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| Comparativas del endeudamiento permitido y el de Agüimes |
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, fija como tope de endeudamiento de largo plazo, el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
El porcentaje de endeudamiento del Ayuntamiento de Agüimes es del 40,35%, lo que significa un 64% menos de lo permitido.
El dinero obtenido por operaciones de crédito se ha destinado íntegramente a financiar infraestructuras e instalaciones deportivas y culturales del municipio (pabellones deportivos, Centro de Hidroterapia del Cruce de Arinaga, piscinas municipales de Temisas y Agüimes, parques infantiles, locales sociales, Centro Cultural del Cruce de Arinaga, mejoras de alumbrado, obras en colegios de infantil y primaria), entre otras.
Entre los 20 municipios de Canarias de 20.000 a 50.000 habitantes, Agüimes ocupa el puesto número 14 en cuanto a deuda por residente. El primero de los municipios es Adeje con una deuda de más de 36 millones de euros, lo que supera en cuatro veces la de Agüimes, con casi 9 millones.
La deuda media por habitante de los dos tercios de los ayuntamientos señalados es de 589 €/habitantes, frente a los 300 €/habitantes de nuestro municipio. Por tanto, significa casi el doble de la de Agüimes.
La deuda media de los municipios canarios de 20.000 a 50.000 habitantes es de 446€/habitantes, frente a los 300 €/habitantes de Agüimes, que la sitúa en un 33% menor.
No es casualidad que Agüimes esté muy por encima de la media de Canarias en infraestructuras y equipamientos sociales, deportivos, culturales y educativos, o que sus datos sobre fracaso escolar o absentismo sean de los mejores de esta tierra.
Una administración rigurosa de los recursos públicos ha permitido que el Ayuntamiento de Agüimes no se haya visto obligado a recurrir al Fondo para el Pago a Proveedores (una deuda encubierta de muchas administraciones que las ahoga financieramente un poco más); que no dilate el pago de las facturas; que pueda seguir manteniendo sus servicios públicos de calidad y potenciando los servicios sociales para atender a los que más necesitan, en estos momentos, del apoyo de la administración.