Antonio Morales*
La energía y el agua son
elementos esenciales para la vida, para la soberanía y para la existencia de un
país y por eso no deberían ser objeto de especulación. Sin embargo, el control
de los combustibles fósiles, y por tanto de la energía, se ha ido mudando en
las últimas décadas a un ritmo vertiginoso de la propiedad pública a la
privada. El dominio de las materias primas, en un planeta que huye hacia
adelante agotando los recursos, se ha convertido en el objetivo principal de un
primer mundo controlado por el neoliberalismo económico. Alrededor de estas políticas
privatizadoras se ha conformado un poder superior al de los estados y se han
forzado y se están forzando confrontaciones geoestratégicas.
El agua no se ha librado de
estas prácticas voraces de acaparamiento (se calcula que un 75% estará en las
próximas décadas en manos privadas) y de las consecuencias de la degradación
del medio ambiente. A pesar de ser un elemento esencial para la vida (la salud,
el medio natural, el clima, los alimentos e incluso buena parte de la energía
depende de ella), en estos momentos casi 700 millones de personas sobreviven
sin agua potable. Según la ONU, un tercio de la humanidad vivirá en 2025 en
zonas con escasez de agua. Por esa fecha la reserva de agua potable para
consumo humano será de apenas de un 3% del total existente y, al ritmo que la
consumimos en estos momentos, en menos de dos décadas necesitaremos un 40% más
de agua para subsistir. La mayor parte de los analistas coinciden en afirmar
que en los próximos años la falta de agua potable será una de las causas
fundamentales de enfrentamientos bélicos en los distintos continentes, que se
sumará a las hambrunas, epidemias y catástrofes naturales. La Asamblea General
de la ONU reconoció explícitamente en 2010, a través de la resolución 64/292, “el
derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la
realización de todos los derechos humanos”.
El agua es, por tanto un
servicio público de primer orden que cada día que pasa despierta la codicia
privatizadora y monopolizadora. En esta espiral mundial de privatizaciones al
abrigo del neoliberalismo, Europa no se podía quedar al margen. A finales del año
pasado la Comisión Europea puso en marcha una estrategia encaminada a exigir a
los países rescatados o en situaciones comprometidas la liberalización de
servicios esenciales como la sanidad, la educación, la energía o el agua.
Obliga a los países intervenidos y presiona a los países miembros y, para hacerlo
efectivo, encarga al comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, una
directiva sobre concesiones a empresas privadas de bienes y servicios públicos
esenciales en la que el agua ocupa un lugar preferente.
Afortunadamente, la
respuesta ciudadana europea no se hizo esperar. De inmediato se puso en marcha
un movimiento conformado por distintas organizaciones que terminó confluyendo
en una Iniciativa Ciudadana Europea que defiende el derecho al agua y al
saneamiento como derecho humano. Y se hace valedora de su importancia estratégica
como bien público y no comercial. Millones de firmas y manifestaciones
consiguieron en poco tiempo frenar la directiva, aunque no las intenciones que
se van concretando poco a poco en distintos países, con rechazos importantes
como los que se dieron en Italia forzando la convocatoria de un referéndum. Se
abre un enfrentamiento claro entre la troika y distintas ciudades europeas como
París, que recuperó el servicio hace unos años, o Berlín y muchísimos otros
ayuntamientos alemanes que han optado por lo mismo.
Pero en España el PP
siempre ha querido ser más papista que el Papa. Estas cosas de la resistencia
ciudadana les entran por un oído y les salen por otro. Se las trae al pairo y
abraza la fiebre privatizadora con enorme entusiasmo. En estos momentos casi un
50% del suministro de agua se encuentra en manos privadas (la mayor parte lo
controlan FCC y Agbar) y no cesan las presiones y la elaboración de normas
(como la recién aprobada reforma de la administración local) para obligar a los
ayuntamientos a claudicar. Aducen, y para crear una opinión favorable utilizan
todos los medios a su alcance, que la privatización potencia la competencia y
abarata los costes, que los servicios son más eficientes, que existe más posibilidades
inversoras y que se dispone de mayor capacidad tecnológica para afrontar retos
de futuro. Pero esto casi nunca es así. Según un informe de ATTAC, para el
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada los operadores públicos,
por regla general, son más eficientes en términos económicos, sociales y
ambientales. También el Observatorio de Privatizaciones de la Universidad
Complutense llegó a la conclusión de que las privatizaciones terminaban en
subidas desproporcionadas de las tarifas, incumplimientos de las cláusulas de
los contratos, falta de transparencia al amparo de la privacidad de la
información empresarial, disminución de las obligaciones medioambientales (más
consumo más ganancias) y la pérdida de control efectivo del servicio por los
responsables municipales. Más recientemente (apenas unas semanas) el Tribunal
de Cuentas acaba de hacer público un informe demoledor (que ha pasado bastante
desapercibido) en el que concluye, tras analizar la prestación de servicios de
ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total del país), que sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que
cuando lo presta el ayuntamiento y que, además, esta carestía no se corresponde
con una mayor calidad del servicio.
Y si no que se lo pregunten
a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria o a los de Santa Cruz de
Tenerife. En la capital grancanaria, en medio de transfuguismos políticos y
sospechas de corrupción, se privatizó EMALSA, una empresa pública rentable en
la que crearon un tremendo agujero económico para después venderla al mejor
postor. Irregularidades administrativas y sentencias judiciales
contradictorias, firmadas por el mismo juez, y otras trapacerías, han
desembocado en las últimas semanas en una denuncia del alcalde de la ciudad
ante la fiscalía, que ha empezado por acusar a 15 directivos de “gestión
desleal” y por señalar alquileres lesivos, amén de otras anomalías. En medio,
incriminaciones por la carestía del servicio, por el aumento de las tarifas,
por el incremento del déficit de la empresa, por las nulas inversiones en el
mantenimiento de las infraestructuras, por compras de dudosa responsabilidad
económica, por gastos sin control, por sueldos millonarios y un largo etcétera
de despropósitos. Y en la capital chicharrera otro tanto. Como en el caso de
LPGC aquí también tuvo que intervenir la Justicia que terminó por anular el
proceso de venta de la compañía, ya que se dieron tanta prisa con el despropósito
que no se cumplieron los plazos de exposición pública del proyecto y porque el
interventor municipal llegó a alegar que se atentaba contra los intereses de
los ciudadanos y que se vulneraba la Ley. En medio también, por supuesto,
acusaciones de cobros de comisiones ilegales, subidas onerosas del precio del
agua, un 70% en los últimos 8 años, carencia de inversiones obligadas en el
contrato y la certeza de que cuando Sacyr asumió el contrato la empresa tenía
superávit y en la actualidad cuenta con un déficit de ocho millones de euros.
No podía estar más claro.
Afortunadamente, tanto en
el conjunto de Europa como en España se cuentan por miles los municipios que
andan en estos momentos en el proceso de revertir las privatizaciones a las que
se vieron abocados en su día. Es lo mismo que piensan millones de ciudadanos.
Es la evidencia de los hechos frente a la campaña interesada de desprestigiar y
vaciar lo público.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)