Martes, 19 de julio.
A pesar de los buenos datos de empleo, los mejores desde 2008, y de que en Canarias la recuperación del turismo está alcanzando cifras mejores que las anteriores a la pandemia, existe bastante incertidumbre y pesimismo sobre las previsiones económicas. Esto ocurre, básicamente, como consecuencia de la inflación que en junio alcanzó un 10,2%, la cifra más alta desde 1985. Esta subida generalizada de los precios tiene dos causas fundamentales: los problemas de suministro globales -producto del aumento brusco de la demanda tras el parón de la pandemia- y la invasión de Rusia en Ucrania, que ha generado un alza de precios de carburantes, cereales y otras materias primas fundamentales.
En principio son causas puntuales que no deberían provocar que la inflación se instalara permanentemente entre nosotros. Ahora bien, la persistencia de la situación en Ucrania así como la respuesta de Rusia frente a las sanciones, pueden provocar que la subida generalizada de los precios se vuelva permanente, y para evitar esto se está empezando a hablar de un pacto de rentas.
La inflación es un problema económico muy grave. Perjudica más a quienes menos tienen, y más en este caso en el que está subiendo el precio de suministros de los que no se puede prescindir (electricidad, gas) o cuya reducción es casi imposible (alimentos básicos como el pan o el aceite, productos frescos, etc.). Esto hace que las personas con menos recursos puedan comprar menos con el dinero del que disponen. Igualmente penaliza el ahorro, especialmente el de los pequeños ahorradores, reduciendo el valor del dinero que tienen guardado. La lista de efectos económicos adversos es muy larga.
Si en la actual situación subimos todo (sueldos, pensiones, beneficios empresariales, etc.) al nivel que marca la inflación (10% en estos momentos), generaremos un círculo vicioso o un efecto “bola de nieve” que hará que la inflación sea cada vez mayor hasta que se vuelva incontrolable. Por este motivo se habla de un “pacto de rentas”, es decir, que los costes de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, se repartan de manera equitativa entre los agentes económicos, manteniéndose los empleos y moderándose la subida de los salarios que tendrán que incrementarse ligeramente y también atemperándose el incremento de los precios y, por tanto, los márgenes de ganancia de las empresas.
La mejor manera de llevar a cabo el pacto de rentas es a través de un gran acuerdo a varios años vista, en el que todos los agentes se comprometan a repartir de manera equitativa los costes. Ahora bien, para la realización de ese pacto de rentas hay que partir de la realidad de que España es uno de los países más desiguales de Europa y Canarias una de las comunidades con más pobreza y desigualdad de toda España.
Según el Índice de Gini, un indicador del nivel de equidad en la distribución de la renta de los países, España es el quinto país más desigual de toda la UE, solo superado por Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria. Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, España fue el territorio de la UE donde más cayeron las rentas del 10% más pobre respecto al 10% más rico durante la crisis de 2008.
En este contexto, Canarias se sitúa como la segunda comunidad con más desigualdad de España. Según el Informe de la Fundación FOESSA de Cáritas Española, la exclusión se ha ensanchado en las islas como consecuencia fundamentalmente de la pandemia, provocando que el 29,1% de los habitantes de la comunidad autónoma, algo más de 630.000 personas, se encuentren en una situación de “desventaja importante”. Asimismo durante la pandemia Canarias fue, junto con Baleares, la comunidad en la que más creció la desigualdad salarial.
Por todos estos motivos el pacto de rentas no puede convertirse en una excusa para volver a aumentar la desigualdad. Esta misma semana la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, citando datos de un informe de Comisiones Obreras, explicaba que el 83% del incremento de los precios se debe al aumento de los beneficios empresariales, de más de 65.000 millones este año, mientras que los salarios prácticamente no crecen, tan solo un 1,33%.
Además, cuando hablamos de beneficios empresariales no lo hacemos sobre los de las pequeñas y medianas empresas en las que solemos hacer nuestras compras cotidianas (fruterías, cafeterías, ferreterías, pequeñas empresas de servicios…) sino de grandes corporaciones, en especial las grandes empresas eléctricas y la banca que se pueden beneficiar de la subida de tipos de interés.
En el debate del Estado de la Nación de esta misma semana el presidente Pedro Sánchez anunciaba impuestos extraordinarios tanto para la banca como para los llamados “beneficios caídos del cielo” de las compañías eléctricas. Es un buen primer paso para buscar una salida equitativa a la actual situación y no repetir los errores de la crisis de 2008, que disparó la desigualdad.
Para evitar tanto una espiral inflacionista como un aumento de la ya de por sí elevadísima desigualdad, las grandes corporaciones (alguna de las cuales se benefician de la actual situación) tienen que limitar sus márgenes de beneficios empresariales, se tiene que producir un aumento de los salarios, en especial de los más bajos y se debe afrontar una reforma fiscal que haga nuestro sistema más progresivo y nuestro Estado del Bienestar más eficiente.
La recuperación del turismo en Canarias también tiene que traducirse en un aumento del empleo y en una mejora de los salarios. No es solo una cuestión de justicia social, sino una condición indispensable para la prosperidad y el desarrollo sostenible. La desigualdad es un problema que lastra a la propia democracia y que se encuentra incluso en la base de la polarización política y el auge del populismo de extrema derecha.
