Miércoles, 8 de julio.
Redacción
La causa contra los dos jóvenes de Arinaga detenidos por la filtración masiva de datos de Pedro Sánchez y otros cargos públicos se instruirá finalmente en Gran Canaria, después de que la Audiencia Nacional descartara que los hechos investigados constituyan un delito de terrorismo informático.
La Sala de lo Penal ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal y ha ordenado remitir la instrucción a los juzgados de Gran Canaria un año después de que el caso se abriera con los registros de los domicilios familiares de los detenidos en Arinaga.
Los hechos se remontan a finales de junio de 2025, cuando la Comisaría General de Información detectó la publicación, a través de un canal público de Telegram y de un enlace externo alojado en el foro doxbin.com, de datos personales de decenas de políticos y periodistas: nombres, números de DNI, teléfonos, domicilios y correos electrónicos.
Entre los afectados figuraban el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y hasta nueve ministros, además de periodistas de proyección nacional.
En publicaciones posteriores se difundieron también credenciales de acceso a la web del PSOE y más de 3.000 credenciales del portal de afiliados/as de Podemos.
Las pesquisas policiales, con apoyo de una intervención telefónica, condujeron hasta Y.O.Q., un joven de 19 años, vecino de Arinaga, al que se atribuyó la autoría de las filtraciones bajo el seudónimo Akkaspace.
La investigación situó junto a él a C.E.S.M., también de 19 años y allegado al primero, presuntamente vinculado al alias Pakito y señalado como la persona que habría colaborado en el cobro, a través de criptomonedas, del dinero obtenido por la venta de acceso a los datos sustraídos.
Ambos fueron detenidos el 1 de julio de 2025 en un operativo policial desplegado en Arinaga, y fueron trasladados a Madrid para pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional.
El instructor del Juzgado Central de Instrucción número 1 llegó a calificar los hechos como un posible delito de terrorismo de baja intensidad, al entender que la difusión de los datos, unida a una presunta campaña de acoso y amenazas contra las víctimas, entre ellas llamadas con amenaza de bomba a un periodista y mensajes con alusiones vindicativas, perseguía coaccionar a las instituciones del Estado y desestabilizar el sistema político.
El propio Y.O.Q. llegó a definirse públicamente como integrante de un grupo de "terroristas de internet", aunque siempre sostuvo que actuaba en solitario y que su motivación no era política sino, según sus propias palabras difundidas en varias entrevistas, una respuesta a lo que consideraba corrupción generalizada.
El Ministerio Fiscal discrepó desde el inicio de esa calificación y defendió que la competencia debía trasladarse a los tribunales de la isla al no apreciar indicios objetivos de finalidad terrorista.
La Audiencia Nacional le ha dado ahora la razón: la Sala considera que la animadversión hacia una determinada clase política que pudieran haber expresado los investigados no implica automáticamente una voluntad de desestabilizar el sistema institucional, y apunta a que los hechos podrían encajar más bien en un delito de revelación de secretos en su modalidad agravada, extremo que deberá determinarse durante la instrucción.
El Tribunal descarta asimismo que pueda apreciarse un delito contra las altas instituciones del Estado, al no constar ataques informáticos dirigidos directamente contra ellas.
Los jóvenes permanecen en libertad provisional sin fianza, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de comunicarse entre ellos, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas ante el juzgado.
Con la remisión de la causa a Gran Canaria, la instrucción del caso que puso en jaque la ciberseguridad del Estado regresa así a la isla donde arrancó.
La Sala de lo Penal ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal y ha ordenado remitir la instrucción a los juzgados de Gran Canaria un año después de que el caso se abriera con los registros de los domicilios familiares de los detenidos en Arinaga.
Los hechos se remontan a finales de junio de 2025, cuando la Comisaría General de Información detectó la publicación, a través de un canal público de Telegram y de un enlace externo alojado en el foro doxbin.com, de datos personales de decenas de políticos y periodistas: nombres, números de DNI, teléfonos, domicilios y correos electrónicos.
Entre los afectados figuraban el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y hasta nueve ministros, además de periodistas de proyección nacional.
En publicaciones posteriores se difundieron también credenciales de acceso a la web del PSOE y más de 3.000 credenciales del portal de afiliados/as de Podemos.
Las pesquisas policiales, con apoyo de una intervención telefónica, condujeron hasta Y.O.Q., un joven de 19 años, vecino de Arinaga, al que se atribuyó la autoría de las filtraciones bajo el seudónimo Akkaspace.
La investigación situó junto a él a C.E.S.M., también de 19 años y allegado al primero, presuntamente vinculado al alias Pakito y señalado como la persona que habría colaborado en el cobro, a través de criptomonedas, del dinero obtenido por la venta de acceso a los datos sustraídos.
Ambos fueron detenidos el 1 de julio de 2025 en un operativo policial desplegado en Arinaga, y fueron trasladados a Madrid para pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional.
El instructor del Juzgado Central de Instrucción número 1 llegó a calificar los hechos como un posible delito de terrorismo de baja intensidad, al entender que la difusión de los datos, unida a una presunta campaña de acoso y amenazas contra las víctimas, entre ellas llamadas con amenaza de bomba a un periodista y mensajes con alusiones vindicativas, perseguía coaccionar a las instituciones del Estado y desestabilizar el sistema político.
El propio Y.O.Q. llegó a definirse públicamente como integrante de un grupo de "terroristas de internet", aunque siempre sostuvo que actuaba en solitario y que su motivación no era política sino, según sus propias palabras difundidas en varias entrevistas, una respuesta a lo que consideraba corrupción generalizada.
El Ministerio Fiscal discrepó desde el inicio de esa calificación y defendió que la competencia debía trasladarse a los tribunales de la isla al no apreciar indicios objetivos de finalidad terrorista.
La Audiencia Nacional le ha dado ahora la razón: la Sala considera que la animadversión hacia una determinada clase política que pudieran haber expresado los investigados no implica automáticamente una voluntad de desestabilizar el sistema institucional, y apunta a que los hechos podrían encajar más bien en un delito de revelación de secretos en su modalidad agravada, extremo que deberá determinarse durante la instrucción.
El Tribunal descarta asimismo que pueda apreciarse un delito contra las altas instituciones del Estado, al no constar ataques informáticos dirigidos directamente contra ellas.
Los jóvenes permanecen en libertad provisional sin fianza, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de comunicarse entre ellos, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas ante el juzgado.
Con la remisión de la causa a Gran Canaria, la instrucción del caso que puso en jaque la ciberseguridad del Estado regresa así a la isla donde arrancó.