Antonio Morales*En estos momentos de crisis, en los que muchas familias y pequeñas y medianas empresas viven los peores momentos de su vida; en los que el miedo, la desazón y la incertidumbre sobre lo que se nos avecina, ocupan la principal preocupación del imaginario colectivo, las ganancias de las más importantes empresas eléctricas españolas, el aprovechamiento impúdico de sus directivos y sus presiones para exprimir al máximo a los ciudadanos de a pie, raya la mayor de las inmoralidades.
En los últimos nueve meses, Repsol, en cuyo accionariado participan Sacyr, Pemex, BBV y La Caixa, entre otros, ha ganado la friolera de 2.800 millones de euros. Hasta septiembre de este año, Gas Natural (Hisusa, La Caixa, Caixa de Catalunya, Repsol…) ha tenido un resultado favorable de 804,6 millones. También entre enero y septiembre, Endesa (Caja Madrid, La Caixa, Acciona, Bolsa…) ha presentado un balance positivo de 6.801 millones, un 243% más que en el mismo periodo del 2007, si bien es verdad, que en este caso se incluyen las plusvalías generadas por las ventas de activos de E.ON. Sin estas plusvalías, las ganancias serían de 2.014 millones, un 25% más que el año pasado, y sus ingresos crecieron en un 31,5%, es decir 17.460 millones. Por su parte Iberdrola (BBV y las Cajas vascas) en su última rendición de resultados, ha anunciado que han ganado en el último ejercicio la friolera de 2.533 millones, un 45% más que en el año anterior.
El despilfarro en el pago a sus directivos por estas empresas es de Juzgado de Guardia. El Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que dirige todo un país y al que nadie discute su dedicación y responsabilidad al frente del Gobierno de España, gana mensualmente una cantidad que gira en torno a los siete mil euros, unos noventa mil euros al año que equivalen a quince millones de las antiguas pesetas. Pues bien, asómbrense cuando lean a continuación la remuneración de los presidentes de las más importantes eléctricas españolas: José Manuel Entrecanales mantiene el mismo sueldo que su antecesor Manuel Pizarro, que se embolsaba anualmente 3,6 millones de euros, casi cuatrocientos millones de pesetas. A él y a su equipo, se les indemnizó con 22 millones de euros cuando dejaron la compañía, unos tres mil seiscientos millones de pesetas de nada. El Consejo de Administración de Endesa percibe en su conjunto, unos sueldos de 30 millones de euros cada año. Antoni Brufau, Presidente de Repsol no tiene ningún escrúpulo en firmar una nómina anual de 4 millones de euros, lo mismo que Ignacio Sánchez Galán, el responsable de Iberdrola, que gana anualmente 4,4 millones de euros y que el Presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, que ingresa en su cuenta, año tras año, más de tres millones de euros.
Cada año, estas compañías energéticas gastan millones de euros en publicidades engañosas, casi siempre hablándonos, a doble página, de lo "verdes" que son, con la pretensión de comprar y tener callados a muchos medios de comunicación, ante sus desafueros en el mantenimiento de la redes eléctricas (acuérdense del Delta en Tenerife) o en el mantenimiento de centrales nucleares como las de Ascó o Vandellós, donde en varias ocasiones se han producido graves accidentes por negligencias.
No se cortan un pelo a la hora de presionar para poner y quitar ministros, como hizo público el propio Joan Clos tras su cese. Tampoco muestran ningún tipo de escrúpulos a la hora de poner un sector estratégico nacional como éste en manos de la voracidad del imperialismo ruso, como ha ocurrido recientemente con Repsol-Sacyr, que no dudaron en ofertar un 20% de sus acciones a Gazprom. Donde pueden comprar gobiernos y voluntades, destruyen hidroeléctricas y explotan gas y petróleo sin la debida preservación del medio ambiente. En la mayoría de los países emergentes no realizan las mismas auditorias ambientales ni cumplen los mismos estándares de calidad ambiental en sus obras como lo hacen en territorio europeo.
De facto, en España, constituyen un verdadero oligopolio, un auténtico oligopolio a cuatro manos, que da lugar a un monopolio en porciones donde se reparten de manera consensuada el territorio.
En los últimos nueve meses, Repsol, en cuyo accionariado participan Sacyr, Pemex, BBV y La Caixa, entre otros, ha ganado la friolera de 2.800 millones de euros. Hasta septiembre de este año, Gas Natural (Hisusa, La Caixa, Caixa de Catalunya, Repsol…) ha tenido un resultado favorable de 804,6 millones. También entre enero y septiembre, Endesa (Caja Madrid, La Caixa, Acciona, Bolsa…) ha presentado un balance positivo de 6.801 millones, un 243% más que en el mismo periodo del 2007, si bien es verdad, que en este caso se incluyen las plusvalías generadas por las ventas de activos de E.ON. Sin estas plusvalías, las ganancias serían de 2.014 millones, un 25% más que el año pasado, y sus ingresos crecieron en un 31,5%, es decir 17.460 millones. Por su parte Iberdrola (BBV y las Cajas vascas) en su última rendición de resultados, ha anunciado que han ganado en el último ejercicio la friolera de 2.533 millones, un 45% más que en el año anterior.
El despilfarro en el pago a sus directivos por estas empresas es de Juzgado de Guardia. El Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que dirige todo un país y al que nadie discute su dedicación y responsabilidad al frente del Gobierno de España, gana mensualmente una cantidad que gira en torno a los siete mil euros, unos noventa mil euros al año que equivalen a quince millones de las antiguas pesetas. Pues bien, asómbrense cuando lean a continuación la remuneración de los presidentes de las más importantes eléctricas españolas: José Manuel Entrecanales mantiene el mismo sueldo que su antecesor Manuel Pizarro, que se embolsaba anualmente 3,6 millones de euros, casi cuatrocientos millones de pesetas. A él y a su equipo, se les indemnizó con 22 millones de euros cuando dejaron la compañía, unos tres mil seiscientos millones de pesetas de nada. El Consejo de Administración de Endesa percibe en su conjunto, unos sueldos de 30 millones de euros cada año. Antoni Brufau, Presidente de Repsol no tiene ningún escrúpulo en firmar una nómina anual de 4 millones de euros, lo mismo que Ignacio Sánchez Galán, el responsable de Iberdrola, que gana anualmente 4,4 millones de euros y que el Presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, que ingresa en su cuenta, año tras año, más de tres millones de euros.
Cada año, estas compañías energéticas gastan millones de euros en publicidades engañosas, casi siempre hablándonos, a doble página, de lo "verdes" que son, con la pretensión de comprar y tener callados a muchos medios de comunicación, ante sus desafueros en el mantenimiento de la redes eléctricas (acuérdense del Delta en Tenerife) o en el mantenimiento de centrales nucleares como las de Ascó o Vandellós, donde en varias ocasiones se han producido graves accidentes por negligencias.
No se cortan un pelo a la hora de presionar para poner y quitar ministros, como hizo público el propio Joan Clos tras su cese. Tampoco muestran ningún tipo de escrúpulos a la hora de poner un sector estratégico nacional como éste en manos de la voracidad del imperialismo ruso, como ha ocurrido recientemente con Repsol-Sacyr, que no dudaron en ofertar un 20% de sus acciones a Gazprom. Donde pueden comprar gobiernos y voluntades, destruyen hidroeléctricas y explotan gas y petróleo sin la debida preservación del medio ambiente. En la mayoría de los países emergentes no realizan las mismas auditorias ambientales ni cumplen los mismos estándares de calidad ambiental en sus obras como lo hacen en territorio europeo.
De facto, en España, constituyen un verdadero oligopolio, un auténtico oligopolio a cuatro manos, que da lugar a un monopolio en porciones donde se reparten de manera consensuada el territorio.
Pues bien, para beneficiar a estas "pobrecitas y necesitadas" empresas, en el año 1999, el primer Gobierno de José María Aznar, aprobó las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas del Sector Eléctrico, "al considerarse que se han producido cambios en la normativa del sector eléctrico, que restituyen la regulación del sistema de cobro de los Costes de Transición a la Competencia a la situación anterior a la Ley 50/1998", lo que suponía, en román paladino, que se les inyectaba, con el dinero de todos nosotros, los contribuyentes españoles, para hacer frente a la competencia del libre mercado europeo, mas de cien mil millones de pesetas en ese primer año, hasta llegar al cobro de 1,3 billones de pesetas en los diez años siguientes, con el compromiso tácito de no subirnos las tarifas eléctricas a los usuarios.
Un cuento chino. Hace unos meses, la Comisión Nacional de la Energía peleó hasta lograr que las tarifas eléctricas españolas subieran en un 11%, lo que consiguió para algunos sectores, a pesar de la negativa inicial del Ministro Sebastián. En concreto 18 millones de hogares padecen desde ese momento un aumento de entre un 7,3% y un 8,3%.
Pero a estos insaciables no les ha bastado. Ahora vuelven a la carga pidiendo el aumento de un 31% de la tarifa eléctrica de los españoles, y de nuevo de la mano de la CNE, un órgano aparentemente independiente, que se nombra por seis años sin que sus miembros puedan ser sustituidos y que está presidido por María Teresa Costa Campí, ex Secretaria de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña y diputada por Barcelona por el PSC-PSOE.
Como en aquella otra ocasión, el Ministro de Industria ha mostrado su rechazo a la propuesta, pero mucho me temo que, como en aquella otra ocasión, volvamos a ver en muy poco tiempo, en los peores momentos, una nueva subida en la factura eléctrica para los hogares y para la pequeña y mediana empresa. La táctica es la misma: pido una subida muy grande y después me la dejan por encima de la mitad.
Menos mal que la CNE "es un órgano regulador de los sistemas energéticos y tiene como principales objetivos velar por la competencia efectiva de los sistemas energéticos y por la objetividad y transparencia de sus funcionamientos, en beneficio de los que operan en el sistema y de los consumidores". Vela mucho por los consumidores, sí señor, y a lo mejor todavía no ha caído en preguntarse por qué se justificaban todos los aumentos de los precios por la subida del barril de petróleo hasta 130 dólares y, ahora que está a 51 dólares, estos mismos precios se mantienen y no bajan y sí, por el contrario, se pide que suban las tarifas eléctricas. Bendita imparcialidad.
Un cuento chino. Hace unos meses, la Comisión Nacional de la Energía peleó hasta lograr que las tarifas eléctricas españolas subieran en un 11%, lo que consiguió para algunos sectores, a pesar de la negativa inicial del Ministro Sebastián. En concreto 18 millones de hogares padecen desde ese momento un aumento de entre un 7,3% y un 8,3%.
Pero a estos insaciables no les ha bastado. Ahora vuelven a la carga pidiendo el aumento de un 31% de la tarifa eléctrica de los españoles, y de nuevo de la mano de la CNE, un órgano aparentemente independiente, que se nombra por seis años sin que sus miembros puedan ser sustituidos y que está presidido por María Teresa Costa Campí, ex Secretaria de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña y diputada por Barcelona por el PSC-PSOE.
Como en aquella otra ocasión, el Ministro de Industria ha mostrado su rechazo a la propuesta, pero mucho me temo que, como en aquella otra ocasión, volvamos a ver en muy poco tiempo, en los peores momentos, una nueva subida en la factura eléctrica para los hogares y para la pequeña y mediana empresa. La táctica es la misma: pido una subida muy grande y después me la dejan por encima de la mitad.
Menos mal que la CNE "es un órgano regulador de los sistemas energéticos y tiene como principales objetivos velar por la competencia efectiva de los sistemas energéticos y por la objetividad y transparencia de sus funcionamientos, en beneficio de los que operan en el sistema y de los consumidores". Vela mucho por los consumidores, sí señor, y a lo mejor todavía no ha caído en preguntarse por qué se justificaban todos los aumentos de los precios por la subida del barril de petróleo hasta 130 dólares y, ahora que está a 51 dólares, estos mismos precios se mantienen y no bajan y sí, por el contrario, se pide que suban las tarifas eléctricas. Bendita imparcialidad.
*Antonio Morales es Alcalde del Ayuntamiento de Agüimes.
