Pendiente de fecha.
Redacción
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACAPMN), organismo dependiente del Gobierno de Canarias, lleva ya incoados 85 expedientes por infracciones cometidas contra la normativa urbanística solo en Vargas.
Este es el último dato que maneja el Ayuntamiento de Agüimes de los resultados a los que dio lugar una operación especial que se llevó a cabo el pasado mes de febrero para luchar contra las construcciones ilegales en suelo rústico en el municipio.
La citada actuación se centró en dos grandes fincas matrices de suelo rústico situadas en el entorno de la Urbanización Oasis, en Vargas, buena parte de ellas cubiertas por plásticos de invernadero y que en los últimos años han sido subdivididas en numerosas parcelas pequeñas subarrendadas por la propiedad.
Entre las irregularidades detectadas, que afecta a unos 450.000 metros cuadrados de superficie, figura la construcción de viviendas, algunas de ellas con piscinas, y la instalación de vallados.
La Concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Agüimes, María Suárez, explica en declaraciones a Canarias7 que el ayuntamiento llevaba insistiendo ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural desde 2017 de la necesidad de actuar en Vargas ante la constatación de la comisión de numerosas infracciones contra el planteamiento, una demanda que también se realizó reiteradamente por parte de los propios vecinos-as de la Urbanización Oasis, que llegaron a reunirse incluso con la anterior Consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.
La mayoría de las infracciones detectadas son de tres tipos, pues unas tienen que ver con parcelaciones ilegales, que según la legislación vigente el suelo rústico no puede parcelarse en terrenos con una superficie inferior a los 10.000 metros cuadrados, y las dos citadas fincas han sido subdivididas en porciones de suelo bastante más pequeñas; otras guardan relación con la apertura ilegal de caminos o carreteras, todas de tierra; y la tercera, la más evidente, con la construcción de edificaciones en suelo rústico, llegando algunos arrendatarios incluso a levantar viviendas.
Por los datos que maneja Suárez, será la agencia la que se encargue de incoar todos los expedientes de restablecimiento de la legalidad, así como de su ejecución, que afectarán tanto al arrendador como al arrendatario.
Durante la tramitación, la ACAPMN consultará al Ayuntamiento de Agüimes para saber si las infracciones detectadas en cada caso pueden ser o no legalizables, pues algunas de las personas afectadas pueden enfrentarse a sanciones de hasta 350.000 euros.
María Suárez asegura también que hay programadas otras tres batidas en Vargas y Los Corralillos, núcleo este último donde podrían estar cometiéndose también infracciones similares a las hasta ahora incoadas.
