Martes, 16 de junio.
Redacción
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado de extorsión en el que tres hombres han sido identificados como presuntos autores de un delito de extorsión y amenazas.
La actuación ha puesto de manifiesto la importancia de la especialización en el ámbito de la delincuencia tecnológica para el esclarecimiento de este tipo de hechos, caracterizados por el uso de medios telemáticos para ejercer una intensa presión psicológica sobre las víctimas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por un vecino de Agüimes, quien manifestó haber sido objeto de amenazas y exigencias económicas por parte de varias personas.
Los hechos se remontan a finales de 2025, cuando el perjudicado contrató los servicios de una profesional en un establecimiento de ocio en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, tal y como informa la Guardia Civil en una nota.
Aunque finalmente el encuentro no llegó a producirse, poco después comenzó a recibir llamadas de distintos individuos que, utilizando un tono intimidatorio, le reclamaban diversas cantidades de dinero bajo el pretexto de supuestos gastos de logística y reserva de servicios VIP.
Como consecuencia del temor generado por las amenazas recibidas, la víctima accedió a realizar tres transferencias a través de una conocida plataforma de pago instantáneo, alcanzando una cantidad total de 900 euros.
Sin embargo, lejos de cesar las exigencias, los autores incrementaron la presión sobre el perjudicado, reclamándole posteriormente otros 1.500 euros adicionales.
Con el objetivo de doblegar la voluntad de la víctima, los investigados remitieron diversos mensajes mediante aplicaciones de mensajería instantánea en los que incluían la fotografía de un arma de fuego y amenazas explícitas de acudir a su domicilio si no efectuaba el pago exigido de manera inmediata.
Estas acciones, según informa el comunicado, provocaron en el afectado una situación de gran ansiedad y preocupación por su seguridad personal y la de su entorno familiar.
Ante la gravedad de los hechos, el Puesto Principal de Agüimes inició una investigación centrada en el análisis de las evidencias digitales disponibles.
Los investigadores lograron identificar a los titulares de las líneas telefónicas utilizadas para realizar las amenazas y, paralelamente, el análisis de los movimientos financieros y las correspondientes gestiones bancarias permitieron localizar al destinatario final de los fondos, una persona que contaba con antecedentes policiales por hechos similares cometidos en otras provincias del territorio nacional.
Una vez recopiladas las pruebas necesarias e identificados plenamente los tres presuntos autores, quienes operaban desde distintas provincias españolas con la finalidad de dificultar su localización, las actuaciones fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, autoridad judicial que conoce de la causa.
La actuación ha puesto de manifiesto la importancia de la especialización en el ámbito de la delincuencia tecnológica para el esclarecimiento de este tipo de hechos, caracterizados por el uso de medios telemáticos para ejercer una intensa presión psicológica sobre las víctimas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por un vecino de Agüimes, quien manifestó haber sido objeto de amenazas y exigencias económicas por parte de varias personas.
Los hechos se remontan a finales de 2025, cuando el perjudicado contrató los servicios de una profesional en un establecimiento de ocio en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, tal y como informa la Guardia Civil en una nota.
Aunque finalmente el encuentro no llegó a producirse, poco después comenzó a recibir llamadas de distintos individuos que, utilizando un tono intimidatorio, le reclamaban diversas cantidades de dinero bajo el pretexto de supuestos gastos de logística y reserva de servicios VIP.
Como consecuencia del temor generado por las amenazas recibidas, la víctima accedió a realizar tres transferencias a través de una conocida plataforma de pago instantáneo, alcanzando una cantidad total de 900 euros.
Sin embargo, lejos de cesar las exigencias, los autores incrementaron la presión sobre el perjudicado, reclamándole posteriormente otros 1.500 euros adicionales.
Con el objetivo de doblegar la voluntad de la víctima, los investigados remitieron diversos mensajes mediante aplicaciones de mensajería instantánea en los que incluían la fotografía de un arma de fuego y amenazas explícitas de acudir a su domicilio si no efectuaba el pago exigido de manera inmediata.
Estas acciones, según informa el comunicado, provocaron en el afectado una situación de gran ansiedad y preocupación por su seguridad personal y la de su entorno familiar.
Ante la gravedad de los hechos, el Puesto Principal de Agüimes inició una investigación centrada en el análisis de las evidencias digitales disponibles.
Los investigadores lograron identificar a los titulares de las líneas telefónicas utilizadas para realizar las amenazas y, paralelamente, el análisis de los movimientos financieros y las correspondientes gestiones bancarias permitieron localizar al destinatario final de los fondos, una persona que contaba con antecedentes policiales por hechos similares cometidos en otras provincias del territorio nacional.
Una vez recopiladas las pruebas necesarias e identificados plenamente los tres presuntos autores, quienes operaban desde distintas provincias españolas con la finalidad de dificultar su localización, las actuaciones fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, autoridad judicial que conoce de la causa.