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Redacción
El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la distribución de cinco millones de euros a los 21 municipios de la isla, según el número de parados que tenían en febrero y el incremento dado en marzo, para la contratación de más de 500 desempleados y contrarrestar las pérdida de empleos y hacer frente a las necesidades de personal que tienen los ayuntamientos debido a la crisis sanitaria.
Este plan de empleo distribuirá 630.000 euros a razón de 30.000 euros para cada municipio, mientras que 3.370.000 euros serán distribuidos según los desempleados de febrero y 1.000.000 según el incremento de parados en marzo, tal y como detalló el Consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz.
De este modo, las mayores cuantías irán destinadas a Las Palmas de Gran Canaria, que dispondrá de casi 2.000.000 de euros, seguida de Telde (622.000 euros) y Santa Lucía (438.000 euros), mientras que Agüimes contará con 202.272 euros.
Los contratos de este plan de empleo tendrán una duración de entre seis y doce meses, salvo en los casos de extinción contractual y sustitución, en los que la duración podrá ser inferior mientras que la jornada laboral será igual o superior al 75%.
Los ayuntamientos y sus entidades públicas vinculadas podrán contratar perfiles que se ajusten a las necesidades de empleo de su población, aunque el 30% estará reservado para las ocupaciones profesionales derivadas de las necesidades de cada entidad.
Por ello, podrán solicitar, por ejemplo, la contratación de trabajadores-as sociales para hacer frente al aumento de peticiones de ayudas de emergencia y para la atención a domicilio, así como auxiliares de administración y técnicos para agilizar la redacción de proyectos de obra para reactivar la economía cuando acabe el Estado de Alarma.
El plazo de ejecución de este plan, una de las más de 30 medidas puestas en marcha por el Cabildo de Gran Canaria para reforzar los servicios públicos, en especial los esenciales, apoyar a las personas más vulnerables y reactivar la economía de la isla, será hasta el 30 de octubre de 2021 y los contratos deberán iniciarse en el plazo máximo de tres meses desde la resolución del procedimiento.
