Viernes, 4 de julio.
Redacción
El Magistrado de la Audiencia Nacional, Franciso de Jorge Mesas, dictaminó ayer la libertad provisional para los dos jóvenes detenidos el pasado martes en Arinaga y el Cruce de Arinaga acusados por la difusión de datos personales del Presidente del Gobierno de España, diversos ministros-as del ejecutivo central, otros políticos-as, empresarios-as y periodistas.
El principal investigado, Yoel O.Q., está siendo investigado por un presunto delito de terrorismo, amenazas terroristas y terrorismo informático con finalidad de desestabilización, coacción a instituciones del Estado e intimidación a colectivos relevantes desde el punto de vista de la estabilidad institucional.
De momento, sólo tiene que comparecer dos veces al mes ante el juez y no puede comunicarse ni acercarse con el segundo investigado, Cristias E.S.M., que está también obligado a firmar en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.
El primero de los jóvenes reconoció ayer en la Audiencia Nacional algunos aspectos de la investigación y aseguró que los datos publicados (domicilios, números de DNI o correo electrónico de las personas afectadas) procedían de fuentes públicas y, por contra, negó haber participado en ataques informáticos a las páginas de la Dirección General de Tráfico (DGT), Hacienda o el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o haber desarrollado una aplicación para comerciar con los datos hackeados.
Según desvelaron ayer algunas fuentes a los medios de comunicación, sí señaló que fue un agente encubierto el que les descubrió
Por otra parte, la investigación que realiza la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional no ha terminado y, según distintas fuentes cercanas, se busca a más jóvenes hackers que presuntamente habrían participado en el ciberataque.
Asimismo, señalan que estas dos personas, de las que se conocen sus alias en las redes sociales, tendrían el mismo perfil que los jóvenes detenidos en el Cruce de Arinaga y Arinaga y, las últimas pistas al respecto hacen indicar que residen en España, aunque no se ha concretado la comunidad.
El principal investigado, Yoel O.Q., está siendo investigado por un presunto delito de terrorismo, amenazas terroristas y terrorismo informático con finalidad de desestabilización, coacción a instituciones del Estado e intimidación a colectivos relevantes desde el punto de vista de la estabilidad institucional.
De momento, sólo tiene que comparecer dos veces al mes ante el juez y no puede comunicarse ni acercarse con el segundo investigado, Cristias E.S.M., que está también obligado a firmar en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.
El primero de los jóvenes reconoció ayer en la Audiencia Nacional algunos aspectos de la investigación y aseguró que los datos publicados (domicilios, números de DNI o correo electrónico de las personas afectadas) procedían de fuentes públicas y, por contra, negó haber participado en ataques informáticos a las páginas de la Dirección General de Tráfico (DGT), Hacienda o el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o haber desarrollado una aplicación para comerciar con los datos hackeados.
Según desvelaron ayer algunas fuentes a los medios de comunicación, sí señaló que fue un agente encubierto el que les descubrió
Por otra parte, la investigación que realiza la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional no ha terminado y, según distintas fuentes cercanas, se busca a más jóvenes hackers que presuntamente habrían participado en el ciberataque.
Asimismo, señalan que estas dos personas, de las que se conocen sus alias en las redes sociales, tendrían el mismo perfil que los jóvenes detenidos en el Cruce de Arinaga y Arinaga y, las últimas pistas al respecto hacen indicar que residen en España, aunque no se ha concretado la comunidad.
De hecho, atendiendo a una información publicada por el periódico La Razón, los agentes encargados del caso por orden de la Audiencia Nacional tendría a dos jóvenes más en el punto de mira por participar en el robo y difusión de los datos personales de políticos y periodistas.