Antonio Morales
Desde hace tiempo, aunque se ha producido una intensificación del mensaje
desde la llegada de la crisis, los medios de comunicación más ultramontanos y
el neoliberalismo más cerril andan metidos en una campaña intensa, muy intensa,
en contra de la política, los políticos y lo público en general.
Desgraciadamente, no son pocas las veces que otras voces más moderadas y
democráticas (incluyo aquí a algunos humoristas resabidos y a
izquierdistas resabiados, que tienen más culpa si cabe) le andan a la zaga calcando
sus afirmaciones de que sobran muchos políticos, funcionarios e instituciones.
Para todos ellos, en la política están los menos inteligentes, los más
chorizos, los más ineptos y suma y sigue. Los funcionarios son, por otra parte,
los trabajadores más absentistas, sus sueldos
“se tragan” los ingresos de la administración y son todos unos gandules
acomodados. Dice el sabio refranero español que en todas partes cuecen habas:
lo perverso es la generalización.
Para esta gente sobra una buena parte de la administración pública,
auténtica rémora del crecimiento económico, que solo debe existir para, como
decía hace poco un escribiente ultraliberal, “hacer bien lo que el sector privado no puede hacer, y nada más que
eso”. Y para rescatar, claro está, con el dinero de todos a los
lobbys que quiebren y a los bancos que nos estafaron hasta la extenuación y
para hacer caer el déficit que produce todo esto sobre nuestras cabezas,
nuestra seguridad, nuestro empleo, nuestras garantías sociales y nuestros derechos
y libertades.
Y el mensaje va calando. No se diseñan las campañas, alterando cifras, datos
y porcentajes, de manera gratuita. Sin darnos cuenta apenas nos van inoculando
el virus del desafecto y el rechazo a la política, a las instituciones, a los
funcionarios nos van inoculando el virus del desafecto y el rechazo a las
instituciones, a los funcionarios y a todo lo que huela a la gestión
gubernativa estatal. Por eso no nos debe extrañar que, tras el paro y los
problemas económicos, la tercera inquietud de la ciudadanía, según el último
Barómetro del CIS sea la política y los políticos.
Se suma este juicio a la encuesta encargada por El Mundo a Sigma Dos, donde
se constata que los españoles consideran que Rajoy no está haciendo lo
suficiente para adelgazar la administración pública, en sintonía con la línea
editorial del periódico que pedía hace poco una disminución en todos sus niveles “ya que se come tres de cada
cuatro euros”. También para Metroscopia, en una encuesta encargada por El
País, el 62% de los ciudadanos cuestiona las instituciones y ocho de cada diez
a la clase política.
Ante todo este caudal de intoxicaciones y de maniobras encaminadas a
reducir lo público a la mínima expresión, un gran número de los que piensan lo
contrario se achantan. Otros no cuentan con los espacios adecuados para
expresarse. La ciudadanía se muestra resignada o marginada, cuando no
indignada. Muchos intelectuales miran para otro lado…Bueno, afortunadamente no
todos. J.M. Vallés y X. Ballart acaban de editar un libro valiente y arriesgado
que cuestiona los tópicos y las estrategias encaminadas a poner chinitas a la
democracia y sus instituciones.
En “Política para apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos”.
(Ariel), participan además expertos en Ciencia Política de la talla de Joan
Subirats, E. Anduiza, J. Botella, Q. Brugué, A. Casademunt, A. M. Fernández, F.
Morata y S. Martí y se mojan en la profundización de las causas del desafecto,
en aportar alternativas y en hacer una llamada a la participación de los
ciudadanos al compromiso con la política y la democracia.
En la presentación de la publicación, J.M. Vallés, nos advierte que se
está situando a la democracia en una posición de fragilidad y que se nos
vende el fracaso económico como un “exceso
de política”, lo que lleva a una des-democratización que entrega
atribuciones políticas a autoridades no electas, agencias, bancos centrales,
etc. Se trata de facilitar, además, una menor regulación pública de la
actividad empresarial, la reducción de las cargas impositivas redistributivas y
recortes de derechos y prestaciones sociales.
El libro es profundamente enriquecedor y, aún reconociendo desequilibrios,
déficits de gestión, desorganizaciones, abusos sindicales que alimentan el
desprestigio social, etc, no ahorra detalles para desmontar el entramado
antidemocrático, como cuando nos dice que en España son algo menos de
doscientas mil personas las que ocupan cargos electos o dependientes directos
de los mismos; que las administraciones públicas tienen una dimensión inferior
a las de la mayoría de los países avanzados; que tanto en presupuestos como en
personas gestionan recursos equivalentes al 38% del PIB, mientras que la media
para la EU-15
es del 46%, lo que hace que España esté en el penúltimo lugar de este ranking,
la misma posición que alcanza en la clasificación de gasto público per cápita;
que el personal al servicio del sector público en las administraciones ocupa a
algo más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles
territoriales, lo que equivale a menos de un 15% de la población activa,
porcentaje claramente inferior al de la media europea…
Esta obra no pretende ser, desde luego, un panegírico. Y por eso
dedica buena parte de sus análisis a dar cuenta de los enormes lastres que
arrastra un sistema al que la partitocracia imperante, instalada cómodamente en
la alternancia de poder, no sabe o no quiere dar respuesta. Así nos refiere en
profundidad cómo la política se ha ido apartando de lo que interesa realmente
al ciudadano con promesas generosas, titulares llamativos, declaraciones de
intenciones vacuas; de cómo se ha intensificado la lejanía entre los ciudadanos
y la política, por lo que sería necesaria la búsqueda de la mejora de la
representatividad; del enorme divorcio entre la sociedad civil y los
partidos, convertidos en organizaciones profesionales, sumidos en una espiral
de concentración de poder.
Nos habla de la percepción de corrupción generalizada (para la ciudadanía la
honradez se está convirtiendo en una excepción y no en la regla) pero que no es
mayor que la que se da en otros ámbitos y que es magnificada por su utilización
como arma política y por unos medios de comunicación que prefieren el
conflicto y la estridencia frente a las noticias positivas (“la comunicación parcial o deficiente pervierte la visión de la
política”).
Nos habla del fraude continuo de las ideas y las promesas de los partidos,
homogeneizados por el planteamiento neoliberal y por sus prácticas al servicio
de los lobbies o grupos de interés, y que solo se diferencian en algunas
“políticas simbólicas”. Y, por último, nos advierte acerca de la apropiación
indebida de la política por parte de los políticos, en detrimento del resto de
la sociedad y de la sensación de inutilidad que transmite la constatación de
que el poder económico de las grandes empresas transnacionales supera al de los
estados.
Pero no se queda en ello. Da alternativas. El individualismo más radical y
el poder económico no pueden arrinconar a la política, que no merece
convertirse en una innecesaria molestia sino en fabricante de sueños
colectivos. Afirmar, dice, que la iniciativa ciudadana no sirve para nada
es como reconocer que los avances de la humanidad han sido fruto del azar, por
lo que es preciso construir lazos de confianza entre políticos y ciudadanía.
“El desarrollo sostenible, la
seguridad colectiva, la protección real de los derechos individuales y, en
último término, garantías efectivas para la libertad, la igualdad y la dignidad
de todos los habitantes del planeta” solo es posible desde una moral
colectiva que comprometa al individuo con su comunidad ya que “cuando se denuncia el abandono del gobierno en manos de las élites
y se reclama una intervención directa de los ciudadanos en la dirección de los
asuntos públicos, un sistema democrático infectado por actitudes de desinterés,
desencanto o repulsa ni se justifica o mantiene…Si los ciudadanos no sienten
aprecio por el sistema de gobierno del que son responsables, no está nada claro
que puedan conservarlo”. ¿Cabe alguna duda de que es de suma urgencia
reclamar más política, más ciudadanía y más democracia?
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes