Antonio Morales*
Este 1º de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, vuelven a salir a las calles en ciudades de todo el mundo trabajadores y trabajadoras para reivindicar los derechos laborales y sociales. La fiesta obrera nació de la movilización de “los mártires de Chicago”, aquellos sindicalistas que fueron ejecutados por promover una huelga el 1º de mayo de 1886 para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. La historia del movimiento obrero está llena de importantes avances, pero también de recortes de derechos como los que vivimos desde el inicio de la última gran crisis económica en el año 2007.
Esta vez en Canarias los sindicatos salen juntos. Este 1º de mayo unitario quiere movilizar a la clase trabajadora (y al conocido como “precariado”) con el lema: “Por el derecho de huelga, contra el paro y la pobreza”. Parece que los sindicatos han entendido mejor el mensaje de los ciudadanos que los partidos políticos de izquierda: al embate que sufre la mayoría de la población no se le puede responder de forma aislada, desde las trincheras de unas siglas o los protagonismos personales, es fundamental la unidad de todas las organizaciones que no comparten las políticas neoliberales que tanto daño han causado a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
En pleno siglo XXI, los sindicatos vuelven a reivindicar el derecho a la huelga. Y tienen 300 razones para hacerlo, porque en estos momentos en los juzgados españoles hay procesos abiertos contra cerca de 300 sindicalistas que participaron en la última huelga general. El derecho a la huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución española no se ha desarrollado legislativamente. Esta situación ha sido aprovechada por el actual gobierno y por algunos sectores jurídicos para realizar una lectura restrictiva. Se acusa a piquetes informativos de violar el derecho al trabajo de los trabajadores que no querían secundar la huelga general. Resulta paradójico que la misma patronal y el mismo Gobierno que promovieron una reforma laboral que provocó despidos masivos y la precarización del empleo, sean los que acusan penalmente a los sindicalistas de impedir el derecho al trabajo. ¿Acaso alguien duda de que muchos trabajadores que deseaban respaldar la huelga contra la reforma laboral no lo hicieron por temor a que no les renovaran su contrato? ¿No hubo ninguna amenaza a los trabajadores que querían secundar la huelga? ¿No ha llegado a ningún fiscal esas amenazas?
Todos esos procesos contra sindicalistas están contando en muchos casos con el apoyo de la fiscalía. Los dirigentes sindicales creen que el Gobierno está detrás. La respuesta represiva del ejecutivo de Mariano Rajoy quedó demostrada en la legislatura pasada con la aprobación de la conocida como Ley Mordaza. Pero España no es una excepción. Esta respuesta represiva contra las personas y organizaciones que luchan por los derechos laborales y sociales se está dando en todos los países que han sufrido la última gran crisis del neoliberalismo, empezando por Estados Unidos. En su libro “El futuro es un país extraño”, Josep Fontana analiza la actual crisis económica y sus consecuencias sociales. Sostiene Fontana que en realidad estamos ante un cambio de modelo que está provocando la privatización de la política, que pretende que los derechos sociales que nos han arrebatado estos últimos años no se puedan recuperar y que plantea una respuesta represiva ante los movimientos sociales como el 15M que intentan frenar el desmantelamiento del Estado de Bienestar. En su libro, el historiador catalán hace alusión al artículo “Las asíntotas del poder” escrito por Shimshon Bichler y Jonathan Nitzan, donde sostienen que “el capitalismo no es un modo de producción sino un modo de poder. Los capitalistas se dan cuenta de que no pueden aumentar su posición de privilegio sin una dosis mayor de violencia. Se dan cuenta de que si siguen recortando derechos y ejerciendo la violencia podría provocarse un estallido social. Y se basan en estudios. Todo viene ilustrado por un gráfico que muestra la trayectoria paralela entre 1975 y la actualidad, de la curva que refleja el aumento de los ingresos que han ido a parar al 10% de los más ricos, y de la que muestra el porcentaje de la población trabajadora que está encarcelada o sometida a alguna forma de control judicial”. Aunque el texto se refiere a Estados Unidos, la tesis podría aplicarse a España y a los países que han sufrido esta crisis de forma más dura. Por eso creemos que es muy importante que este primero de mayo la gente vuelva a salir a la calle a reivindicar los derechos laborales, y que lo hagan sin miedo.
Es cierto que en los últimos años los sindicatos han perdido afiliados y su imagen en la sociedad se ha deteriorado mucho. Este deterioro está muy bien analizado en el Informe sobre la Democracia en España, 2015, publicado por la Fundación Alternativas. El informe dedica un apartado específico a los sindicatos. Entre otros datos se señala que en el año 2013 la afiliación a Comisiones Obreras bajó un 6,7% y la afiliación a UGT se redujo un 9%. Pero no estamos solo ante un problema del sindicalismo español, la bajada de la densidad sindical (número de representantes sindicales por número de asalariados) se ha reducido también en toda Europa. Y tiene que ver con la ola neoliberal que comenzó con las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que aplicaron estrategias para crear un escenario desregulador. El informe señala que “un ejemplo claro de esto es la desregulación de la negociación colectiva, dando preferencia en la aplicación a los convenios de empresa y facilitando los incumplimientos, los llamados técnicamente descuelgues, de los pactos sectoriales. En España el paso definitivo en esta dirección se dio en la reforma laboral de 2012”.
En el texto de la Fundación Alternativas se apuntan otras causas: la bajada del número de trabajadores, el descenso del empleo en la industria, las subcontratas que reducen el número de personal en los centros de trabajo, los casos de corrupción (EREs en Andalucía y tarjetas blacks de Bankia) que han afectado a dirigentes sindicales y los pocos logros del diálogo social. También ha sido importante el desmantelamiento de muchas industrias en España: las multinacionales se han trasladado a Asia o Latinoamérica, buscando una reducción drástica de los costes laborales, que se hace en muchísimas ocasiones violando los Derechos Humanos. Las maquilas de la industria textil en Asia o Centroamérica son lugares donde se trabaja muchas veces en condiciones de esclavitud. Se calcula que en todo el mundo hay unos 400 millones de niños que son víctimas del trabajo infantil. La mayoría son asiáticos, pero también hay en África y Latinoamérica. Y el producto de su trabajo se vende en nuestros comercios. El pasado 12 de abril tuve la oportunidad de recibir en el Cabildo al activista pakistaní Ehsan Ullah Khan, que dio una conferencia en la corporación insular en la que contó la terrible (y desconocida) situación de tantos niños víctimas de la explotación laboral en Pakistán y en toda Asia. Ehsan Ullah Khan, fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, sufrió la cárcel en su país y tuvo que exiliarse para evitar ser condenado a muerte.
Es conveniente que recordemos todo esto en este primero de mayo. Porque a esos países van a instalarse muchas empresas europeas y norteamericanas después de cerrar sus fábricas en Europa. A pesar de las críticas a los sindicatos que hemos recogido aquí, tenemos claro que estas organizaciones son una herramienta imprescindible en nuestra democracia. Si queremos frenar la privatización de la política, si no queremos resignarnos al desmantelamiento del Estado de Bienestar, si no queremos dar por perdidos los derechos laborales y sociales que han costado más de un siglo de luchas del movimiento obrero a nivel internacional, los sindicatos son una herramienta fundamental en esta lucha. Yo digo que también, por supuesto, los partidos políticos, a los que podríamos hacer, desde luego, muchas críticas. Si queremos combatir lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck denominó “estado de excepción económico” que ha llevado a nacionalizar bancos para salvar a los banqueros, y que está poniendo en riesgo nuestro planeta (los peligros del cambio climático están a la vista, aunque la crisis financiera los ha dejado en un segundo plano), si queremos que la crisis no sea una excusa para retroceder en derechos sociales y laborales, este día de la clase trabajadora podemos aprovecharlo para reivindicar más derechos sociales, más derechos laborales, que es lo mismo que decir más democracia.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. www.antoniomorales-blog.com)
