca. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive diez años menos que un burgués), tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones al burgués (que le sobrevivirá diez años)". Para el demógrafo y economista Juan Antonio Fernández Cordón, que sostiene la misma tesis que el profesor V. Navarro, el retraso de las pensiones es una medida injusta y engañosa porque afectará sobre todo a los trabajadores más pobres y porque sus efectos sobre las cuentas serán muy limitados y no mejorará el desempleo. También otro demógrafo, Julio Pérez Díaz, afirma que el déficit es potencial, como lo fue en 1995 y desmonta la tesis de que es la demografía la que hace peligrar las pensiones: "Los españoles vivirán más, pero llegarán más inmigrantes y más mujeres trabajarán". ¿Y qué sucederá con esta generación perdida que no encuentra trabajo y que difícilmente podrá alcanzar los 38,5 años de cotización que se exigirán para poder jubilarse a los 65 años?
Y en medio de todo esto, el papelón de CCOO y UGT, devenidos en cómplices necesarios, que no vienen a demostrarnos más que su poca fuerza y su incapacidad de liderazgo sobre los trabajadores de este país. Su posición en este asunto nos certifica una vez más su debilitamiento, no sólo por la huelga fallida, sino fundamentalmente por su entreguismo a los gobiernos de turno y por sus prácticas palaciegas que les han llevado a potenciar una casta funcionarial, enquistándose en la Administración pública y abriendo enormes diferencias entre los trabajadores. Y ahora lo han rematado. Se han prestado al juego y les va a salir el tiro por la culata.
Menos mal que en agosto del año pasado CCOO planteaba que era "bastante infantil" el intento del Gobierno de convencerles de la bondad del recorte de las pensiones y de que Cándido Méndez , por las mismas fechas, hacía una llamada a otra huelga general por la "amenaza contra nuestras pensiones" y decía que creía más prioritario solucionar el tema energético. También el 18 de diciembre, los secretarios generales de estos dos sindicatos alertaban de que el conflicto social se recrudecería si el Gobierno continuaba adelante con sus planes de elevar la edad de jubilación y, el 18 de febrero pasado, insistían en que esa propuesta era una "línea roja" y que Zapatero "tiene en sus manos evitar una huelga general", ya que se trata de una medida injusta e innecesaria. "Una ofrenda a los mercados". Igualmente, la Confederación Europea de Sindicatos afirmó que "querer retrasar la edad de jubilación en el contexto actual es transferir el problema de la financiación de las pensiones al del desempleo".
Un dirigente como Toxo, de CCOO, que recoge en sus estatutos que ideológicamente "se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la consecución de una sociedad socialista democrática" firma después, junto con Méndez, un artículo en el que afirman que "nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y la cohesión social" y vaya que lo han conseguido. No sabemos si por la desgraciada debilidad de estos dos sindicatos mayoritarios o por la ampliación de los plazos de supervivencia de las nucleares, como se filtró en un momento de la negociación, o por los 27 millones de euros que les concedió el Gobierno durante la componenda para planes de formación, como adelantó Expansión, lo cierto es que se plegaron y nos vendieron un "gran pacto social" (extraordinario, pues consiguió rebajar la propuesta del Gobierno para jubilarse a los 65 años con 38,5 de cotización en vez de los 39 que defendía el ejecutivo) que requirió alfombra roja y la sala de la firma de los Pactos de la Moncloa. Y hasta recibieron a la canciller alemana, apoyando a Zapatero, cuando vino días atrás a España a pasar revista a sus súbditos del sur. Un alivio, una legitimación para el PSOE, el PP y la patronal, con la complicidad de los sindicatos, a costa de los trabajadores, que califican de "paz social" sin ningún tipo de pudor.
Quienes andan que no caben de gozo, son los promotores de planes de pensiones privados, diseñados para que las élites paguen menos impuestos, con generosas exenciones fiscales, que se encontraban en una situación de precariedad (31 fondos americanos están a punto de quebrar y la mayoría han sufrido una caída espectacular en la Bolsa) y que presionaron desde todos lados para debilitar las pensiones públicas y por lo tanto recuperar mercado y calmar a los "mercados". La banca tampoco pone objeciones, no se olviden que se van a quedar con las cajas de ahorros, que están en el proceso de prejubilar a 17.000 empleados de 55 años, con el dinero de todos nosotros, por lo que las recibirán sin esa pesada carga.
Y no se cansan. El otro día, el Secretario de Estado del Tesoro de EEUU nos decía que "no creo que España pueda decir que basta con lo que ha hecho; Zapatero aun tiene trecho para lograr credibilidad". También el Secretario de Estado de Hacienda español nos lanzó el globo sonda de que tenemos que ir pensando en el copago sanitario. Y suma y sigue. Pero claro, se olvidan de poner en marcha una profunda reforma fiscal, incluso para mantener las pensiones, incentivar la lucha contra el fraude, eliminar los paraísos fiscales, grabar las operaciones financieras, controlar a los especuladores… Pero es que entonces ya no habría "paz social".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
El proceso es siempre el mismo. No ha sido distinto en esta ocasión. Desde hace meses se viene trasladando a la sociedad, de manera calculada y con estrategias mediáticas de manipulación, para introducir el mensaje, sibilinamente, la necesidad de dar una vuelta más a la tuerca del recorte de los derechos de la ciudadanía. Así, en los últimos meses hemos podido escuchar y leer como el inefable Fernández Ordóñez, ya en septiembre pasado, llamaba a no caer en la "fatiga reformista" y a que "cuanto antes" se realizaran cambios en las pensiones. Poco tiempo después nos llega el mensaje de que Bruselas presiona para retrasar la edad de jubilación; la OCDE pide reformas más radicales; Zapatero entra al trapo y apuesta por reformas profundas en las pensiones "por razones demográficas", con el argumento de que "la ausencia de reformas es peor que la falta de consenso" y, en los últimos días, Angela Merkel afirma que la futura ayuda alemana se supedita al retraso de la jubilación...
Y no pararon hasta que lo consiguieron: de golpe nos encontramos con que no nos podremos jubilar, de manera genérica, antes de los 67 años; que sólo lo podremos hacer a los 65 si ya hubiésemos cotizado durante 38 años y medio y que el recorte en bruto de las pensiones puede situarse entre un 10% y un 20% al final del proceso. Se trata de una nueva andanada al Estado de bienestar, profundamente injusta, mientras la Seguridad Social anuncia un superávit de 4.000 millones en 2010 y de 4.579 en 2011 y que el Fondo de Reserva terminó el año con 64.300 millones. Vicenç Navarro ha insistido una y otra vez en que los sectores populares no deberían trabajar más para pagar las pensiones de sectores que les sobrevivirán, dado que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos cuarenta años se ha concentrado en las rentas altas. Para este científico, los años de vida saludable, sin enfermedades, después de los 65 años depende de la clase social. "Es injusto, afirma, que Emilio Botín, el banquero más rico de la UE, pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banca. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive diez años menos que un burgués), tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones al burgués (que le sobrevivirá diez años)". Para el demógrafo y economista Juan Antonio Fernández Cordón, que sostiene la misma tesis que el profesor V. Navarro, el retraso de las pensiones es una medida injusta y engañosa porque afectará sobre todo a los trabajadores más pobres y porque sus efectos sobre las cuentas serán muy limitados y no mejorará el desempleo. También otro demógrafo, Julio Pérez Díaz, afirma que el déficit es potencial, como lo fue en 1995 y desmonta la tesis de que es la demografía la que hace peligrar las pensiones: "Los españoles vivirán más, pero llegarán más inmigrantes y más mujeres trabajarán". ¿Y qué sucederá con esta generación perdida que no encuentra trabajo y que difícilmente podrá alcanzar los 38,5 años de cotización que se exigirán para poder jubilarse a los 65 años?
Y en medio de todo esto, el papelón de CCOO y UGT, devenidos en cómplices necesarios, que no vienen a demostrarnos más que su poca fuerza y su incapacidad de liderazgo sobre los trabajadores de este país. Su posición en este asunto nos certifica una vez más su debilitamiento, no sólo por la huelga fallida, sino fundamentalmente por su entreguismo a los gobiernos de turno y por sus prácticas palaciegas que les han llevado a potenciar una casta funcionarial, enquistándose en la Administración pública y abriendo enormes diferencias entre los trabajadores. Y ahora lo han rematado. Se han prestado al juego y les va a salir el tiro por la culata.
Menos mal que en agosto del año pasado CCOO planteaba que era "bastante infantil" el intento del Gobierno de convencerles de la bondad del recorte de las pensiones y de que Cándido Méndez , por las mismas fechas, hacía una llamada a otra huelga general por la "amenaza contra nuestras pensiones" y decía que creía más prioritario solucionar el tema energético. También el 18 de diciembre, los secretarios generales de estos dos sindicatos alertaban de que el conflicto social se recrudecería si el Gobierno continuaba adelante con sus planes de elevar la edad de jubilación y, el 18 de febrero pasado, insistían en que esa propuesta era una "línea roja" y que Zapatero "tiene en sus manos evitar una huelga general", ya que se trata de una medida injusta e innecesaria. "Una ofrenda a los mercados". Igualmente, la Confederación Europea de Sindicatos afirmó que "querer retrasar la edad de jubilación en el contexto actual es transferir el problema de la financiación de las pensiones al del desempleo".
Un dirigente como Toxo, de CCOO, que recoge en sus estatutos que ideológicamente "se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la consecución de una sociedad socialista democrática" firma después, junto con Méndez, un artículo en el que afirman que "nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y la cohesión social" y vaya que lo han conseguido. No sabemos si por la desgraciada debilidad de estos dos sindicatos mayoritarios o por la ampliación de los plazos de supervivencia de las nucleares, como se filtró en un momento de la negociación, o por los 27 millones de euros que les concedió el Gobierno durante la componenda para planes de formación, como adelantó Expansión, lo cierto es que se plegaron y nos vendieron un "gran pacto social" (extraordinario, pues consiguió rebajar la propuesta del Gobierno para jubilarse a los 65 años con 38,5 de cotización en vez de los 39 que defendía el ejecutivo) que requirió alfombra roja y la sala de la firma de los Pactos de la Moncloa. Y hasta recibieron a la canciller alemana, apoyando a Zapatero, cuando vino días atrás a España a pasar revista a sus súbditos del sur. Un alivio, una legitimación para el PSOE, el PP y la patronal, con la complicidad de los sindicatos, a costa de los trabajadores, que califican de "paz social" sin ningún tipo de pudor.
Quienes andan que no caben de gozo, son los promotores de planes de pensiones privados, diseñados para que las élites paguen menos impuestos, con generosas exenciones fiscales, que se encontraban en una situación de precariedad (31 fondos americanos están a punto de quebrar y la mayoría han sufrido una caída espectacular en la Bolsa) y que presionaron desde todos lados para debilitar las pensiones públicas y por lo tanto recuperar mercado y calmar a los "mercados". La banca tampoco pone objeciones, no se olviden que se van a quedar con las cajas de ahorros, que están en el proceso de prejubilar a 17.000 empleados de 55 años, con el dinero de todos nosotros, por lo que las recibirán sin esa pesada carga.
Y no se cansan. El otro día, el Secretario de Estado del Tesoro de EEUU nos decía que "no creo que España pueda decir que basta con lo que ha hecho; Zapatero aun tiene trecho para lograr credibilidad". También el Secretario de Estado de Hacienda español nos lanzó el globo sonda de que tenemos que ir pensando en el copago sanitario. Y suma y sigue. Pero claro, se olvidan de poner en marcha una profunda reforma fiscal, incluso para mantener las pensiones, incentivar la lucha contra el fraude, eliminar los paraísos fiscales, grabar las operaciones financieras, controlar a los especuladores… Pero es que entonces ya no habría "paz social".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
