Antonio Morales*
En un corto espacio de tiempo el
Gobierno del PP ha puesto sobre la mesa dos leyes sobre seguridad ciudadana que
inciden peligrosamente en la seguridad y la libertad. Se confirma así la deriva
preocupante de un modelo regresivo que profundiza en la tentación totalitaria y
privatizadora atacando directamente a las libertades públicas, la seguridad y
los derechos humanos y sociales más básicos. Se garantiza así la represión,
como se reconoce en los textos elaborados, de una potencial movilización de los
hombres y mujeres de este país ante el hartazgo social al que nos ha llevado
una política que genera cada vez más paro, pobreza y recortes de derechos,
frente a la reafirmación económica y de poder de las élites.
Ya ni siquiera recurren al
argumento de siempre de que se actúa movido por la economía y porque “es lo que
hay que hacer” para cumplir con los mandatos de la troika. Se trata de una
propuesta ideológica neoliberal que pretende acallar a las masas desde la represión
y la privatización. Como apunta el catedrático de Derecho de Georgetown, Norman
Birnbaum, “el nuevo capitalismo da prioridad al mercado y transfiere al sector
privado funciones de Gobierno”.
Como primera medida, el Gobierno
de Mariano Rajoy se saca de la manga una Ley de Seguridad Ciudadana que nos
retrotrae a lo peores momentos del control del orden público del franquismo. Se
pone en marcha una “ley mordaza” en la que se limitan y se sancionan con
cuantiosas multas las movilizaciones sociales; se coartan las concentraciones
frente al Congreso, los apoyos a los desahuciados, las manifestaciones espontáneas…;
se castigan los confusos insultos a España y a las comunidades; se disminuyen
las competencias de sanciones y control del Poder Judicial para ponerlas en
manos del ministerio del Interior; se impide grabar las actuaciones de los
policías y se garantiza la certeza de la palabra de un servidor del orden público
frente al derecho a la prueba del ciudadano. Se restringen las libertades y se
desprotege a la ciudadanía con total impunidad. Se abrazan las tesis más retrógradas
de anteponer la injusticia al desorden…Y se termina comprando, para disolver
manifestaciones, un cañón de agua de medio millón de euros que no se usa desde
hace veinte años y que puede producir mucho daño, dependiendo de las distancias
a la que se emplee. Lo describe perfectamente el profesor de Antropología
Social de la Universidad de Córdoba, José María Manjavacas: “De todo lo que
hemos vivido en la democracia, salvando la entrada de Tejero en el Congreso en
1981 y ciertos movimientos militares similares, este es el golpe, sin tanques, más directo contra la precaria democracia que vivimos. Esta ley no es para la
seguridad, es para la contención de una ciudadanía indignada. Para conseguir
seguridad ciudadana lo que hay que hacer es garantizar los servicios: la
educación, la sanidad pública. Este proyecto de ley es solo para garantizar la
seguridad de unas élites que están preocupadas porque un sector ha dicho basta
y se está organizando”.
Pero esto les parece poco. Pronto
suman a la represión la privatización de la seguridad pública. La sustitución
de los servicios y los servidores públicos por la iniciativa privada pura y
dura. Y se sacan de la manga una Ley para la Seguridad Privada por la que los
vigilantes de las empresas de seguridad podrán, frente a las competencias
actuales de vigilar las instalaciones y escoltar a personas, patrullar por las
calles y cachear, identificar y detener en la vía pública a los ciudadanos. Se
trata de sustituir a las fuerzas de orden público, en las que se han invertido
muchos millones de euros para su formación democrática y que pasan por el
filtro de dos años de formación, por un colectivo sin la preparación adecuada.
Como acaba de afirmar el propio ministro, el objetivo es que las empresas
privadas tengan más negocio. Cada año el Estado pierde 2.500 agentes que serán
sustituidos poco a poco por vigilantes privados: de hecho, el Gobierno ha
decidido poner en marcha un plan para sustituir a la Policía y a la Guardia
Civil en la vigilancia de los perímetros exteriores de las cárceles y en el
control de sus cámaras de seguridad, lo que costará el doble a las arcas públicas.
Se permite así que muchas empresas que prestaban servicios de escoltas en el País
Vasco mantengan su volumen de negocio. Se favorece que tengan más seguridad
aquellos que se la puedan pagar y que el Estado haga dejación de su obligación
de garantizar la universalidad de la seguridad ciudadana. Por cierto, al inicio
del “caso Bárcenas”, El Mundo nos informaba acerca de los sobresueldos en negro
durante dos años a parte de la cúpula del PP y apuntaba que esas cantidades de
dinero procederían por un lado “del pago de comisiones por parte de
constructoras tras recibir contratos públicos a cambio de adjudicarles obras en
numerosas sedes que el PP tiene a lo largo y ancho de la geografía nacional”, y
por otro a través “de las compañías de seguridad que trabajaban para el PP o
para administraciones públicas que controlaba la formación de centro derecha”.
Puede suceder que a partir de
ahora a usted y a mi nos cachee o detenga un agente de Levantina de Seguridad,
una empresa propiedad de José Luis Roberto, fundador del partido
ultraderechista España 2000 y ex secretario general de ANELA, la patronal de
los prostíbulos. Esta empresa, que emplea solo en la matriz a más de 1.000
trabajadores, ha sido denunciada, según El País, por obligar a trabajadores a
afiliarse a organizaciones fascistas y se ha visto envuelta en procesos por
maltrato a menores en la comunidad de Madrid. O que lo hagan los de PROSEGUR,
que han sido denunciados por agresiones en el metro de Madrid y que pertenecen
a una empresa cuyos orígenes se remontan a personajes relacionados con la
dictadura argentina. O los de ESABE, que ha defraudado ingentes cantidades de
dinero a la Seguridad Social y que ha sido acusada de pagar cuantiosas
comisiones a cambio de contratos públicos. O los de EULEN donde los Mayor Oreja
y otras gentes del PP han tenido importante presencia. O los de Miguel Ángel
Ramírez, el presidente de la U.D. Las Palmas, condenado por un delito
medioambiental a tres años de prisión e indultado por el PP, después de que
aparecieran su nombre y sus empresas en la lista de financiadores del partido
conservador. Hoy disfruta además de adjudicaciones de Aeropuertos Nacionales y
del Metro de Madrid…
He citado en repetidas ocasiones
a Zygmunt Bauman. No me canso de hacerlo. Afirma que en la sociedad, la
conquista de libertades nos lleva a una gran cantidad de riesgos e
incertidumbres, y a desear la seguridad. “Nuestros abuelos lucharon con valentía
por la libertad. Nosotros parecemos cada vez más preocupados por nuestra
seguridad personal… todo indica que estamos dispuestos a entregar parte de la
libertad que tanto costó a cambio de mayor seguridad”. Y a veces no medimos el
precio. John Kampfner ("Libertad en venta ¿Porqué vendemos democracia a cambio
de seguridad?" Ariel) nos detalla las continuas limitaciones a la libertad, con
la excusa de la seguridad y las consecuencias en forma de una progresiva
degradación y pérdida de la libertad y la democracia. Terry Davis, secretario
general del Consejo de Europa sostiene que es posible conciliar seguridad con
los derechos civiles y la libertad si se descartan las medidas arbitrarias por
parte de los estados. Pero no parece ser este el caso.
Estamos ante una manipulación por parte
del PP de la necesidad de seguridad como coartada para despojarnos de nuestras
garantías constitucionales de derechos y libertades (artículo 17 de nuestra
Constitución: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”…).
Para retrotraernos a épocas pasadas. Para seguir imponiéndonos un modelo
neoliberal de minimización del Estado. Para someter al espacio público y a sus
moradores. En nuestras manos está el aceptarlo sumisamente o no. Ya lo dijo
Benjamín Franklin: “El que está dispuesto a sacrificar libertad a cambio de
seguridad no tiene ni merece ninguna de las dos”.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
