Martes, 14 de junio.
Antonio Morales*
La pasada semana se reunió la comisión del Parlamento canario para la reforma del sistema electoral. Los primeros pasos que dieron nos hacen sospechar que la reforma nace bichada. Una de las primeras medidas ha sido limitar el número de expertos que podrán pasar por la comisión parlamentaria para realizar sus aportaciones sobre el sistema electoral. Coalición Canaria, el PSOE y la Agrupación Socialista Gomera, tres fuerzas políticas que suman 351.204 votos, podrán citar a 10 expertos, mientras que el PP, Podemos y Nueva Canarias, que en las elecciones autonómicas lograron 394.376 votos, podrán citar a 7. Como ven, todo tan democrático y proporcional como el sistema electoral que queremos reformar precisamente las fuerzas que representan a la mayoría de los ciudadanos que fueron a votar.
La semana pasada el foro cívico Demócratas para el Cambio, que desde 2007 lleva denunciando los déficits democráticos del sistema electoral canario y movilizando a la sociedad de las islas para intentar su reforma, presentó el libro “Textos para la reforma electoral de Canarias”, una obra conformada por análisis de expertos universitarios en Ciencias Políticas, Economía y Derecho Constitucional que ha sido coordinada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, y por Vicente Mujica Moreno, presidente de Demócratas para el Cambio. El Cabildo de Gran Canaria ha apoyado la publicación de esta obra editada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En el libro se recogen algunas de las ponencias que se presentaron en las jornadas “El sistema electoral canario: la imperiosa necesidad de su reforma”, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria en septiembre del año pasado. Una de esas ponencias está recogida en el primer capítulo del libro, donde los profesores Carlos Fernández Esquer y José Ramón Montero señalan que “En general, los efectos de todos los sistemas electorales, mayoritarios o proporcionales, apuntan más a la desproporcionalidad que a su contraria, bien que existan serias diferencias de grado. Todos los sistemas tienden a ser, cuando menos, algo desproporcionales, pero buscan evitar asimismo una desproporcionalidad extrema. En el primer análisis estadístico comparado entre países, Douglas W. Rae acudía a los términos de una célebre novela de Howard Pyle para concluir que, como el alguacil de Nottingham, el régimen electoral suele robar al pobre y dar al rico: habitualmente los partidos mayoritarios obtienen un número de escaños superior a su parte proporcional, mientras que los partidos pequeños reciben un número inferior”.
En uno de los cuadros que recoge el libro podemos comprobar que el partido político más beneficiado por nuestro sistema electoral es Coalición Canaria, que con el 17,92% de los votos ocupa el 30% de los escaños (una prima del 12,08%). El segundo beneficiado es el PSOE: con el 19,53 % de los votos cuenta el 25% de los parlamentarios, el tercer partido más beneficiado fue la Agrupación Socialista Gomera con un 0,55% de los votos y el 5% de los escaños (una prima del 4,45%). El cuarto puesto entre los beneficiados lo ostenta el Partido Popular. Las perjudicadas son en primer lugar Ciudadanos que logró el 5,84% de los votos, pero al no superar la barrera autonómica del 6% no tuvo ningún escaño. De los partidos que sí obtuvieron representación el más perjudicado fue Podemos que con el 14,28% de los votos tiene el 11,67% de los escaños (un 2,61% de penalización) y Nueva Canarias que con un 10,05 del respaldo electoral solo tiene el 8,33 % de los escaños (un 1,72% de penalización).
Los defensores de la desproporcionalidad de los sistemas electorales, que suelen ser los portavoces de los partidos mayoritarios, suelen decir: “con este sistema nos presentamos todos, y unos logramos más apoyo y otros menos. Pero se nos aplica igual”. Además suelen decirlo como si estuviesen improvisando un planteamiento filosófico de cosecha propia. Pero ya George Orwell escribió ese guión con su novela “Rebelión en la granja”, donde los siete mandamientos que debían cumplir todos los animales para garantizar una convivencia pacífica se fueron transformando por la manipulación de los que ostentaban el poder. El séptimo mandamiento pasó de enunciarse como “Todos los animales son iguales” a “Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros”. Coalición Canaria lleva tres legislaturas perdiendo las elecciones autonómicas, quedándose la segunda o tercera fuerza en número de votos, y sin embargo el sistema electoral actual le favorece; su implantación en las islas no capitalinas le da un plus de representatividad que no tiene que ver con lo que es la verdadera democracia, que es la representación de la ciudadanía.
Una clave importante para entender la cerrazón de Coalición Canaria a cambiar nuestro sistema electoral la da en el libro mencionado el catedrático de Ciencia Política y de la Administración Pública de la Universidad de La Laguna, Juan Hernández Bravo de Laguna, cuando señala que ”no existen sistemas electorales neutros o inocentes. Todos los sistemas electorales comportan efectos políticos determinados y afectan cualitativa y cuantitativamente a la representación política, es decir, a la composición de las Cámaras representativas”. Es indiscutible que el empeño de Coalición Canaria por paralizar cualquier intento de reforma electoral obedece a sus intereses partidistas, porque saben que su organización tiene esa estructura insularista repartida por las 8 islas, y en la formación de gobiernos que obedecen a esos repartos.
Muchos de los expertos que han estudiado el sistema electoral canario coinciden en que su desproporcionalidad ha influido negativamente en las políticas públicas y en el bienestar de la ciudadanía. En este sentido el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Romero, considera que “el sistema electoral conduce al insularismo: El sistema de elección deja entrever que los representantes y gestores políticos no aplicarán la racionalidad y el interés común de todos los canarios en sus decisiones y que prevalecerá la arbitrariedad de las decisiones de políticas públicas en la búsqueda de equilibrios territoriales insularistas”.
Una consecuencia de esa visión de la política sería, según Manuel Romero, la actitud que ha tenido el Gobierno de Fernando Clavijo en sus planteamientos sobre el reparto del IGTE: “En particular el Gobierno de Canarias, a los pocos meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, ya puso de manifiesto el sesgo territorial en sus políticas con el reparto de los recursos públicos recuperados del extinto Impuesto General al Tráfico de Empresas (IGTE) en función de la triple paridad. En su lugar el procedimiento debía haber sido evaluar, jerarquizar, financiar e implementar aquellas políticas públicas que garanticen las máxima rentabilidad de los fondos invertidos, lo que sin duda tiene un coste en términos de bienestar social y crecimiento económico sostenible para la comunidad canaria en su conjunto”.
Después de 30 años de autonomía es hora de cambiar un sistema electoral que está entre los más desiguales del mundo. No pueden seguir prevaleciendo los intereses partidistas de una organización que en estos momentos es la tercera fuerza política en votos y que, sin embargo, lleva 25 años controlando la mayor parte del poder autonómico de Canarias. La deriva antidemocrática a la que nos ha llevado este sistema electoral ha provocado algo insólito: en estos momentos los partidos que respaldan al Gobierno canario, Coalición Canaria y el PSOE, tienen la mayoría absoluta parlamentaria pero suman 346.115 votos, mientras que las fuerzas políticas de la oposición suman 399.465 electores. Una diferencia de más de 53.000 votos…a favor de la oposición.
El estatuto de autonomía nos permite aumentar hasta 70 el número de escaños, algo que nos podría servir para incrementar la representación de las islas más pobladas. No podemos mantener las barreras electorales más altas y antidemocráticas del mundo occidental. Si queremos avanzar en la conciencia de país deberíamos contemplar además de la circunscripción insular una circunscripción autonómica. Tampoco es presentable desde el punto de vista democrático la triple paridad que deja en manos del 15% de la población la elección de la mitad del Parlamento. Todo esto nos ha situado en una de las autonomías con mayor déficit democrático de todo el estado. Vivimos una situación que tiene unos responsables, los que se siguen oponiendo a cambiar este sistema electoral. Y unas víctimas: los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomorales-blog.com)
