Domingo, 13 de febrero.Antonio Morales*
Nos quieren dejar sin letras. Sí, es cierto, pero no se me ilusionen, no piensen que los "mercados" se han ablandado y nos van a liberar de pagar las deudas. No es eso. Me refiero a que el Gobierno de Canarias, por una negligencia o de manera interesada, para no tener que poner ni un euro, dejó vencer el año pasado un convenio con el Gobierno español por el que se conseguía para cada ejercicio un fondo de 1.551.310 euros para la dotación de libros a las bibliotecas públicas de Canarias. Se libra el Gobierno así de consignar su parte (775. 665 euros), aunque no está claro que alguna vez la aportaran, recurriendo para ello, según parece, a certificaciones y justificaciones de las universidades canarias, deja a las bibliotecas municipales en una situación de precariedad absoluta y pone la puntilla a muchas pequeñas y medianas librerías a las que estas compras anuales les suponían un balón de oxígeno importante.
Y llegados a este punto, uno podría pensar que a lo mejor fue un error, aunque se tardara nueve meses en devolver firmado el convenio a Madrid, pero es que llueve sobre mojado. Resulta que este Gobierno, el nuestro, tenía hasta hace muy poco una Dirección General del Libro, que "se cargó" con la manida excusa de la crisis (aunque sobreviven otras muchas direcciones generales, además de distintas empresas públicas, de muchísima menos justificación) a pesar de que Canarias es la única comunidad Autónoma sin Ley de Bibliotecas y de que no alcanzamos el índice de lectura medio español, estando 15 puntos por debajo de Madrid, y por detrás, a cuatro o cinco puntos, del País Vasco, La Rioja, Cantabria, Cataluña, Aragón, Navarra, etc. Y esto sucede precisamente ahora, cuando las bibliotecas tiene más usuarios que nunca, cuando la ciudadanía tiene menos recursos económicos para comprar libros y acude a los préstamos…
Y encima, la Directora General de Patrimonio Histórico, que es la que ha asumido la gestión de la cosa esa de los libros, me imagino que con toda intención, ya que deben opinar que las bibliotecas deben ser reliquias del pasado, echa la culpa a los ayuntamientos: ("no puede ser que no aporten nada de sus presupuestos para la compra de libros"), olvidándose de que son precisamente los municipios los que hacen el mayor esfuerzo construyendo las instalaciones, manteniéndolas, contratando el personal, potenciándolas, difundiéndolas.
Por favor, aunque sólo sea para que se cumplan los aforismos de Nietzsche y Ray Bradbury ("Tenemos el arte para que la verdad no nos mate,..., que enseñe a respirar y haga latir la sangre"), no nos sigan recortando por ahí. Aunque sólo sea para romper esa aceptación tácita de que, como decía Paulino Rivero recientemente, "nos falta formación", de que estemos a la cola de todo el Estado en materia educativa. No nos sigan recortando por ahí.
En estos días, en la Reunión de Ministros de Cultura de América latina y el Caribe, en Buenos Aires, el Secretario de Cultura argentino decía que "la cultura tiene un papel decisivo para terminar con la corrupción que viene de la mano de las ideas que entronizan el consumismo sobre el ciudadano". Y es que en estos momentos de crisis salen también a la luz las prioridades, los valores de los que nos gobiernan. Estamos hablando de conocimientos, de humanismo, de formación integral del individuo. Estamos hablando de aportar los medios necesarios para dotarnos de ciudadanos libres. La reforma laboral, el pensionazo, la privatización de las cajas y la quiebra de lo público sólo se pueden combatir con hombres y mujeres capaces de ser críticos con lo que sucede a su alrededor y las instituciones públicas tenemos que hacer lo posible para favorecerlo.
Pero aunque a algunos les suene raro eso de los valores, el humanismo y los ciudadanos libres y formados y sólo les interese lo de los mercados, los negocios y esas cosas, resulta que la cultura es también economía. Miren, la industria cultural de este país representa el 3% del PIB, emplea a más de 550.000 personas y mueve cada año más de 32.000 millones de euros y el apartado de libros y prensa representa el 40,9% del total, exactamente el 1,3 % del PIB.
La industria cultural ha conseguido poner la cultura al servicio de la comunidad (Adorno) que ha dejado de ser, de esta manera, para el disfrute de una élite y permite abrir espacios para la democracia que hoy pretenden desde diversos sectores poner bajo mínimos. La política de recortes en la cultura, la pérdida lesiva de subvenciones para ahorrar la aportación propia, es la mejor manera de hacerse cómplice de este ataque al Estado de derecho y al Estado de bienestar al que nos están abocando.
Déjennos los libros siquiera para, como escribió Italo Calvino, "buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
