Carlos Gallo*
Desde el inicio de la crisis mundial en el año 2008, han comenzado los inconvenientes para la sociedad española, entre los que podemos mencionar la falta de trabajo, la posibilidad o no de recibir la ayuda de 426 euros o la posibilidad de prejubilarte, entre tantas restricciones producto de los reajustes económicos del Gobierno de España.
Muchas personas sin trabajo y como consecuencia de la presión de su situación económica personal y de la publicidad de los cambios inminentes en las condiciones para acceder a la jubilación, al cumplir con las condiciones mínimas para solicitar la prejubilación, se han lanzado directamente a solicitarla, sin calcular demasiado en las connotaciones de la misma.
El Estado Español por intermedio de su Gobierno supo aprovechar muy bien esta situación para lograr un beneficio desmedido (en mi humilde entender) que consiste en penalizar y castigar en forma indefinida al ciudadano que se ve obligado a agarrarse al "palo ardiendo" de la prejubilación.
Para argumentar lo que estoy escribiendo utilizaré mi caso personal:
a) Estoy sin trabajo desde junio de 2012.
b) Cobro la ayuda de 426 euros desde junio de 2012.
c) En junio de 2013, al cumplir los 61 años, y con 37 años de trabajo entre Argentina (11) y España (26), obtengo el derecho a prejubilarme.
d) Penalización del 16% por los 4 años de aportes faltantes en España para llegar a los 30 años.
e) Penalización del 32%, a razón del 2% por cada uno de los 16 trimestres faltantes para cumplir los 65 años de edad.
f) Debo esperar hasta octubre de 2017 para jubilarme sin penalizaciones.
Utilizando la aplicación oficial facilitada por la Seguridad Social para realizar el autocálculo de la pensión de jubilación, resultan pagas de 1.790 euros mensuales, pero al mes de junio de 2013, la penalización era del 48% (16+32), resultando pagas de 931 euros mensuales hasta el final de la vida, sin ningún derecho a modificaciones. En la actualidad, la penalización se redujo al 40% (12+28), resultando pagas de 1.074 euros mensuales y de esperar cobrando la ayuda de 426 euros mensuales hasta octubre de 2017, obtendré una paga de 1.510 euros mensuales.
Matemáticas puras:
1.- El Estado Español me pagará 1.510 euros mensuales desde octubre de 2017 hasta el fin de mi vida, que por edad promedio es a los 80 años, o sea, 15 años o 180 mensualidades, además de las 2 pagas anuales. Por lo tanto, un total de 210 pagas, haciendo un total de 317.100 euros.
2.- Entre los 61 y los 65 años de edad paga la ayuda de 426 euros mensuales, pero cotiza por 753 euros mensuales por cada una de las 56 pagas, sumando un total de 42.168 euros.
3.- De no haber tenido algunos elementos para vender y poder subsistir de esa manera, me hubiera visto obligado a prejubilarme en junio de 2013, lo cual significaba un total de 266 pagas (210+56) hasta los 80 años, a razón de 931 euros mensuales, haciendo un total de 247.646 euros.
Conclusión:
El Estado Español obtiene un beneficio de 111.622 euros (317.100+42.168-247.646), lo cual es ahorrarse el 45% e 19 años por cada persona prejubilada.
¿Es correcto definir esta situación como producto de una estafa, usura, robo, extorsión, lucrar con el necesitado, etc.?
¿Es correcta la actuación del Estado Español de aprovecharse de la situación económica de las personas y con la excusa de los recortes?
Evidentemente puedo estar equivocado en el análisis y, en ese caso, bienvenida la corrección.
*Carlos Gallo es colaborador de "La tertulia del cafetín" de Radio Agüimes Onda Libre. (morongps@hotmail.com)
