Viernes, 25 de julio.
Agentes de la Policía Canaria, en una actuación a instancias del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria), llevó a cabo ayer un registro en el centro de menores de primera llegada José García I, que gestiona Quorum Social 77 en la Playa de Cabrón, donde se ha dado también la orden de desalojar a los 148 niños-as menores acogidos en estas instalaciones, que fueron reubicados a lo largo de la jornada en 21 centros de la isla.
Asimismo, se realizaron registros en la sede de la entidad, en Las Palmas de Gran Canaria, en otro centro que tiene a su cargo en Firgas, que no ha sido cerrado porque alberga a menores con edades entre 4 y 6 años, y en varios domicilios en diferentes puntos de la isla, procediéndose a la detención de dos personas, que fueron puestas en libertad después de acogerse a su derecho a no declarar en sede policial, aunque serán citados para que comparezcan ante la autoridad al frente del caso.
Esta actuación, que se mantiene bajo secreto de sumario, ha supuesto el cierre de una segunda infraestructura tras la llevada a cabo, el pasado mes de mayo, en Santa Brígida tras las sospechas que se producían, según informó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias.
Asimismo, se realizaron registros en la sede de la entidad, en Las Palmas de Gran Canaria, en otro centro que tiene a su cargo en Firgas, que no ha sido cerrado porque alberga a menores con edades entre 4 y 6 años, y en varios domicilios en diferentes puntos de la isla, procediéndose a la detención de dos personas, que fueron puestas en libertad después de acogerse a su derecho a no declarar en sede policial, aunque serán citados para que comparezcan ante la autoridad al frente del caso.
Esta actuación, que se mantiene bajo secreto de sumario, ha supuesto el cierre de una segunda infraestructura tras la llevada a cabo, el pasado mes de mayo, en Santa Brígida tras las sospechas que se producían, según informó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias.
Quorum Social 77, que accoge al 46,5% de estos niños-as y adolescentes, también gestiona centros en Moya, Teror, Vecindario, Salinetas (Telde), La Aldea de San Nicolás y Las Palmas de Gran Canaria (Tamaraceite, Almatriche, Los Hoyos, Casa del Marino y Las Mesas).
El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuestionado en La Palma sobre este asunto, dijo que desde las islas se lleva tiempo "advirtiendo que estas circunstancias podrían ocurrir, y esperamos que se únicamente esto".
Asimismo, manifestó que "si bien son delitos de mucha gravedad, el número de menores que acoge la comunidad durante tanto tiempo hace difícll que los controles sirvan".
Por su parte, la Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reconoció en declaraciones a Canarias7 que aunque sabían que la Justicia continuaba con la investigación les cogió por sorpresa la intervención.
"No sabíamos que iban a registrar otros centros porque habían oficinas administrativas donde podían encontrar la documentación que el juez precisa, pero no encontramos que cierran el centro de Arinaga", agregó.