21 de febrero de 2021

Agüimes aprueba el proyecto de renovación de la EBAR del Risco Verde

 Domingo, 21 de febrero.

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del Risco Verde, en Arinaga
Prensa Agüimes

El considerable aumento poblacional de Arinaga en las últimas décadas va aparejado a nuevos desarrollos urbanísticos, razón por la cual el Ayuntamiento de Agüimes trabaja ya en la modernización y el redimensionamiento  de las infraestructuras estratégicas y los servicios básicos que se han ido quedando obsoletos con el paso del tiempo.
Es el caso del sistema de saneamiento en la zona norte de la localidad y, más en concreto, en uno de los puntos esenciales  de la red, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), situada en el zona del Risco Verde.
La instalación, que recoge las aguas negras por gravedad y las impulsa hacia la depuradora para su posterior tratamiento, fue diseñada para otro tiempo y otro volumen de población, llegando hoy al límite de su capacidad y sin posibilidad de asumir la previsible demanda futura.
Antes de que esto pueda llegar a suceder, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Agüimes ha aprobado el proyecto para su mejora y ampliación, en la que se invertirá unos 758.000 euros para conseguir una moderna estación de bombeo que, a diferencia de la actual, quedará soterrada bajo la avenida para conseguir una zona diáfana y sin obstáculos a todo lo ancho del paseo.
Además de la evidente ventaja estética, se producirá una importante mejora funcional, al aumentar el caudal y modificar el trazado de impulsión, y se rehabilitará la estructura de la edificación, se abrirán accesos más adecuado para el personal, se simplificará el mantenimiento gracias a la telemetría y el control remoto de válvulas y bombas y se colocarán grupos electrógenos autónomos para que la estación pueda permanecer operativa en todo momento, independientemente de las posibles caídas de la red eléctrica.
El Ayuntamiento de Agüimes, que ha remitido el proyecto a la Dirección General de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y a la Dirección General de Costas del Gobierno de España, pues al afecta a zona de dominio público marítimo terrestre necesita la preceptiva aprobación de las dos administraciones, espera que la nueva instalación alcance una vida útil de, al menos, 50 años.