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| El juez, Emilio Moya, frente a los cuatro acusados en la sesión de ayer |
El juicio del denominado caso kárate, considerado uno de
los mayores procesos por pederastia juzgado en España, celebró ayer su última sesión con la exposición de los informes finales de los letrados de las defensas de tres de los cuatros encausados, María José González, Ivonne González y Juan Luis Benítez.
A su término, y antes de quedar visto para sentencia, los
cuatro acusados hicieron uso de la palabra para defender su inocencia. "Nunca he abusado de nadie, ni lo hubiera permitido. Rechazo los abusos sexuales y cualquier ataque a la libertad sexual de las personas", ha afirmado Fernando Torres Baena,
quien ha incidido en que lo que "más le había dolido" del proceso
judicial ha sido la alusión a su hijo menor y su posible implicación con
los hechos denunciados.
"Ojalá todos los padres hubiéramos llevado a nuestros hijos
a los psicólogos y dijeran que no tiene nada", ha aseverado en
referencia de los dos exámenes psicológicos a los que ha sido sometido su hijo menor y que no han apreciado signo alguno o daños por efecto de supuestos abusos sexuales.
Ambos informes se contraponen con el informe pericial del criminólogo Vicente Garrido. Aunque no analizó al menor, en su declaración recomendó ponerlo en manos de un especialista.
Torres Baena insistió en la ausencia de pruebas biológicas en
las actuaciones, a pesar del exhaustivo registro que se hizo en "la
casa de los horrores", ubicada en el chalet de Playa Vargas, en Agüimes.
Compungido, negó la personalidad prepotente que le atribuye el informe psiquiátrico: "La gran equivocación de mi vida quizá ha sido poner el tema profesional antes. Un error enorme", ha dicho para explicar que en su profesión ha querido "ser el mejor",
lo que, junto a la "presión" a la que dijo haber estado expuesto en el
momento en que se realizó el informe, se ha podido traducir en
prepotencia, consideró.
Concluyó valorando su estancia en prisión durante estos dos años. "Me ha salvado en prisión ser karateca, si no habría sido imposible soportarla por lo que se ha dicho de mí".
A continuación, las procesadas María José González e Ivonne González negaron ser "abusadoras sexuales"
y con la conformidad de Juan Luis Benítez a lo expuesto por su abogada, terminó la última sesión del juicio del caso kárate.
Los alegatos de los tres abogados se han centrado en analizar pormenorizadamente cada uno de los testimonios prestados
que cita a sus respectivos clientes, señalando sus contradicciones,
inexactitudes e imprecisiones sobre la edad, lugares de supuestos
encuentros sexuales y otros detalles significativos en las distintas
fases del procedimiento (declaración en comisaría, en el juzgado de
instrucción y en el juicio).
"No se puede condenar por testigos que se contradicen en datos sustanciales
a una persona que se está jugando su vida, esto es muy serio",
manifestó la abogada de la procesada María José González, Pino López.
En la exposición de su informe final, López ha pedido al
tribunal de la Audiencia Provincial de Las Palmas la invalidación del
informe psicológico del criminólogo Vicente Garrido, tras elevar una
consulta al Consejo Oficial de Psicólogos de España y constatar, al
recibir este miércoles su respuesta, que no está colegiado como
psicólogo y, en consecuencia, no estaría habilitado como perito en un proceso en el que ha presentado, por encargo de la acusación particular, una prueba pericial de validación de testimonios.
López ha asegurado que le llamó la atención que no prometiera ser imparcial en su informe y que admitiera ante el tribunal que solo hizo dos de las 20 entrevistas cognitivas de las presuntas víctimas.
Por su parte, el abogado de Ivonne González, Sergio Armario, ha aseverado que la instrucción estuvo "acotada" a determinadas personas y se cerró "sin investigar absolutamente nada".
También ha puesto de relieve el papel del abogado de la Asociación de Víctimas del caso kárate, José María Palomino,
quien, siempre según su exposición ante el tribunal, estuvo presente en
la toma de declaraciones de los testigos durante la instrucción del
procedimiento, mientras que la defensa de los acusados no, tras
declararse el secreto de las actuaciones.
Por ello, acusó a Palomino de ofrecer "testigos preparados"
que, luego, en el juicio han resultado ser "persistentes en el tiempo",
pero "ausentes de detalles", ha precisado Armario.
"El señor Palomino tiene entre sus clientes a los dos bandos: A mayores que han reconocido haber tenido relaciones sexuales con menores
y a presuntas víctimas". En este punto, se preguntó por qué se
considera víctimas a los testigos identificados con los números 71, 73,
42, 45, 34, 48, 50, 58, 59 y 60 y no a su defendida Ivonne González,
enumeró.
En concreto, la testigo número 71 reconoció haber mantenido relaciones sexuales con un menor de 12 años cuando contaba con 30 años de edad, añadió el letrado.
Por su parte, la abogada María Rosa Díaz-Bertrana, que defiende al cuarto y último imputado, Juan Luis Benítez, subrayó "la falta de rigor"
y las incrogruencias en espacio y tiempo de los hechos relatados por
parte de las tres presuntas víctimas que "nos han traído hasta esta
sala": las números 14, 30 y 20.
Explicó la forma en que su cliente fue detenido, "al estilo Torrente",
el 3 de febrero a las 3 de la mañana en casa de sus padres. "Nos hemos
enterado de lo que se nos acusa en la sala", recalcó Díaz Bertrana.
Los letrados de la defensa se han ratificado en solicitar la libre absolución de sus defendidos.
