Fernando T. Romero*
La llegada del mes de
septiembre marca cada año el comienzo de curso en diversos ámbitos como en el
escolar y educativo, en el de la justicia, en el de la política y también
muchos ciudadanos, a nivel personal, se replantean su vida, proponiéndose
determinados retos y objetivos que en algunos casos, más pronto que tarde,
terminan abandonándose.
Sin embargo, este curso que
empieza difiere políticamente bastante de los anteriores, debido a una mayor
exigencia ciudadana de radicalización de la democracia y por el creciente
rechazo de la ciudadanía a la agenda neoliberal conservadora. Iniciamos un
curso político esencialmente electoral.
Y el trasiego electoral ya
ha empezado. Por un lado, empiezan a postularse nuevos candidatos para las
diversas administraciones y, por otro, se anuncian renuncias y retiradas más o
menos notorias.
Es evidente que la mayoría
de las alcaldías de este país están gobernadas por el PP o por el PSOE. Y la
gran mayoría de los cambios municipales de las últimas décadas se han limitado
a la alternancia entre estas dos fuerzas políticas.
Sin embargo, tras las
elecciones europeas del pasado 25 de mayo, con la irrupción de Podemos, se ha
trastocado el mapa político y por primera vez existe la posibilidad real de
romper este bipartidismo.
Pero a finales de junio, el Presidente del Gobierno anunció su intención de reformar la ley electoral para
proponer la elección directa de los alcaldes en las elecciones municipales,
aludiendo a su compromiso de “regeneración democrática”.
Uno piensa que regenerar la
democracia sería, por ejemplo, suprimir la reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana aprobada por el PP que recorta el derecho pacífico de manifestación y
de huelga, imponiendo elevadas multas que, además, incluye en determinados
casos, inadmisibles penas de cárcel por ejercer un derecho ciudadano reconocido
en la Constitución.
Regenerar la democracia
incluiría también reformar la justicia, mediante una legislación que
reconociera y aplicara verdaderamente el principio de que la “ley es igual para
todos” y acabara con cualquier tipo de aforamiento, ya sea por motivos de
familia, cargo político o status profesional. Es lo que ocurre, por ejemplo, en
Alemania, país al que algunos recurren con frecuencia como modelo de tantas
cosas y en el que el número de aforados es cero. Imitémosle también en esto.
Regenerar la democracia sería
también aprobar una verdadera y eficaz ley de transparencia y de financiación
de partidos políticos que facilitara la investigación de la corrupción política
y obligara a los corruptos a devolver todo lo robado, además, de cumplir íntegramente
las penas de cárcel impuestas por los tribunales.
Regeneración democrática
sería también aprobar una ley electoral enteramente proporcional y con listas
abiertas para que las instituciones públicas democráticas sean fiel reflejo de
la diversidad de la sociedad.
Enfrentar estos asuntos y
algunos más, aunque hubiera que modificar la Constitución, sí que produciría
una auténtica “regeneración democrática”, pero el presidente Rajoy no va por ahí…
La realidad es que en las
elecciones municipales de 2011 el PP se convirtió en el partido con mayor poder
municipal desde 1979. Pero en la actualidad las encuestas manifiestan que en
las próximas elecciones podrían perder una parte considerable de ese poder. Y
esto les inquieta.
Y para resolver este
problema han recurrido a una solución: modificar la legislación electoral para
introducir la elección directa del alcalde por la lista más votada. Y para
conseguirlo, le basta con utilizar la mayoría absoluta que tienen en el
Congreso, por lo que no necesitan consensuar con nadie.
Es evidente que la reforma
electoral que se plantea es la única manera que tiene el PP para mantener buena
parte de su poder local. Por eso se empeña en aprobar que un partido que solo
tenga el 40% de los votos, reciba el 51% de los concejales. Esto se debe a que
los dirigentes del PP son conscientes de sus enormes dificultades para
establecer alianzas postelectorales en caso de no disponer de mayoría absoluta.
Se trata de una reforma
interesada y sin el menor interés general, ya que con la legislación actual, en
este momento el 90% de los 8.116 ayuntamientos españoles están gobernados por
la lista más votada.
Además, son insaciables,
pues no les basta con las indudables ventajas que la ley D´Hondt da a los
grandes partidos. Por ello, uno considera que la modificación del sistema de
elección de alcaldes, junto al intento de evitar gobiernos municipales
progresistas, constituye un atentado contra la democracia.
Si la reforma de la ley
electoral se aprobara, finalmente, en los términos que conocemos, a la mayoría
de los ciudadanos no nos quedaría otra opción que propiciar y apoyar amplias
coaliciones preelectorales progresistas que luego terminaran convirtiéndose en
las listas más votadas.
En estos momentos, sobre
todo en las ciudades grandes y medianas, es irrenunciable la confluencia política
en torno a plataformas, programas participados por la ciudadanía y candidaturas
de confluencia política y social. La gente no entendería a aquellos que desde
la izquierda y el progresismo no intentaran crear frentes democráticos amplios.
Es el momento.
Para ello, es necesario
elaborar un programa de mínimos, pero que sería de máximos porque afectaría a
las necesidades, intereses y deseos del 90% de los ciudadanos. Ante la reforma
electoral del PP, uno insiste en que a los ciudadanos no nos queda más remedio
que promover y apoyar acuerdos preelectorales de amplia confluencia ciudadana.
En concreto, uno estaría por algún
tipo de acuerdo entre Podemos, IU, Equo, iniciativas como Ganemos y otros
grupos y colectivos sindicales, vecinales y profesionales (mareas ciudadanas).
Estos movimientos ciudadanos, coordinados electoralmente en una lista unitaria,
podrían hacerse con el gobierno de muchos ayuntamientos importantes. No es fácil.
Todo esto exige mucho activismo político y una amplia participación ciudadana. ¿Será
posible?
*Fernando T. Romero es miembro de la Mesa de Roque Aguayro.
