Domingo, 26 de noviembre.
Redacción
La falta de un protocolo estatal o de un pliego de condiciones técnicas para destruir los cayucos y pateras que llegan a Canarias expone al Puerto de Las Palmas a pagar una multa de hasta 300.000 euros si no retira las embarcaciones acumuladas en una parcela del Polígono Industrial de Arinaga, según recoge un expediente abierto por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).
Este organismo público, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha denunciado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas por apilar desde 2021 estas barcas de madera en una explanada, sin destruirlas o darles el tratamiento que precisan este tipo de residuos.
La ACPMN, que se encarga de proteger el territorio insular desde el plano medioambiental, ha dado un mes a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que retire las embarcaciones y devuelva la parcela a su estado anterior, con la advertencia que que puede incurrir en una infracción grave con multa de hasta 300.000 euros.
En Arinaga se hacinan más de 130 cayucos, la mayoría remolcados desde Arguineguín por Capitanía Marítima, tras las sucesivas oleadas de migrantes que llegan al sur de Gran Canaria en busca del futuro que les niega África.
La denuncia realizada por el Gobierno de Canarias, a través de la agencia, es paradójica, porque el Puerto de Las Palmas carece de competencia para destruir esas embarcaciones o trasladarlas al vertedero, y según las fuentes consultadas, esa competencia la tiene el Gobierno de España, quien, a través de su Delegación en Canarias, debe aprobar el mencionado protocolo para ocuparse de los cayucos.
Estas barcas de madera, que se usan para la pesca artesanal en países como Senegal o Mauritania, suelen medir entre 20 y 30 metros de eslora, de ahí que el procedimiento para trasladarlas y gestionar su retirada de los puertos no sea sencillo, unos trámites que se complican aún más cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional abre diligencias de investigación o el juez de instrucción ve algún indicio de delito asociado a esas travesías.
Hasta el momento existe una especie de acuerdo tácito entre Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Delegación del Gobierno en Canarias para remolcar los cayucos hasta Arinaga, donde el puerto hace el favor al Estado de almacenarlos hasta su destrucción y posterior traslado al vertedero.
El Puerto de Las Palmas, incluso, se había comprometido en el mandato anterior a redactar un pliego de condiciones técnicas para deshacerse también de estas embarcaciones, pero finalmente no ha sido posible porque es la Delegación del Gobierno la que tiene el título habilitan para ejecutar esa potestad.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas hizo llegar este pasado jueves a su consejo de administración el expediente abierto por la ACPMN para adoptar una postura con la que tratar de eludir la multa del ejecutivo regional, entre otros motivos porque es la administración estatal, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, la que tiene asignada la competencia sobre las embarcaciones.
A este respecto, la Presidenta de la Autoridad Porturia de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha reclamado medidas a la Delegación del Gobierno en Canarias porque en un mes hay que dar respuesta y "confiamos en que se acelere el proceso de contratación de la empresa para la retirada de las embarcaciones".
Tal y como explica, fue en 2021 cuando, a raíz de una denuncia por unos vertidos de escombros, la Policía Autonómica descubrió el cúmulo de cayucos, que se encontraba a la vista de todas las personas que pasaban por la zona, y lo puso en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).
Calzada ya se reunió hace mes y medio con el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestaña, para plantearle la existencia de estas embarcaciones en una parcela de la zona industrial de Arinaga, que son dos en realidad.
La respuesta es que la Delegación trabaja en la elaboración de un pliego para cuantificar el número de pateras y cayucos y determinar la empresa que se encargue de su destrucción.
