Jueves, 10 de agosto.
El Presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha señalado que su formación política apoya las reivindicaciones de los ayuntamientos de Agüimes y Puerto del Rosario, en Fuerteventura, sobre su representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En este sentido, destaca que es "muy grave que se haya excluido a los alcaldes de estas localidades para colocar a Airam Díaz, hasta ahora director de una empresa que opera en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y próximo a Coalición Canaria (CC) y a María Fernández, dirigente del partido y candidata en las recientes elecciones generales del 23J, y sin vinculación alguna con el puerto".
Hasta el momento, indica NC en un comunicado, "era habitual que en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas formaran parte los representantes de los municipios con puertos relevantes, entre ellos Puerto del Rosario y Agüimes, un hecho que ha sido quebrado por una decisión del Gobierno de Canarias, integrado por CC y PP, sin pensar en el buen funcionamiento del órgano".
Román Rodríguez expresa "su pleno apoyo a las demandas expresadas tanto por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Cabildo de Fuerteventura, la Cámara de Comercio de Fuerteventura y las organizaciones turísticas majoreras, que han cerrado filas contra la decisión adoptada por el ejecutivo regional y piden que se revierta la exclusión".
Asimismo, muestra el total acuerdo de NC al Ayuntamiento de Agüimes, que ha aprobado una moción en la que solicita "una urgente rectificación del Gobierno de Canarias ante una medida que no tiene la menor justificación".
Román Rodríguez destaca la importancia del Puerto de Arinaga, "cuyo desarrollo depende de la buena sintonía y plena colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, y cuya actividad impacta de forma directa en la zona industrial de Arinaga".
El líder nacionalista cree que, en uno y otro caso, el de la capital majorera y el de Agüimes, las reivindicaciones planteadas son razonables y justas y que el Gobierno de Canarias debe rectificar una decisión que carece de justificación alguna.
