Pendiente de fecha.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto. Canario de la Vivienda (ICAVI), publicó este pasado miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la primera de las resoluciones del nuevo Decreto de Medidas de Acceso a la Propiedad de Viviendas Protegidas para inquilinos que lleven más de 25 años viviendo en ellas, una convocatoria inicial de las que se podrán beneficiar ya 1.486 familias, diez de ellas en nuestro municipio.
Con esta primera resolución se les ofrecerá la opción de adquirir la propiedad a diez unidades familiares de Agüimes, a las que los técnicos del ICAVI ofertarán las viviendas protegidas de promoción pública a cada adjudicatario, que contará con un plazo de doce meses para formalizar la solicitud.
Para facilitar el acceso a la vivienda, la consejería, demás, ofertará una bonificación del 50% sobre el precio de referencia y, del 50% restante que deben pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya abonadas.
Asimismo, las personas que quieran acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que son adjudicatarias, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietario de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la junta administradora relativa a los gastos comunes del edificio, haber satisfecho el 35% de las cuotas facturadas correspondientes al alquiler de la vivienda o el 50% desprecio de venta de la misma y que la vivienda se encuentra asegurada, como mínimo, contra incendios y riesgos catastróficos.
Para la aplicación del decreto se ha diseñado una convocatoria trimestral a lo largo de este año, hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el mismo, que son aquellos que están en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991), por lo que este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.
Con esta medida se cumple un compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias tras más de diez años sin que los inquilinos-as pudieran acceder a su propiedad.