Viernes, 12 de mayo.
La fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una pena de dos años y tres meses para el administrador único de una empresa dedicada, entre otros fines, a la implantación del gas natural en Canarias, y un año y tres meses para su pareja y socia al considerarlos responsables de un supuesto delito de administración desleal.
En concreto, se les responsabiliza de crear diferentes entidades para desplazar a sus socios iniciales, hacerse con su información técnica, datos y los beneficios que pudiera generar el nuevo proyecto para poner en marcha una planta de biometano en suelo de la zona industrial de Arinaga.
El Ministerio Público pide que en calidad de responsables de seis sociedades indemnicen a los participantes iniciales por los beneficios obtenidos o que podrían haber conseguido a través de los proyectos de los que se les excluyó y según el dinero aportado en su momento.
Esta cantidad será fijada en ejecución de la sentencia que se emita tras el juicio que tendrá lugar la próxima semana en la Audiencia Provincial de Tenerife, de la que se descontará los 400.000 euros que en su momento aportaron los querellados.
La sociedad inicial fue constituida en febrero de 2016 y tenía por objeto la generación de electricidad y gas y la gestión de los distintos tipos de residuos, tanto químicos como ganaderos, alimentarios, forestales o agrícolas.
Asimismo, se dedicaban a la producción de biomasa y productos energéticos, tales como el calor, vapor o agua caliente, por medio de la tecnología correspondiente.
En concreto, se trataba de un proyecto para desarrollar y ejecutar la instalación de gas natural en Canarias y, en ese momento, se procedió a fijar las cesiones de los derechos de propiedad industrial, intelectual y licencias que plasmaron en un anexo.
En los años siguientes la Fiscalía estima que las actuaciones del administrador único se desarrollaron en tres sentidos diferentes, actuando en calidad de tal en la entidad principal y en dos filiales creadas, además que junto a su pareja constituyeron una estructura paralela a nombre de los dos.
Pero hubo más entidades dentro de esta trama, una de ellas constituida en Suiza pro el acusado y otras tres a nombre de su pareja.
A continuación, el procesado, según el informe de la Fiscalía, comenzó a realizar movimientos para desplazar a sus socios en perjuicio del dinero que habían desembolsado y, en agosto de 2018, les anunció que cesaba la prestación de servicios y procedía a la liquidación de la entidad.
Por medio de las otras sociedades los imputados presentaron la documentación para suplantar a la empresa inicial, poniéndola a su nombre y presentado el proyecto como "propio" después de hacerse con toda la información técnica y datos, según la Fiscalía.
De esta manera, proyectaron una planta de biodigestión y producción de fertilizante orgánico líquido, biometano y CO2 alimentario en una parcela del Polígono Industrial de Arinaga, a lo que siguió la disolución de la entidad original sin que los socios puedan recuperar su inversión ni participar en los beneficios que se obtengan del nuevo negocio.
