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| La consejera Minerva Alonso en la presentación del avance del plan |
Redacción
Solo 5 de las 31 zonas industriales activas de Gran Canaria poseen una entidad que vela por su conservación, lo que explica que su estado general sea deficitario, sobre todo en lo que respecta a las dotaciones básicas.
Por este motivo, la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria ha consensuado con las asociaciones del sector y los municipios afectados la redacción del I Plan de Áreas Industriales, cuyo avance se conocerá en enero de 2017, y con el que se pretende convertir a estas áreas en polos de atracción económica que propicien la generación de empleo en la isla.
Así los manifestó ayer la consejera del área, Minerva Alonso, que ha precisado que de las 31 zonas industriales de Gran Canaria solo las de Arinaga, que ha sido puesta como ejemplo de gestión de una zona industrial, Las Majoreras (Ingenio), Ajimar y Las Rubiesas (Telde) y Montaña Blanca (Arucas) poseen una entidad que trabaja en la gestión de su conservación, mientras que otras, como las de El Goro y La Gallina (Telde) o Gáldar, están a punto de poner en funcionamiento un órgano de este tipo.
El plan será, por tanto, un instrumento fundamental para no emprender acciones inconexas o incoherentes, sino estudiadas para alcanzar el objetivo planteado con participación de los agentes públicos y privados involucrados y ejecutado por un equipo multidisciplinar.
Asimismo, recogerá un análisis pormenorizado y diagnóstico, fijará las líneas de actuación, la priorización de las actuaciones y la concreción económica y temporal de las propuestas con una planificación a cuatro años y su posible continuación. Además, conllevará la búsqueda de financiación para acometer las acciones y que, a los fondos propios, se sumen los regionales, nacionales o europeos.
El plan será, por tanto, un instrumento fundamental para no emprender acciones inconexas o incoherentes, sino estudiadas para alcanzar el objetivo planteado con participación de los agentes públicos y privados involucrados y ejecutado por un equipo multidisciplinar.
Asimismo, recogerá un análisis pormenorizado y diagnóstico, fijará las líneas de actuación, la priorización de las actuaciones y la concreción económica y temporal de las propuestas con una planificación a cuatro años y su posible continuación. Además, conllevará la búsqueda de financiación para acometer las acciones y que, a los fondos propios, se sumen los regionales, nacionales o europeos.
Las dotaciones deficitarias que presentan estos emplazamientos están relacionadas, fundamentalmente, con aceras, asfaltado, alumbrado público y alcantarillado.
