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El grupo Roque Aguayro registró el pasado 05 de diciembre, entre otras, una moción en defensa de los intereses de la ciudadanía en materia hipotecaria para su aprobación en el próximo pleno del Ayuntamiento de Agüimes, y cuyo texto dice así:
Con el estallido de la crisis financiera y el aumento
del desempleo, centenares de miles de familias han llegado a una
situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
En concreto, muchas unidades familiares y personas que adquirieron su
vivienda en la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del
crédito bancario exuberante ahora, porque están en situación de
desempleo o ha quebrado su negocio, no pueden hacer frente al pago de su
hipoteca.
Según los datos del Consejo General del Poder
Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado español se produjeron más
de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones apuntan que entre
2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
En Canarias, las familias perjudicadas son un
total de 8.455 (4.970 en Las Palmas y 3.548 en Santa Cruz de Tenerife),
afectando a un número importante de familias en Gran Canaria. Según las
cifras absolutas que maneja el Consejo General del Poder Judicial, en el
segundo trimestre de 2012, la provincia de Las Palmas fue la quinta de
España en número de lanzamientos ordenados por un juez.
A tal deterioro ha llegado la situación, que
son los propios jueces, además de los afectados, quienes reclaman
cambios urgentes normativos para evitar continuar con una situación que
en algunos casos llega a ser dramática.
El Decreto aprobado recientemente por el
Gobierno del Estado para afrontar el problema de los desahucios, ha sido
calificado por los afectados, jueces y otras organizaciones de "insuficiente", "parche”, “cortina de humo”, etc., frustrándose, una vez
más, las expectativas depositadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo Roque Aguayro eleva a la consideración del Pleno las siguientes propuestas:
Primera. Solicitar al Gobierno español que,
tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por las
Hipotecas y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de
la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de
manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la
hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda
(principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y
como sucede en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos de
Norteamérica.
Segunda. Que se estudien, por parte del
Cabildo de Gran Canaria, medidas que faciliten la paralización de los
desahucios que se produzcan en la isla, que afecten a familias en estado
de necesidad, creando una comisión especial mixta en la que participen
representantes de los grupos políticos, los alcaldes y/o concejales de
los municipios grancanarios, así como las asociaciones de afectados y
otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El
objetivo de dicha comisión sería buscar alternativas que eviten los
desahucios por motivos económicos y, en el caso de que no sea posible,
garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
Tercera. Que el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de la isla estudien la posibilidad de cancelar las cuentas
corrientes en aquellas entidades de las que se tenga constancia que
ejecutan desahucios que afectan a personas que, por motivos
involuntarios derivados de la crisis económica, no pueden pagar sus
hipotecas y, en especial, de aquellas entidades bancarias que han
recibido ayudas públicas.
Cuarta. Que el Cabildo de Gran Canaria estudie
la puesta en marcha de un servicio de atención jurídico y psicológico
que sirva de apoyo asistencial básico al ciudadano, que además sirva
para acceder a la información fehaciente del perfil de las personas
afectadas y de las entidades bancarias que ejecutan estos desahucios,
propuesta parecida a la que ha hecho el Ayuntamiento de Agüimes con el
servicio de personas voluntarias para asesorar a las personas o familias
afectadas por esta problemática.
Quinta. Dar traslado de estos acuerdos a
Presidencia del Gobierno de España, a los ministerios de Economía y de
Justicia, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, del
Senado y del Parlamento de Canarias, así como a la Fecam y a la Femp.