Martes, 23 de febrero.
Antonio Morales*
Desde finales del verano, con el recrudecimiento de la crisis migratoria en Canarias (que es en realidad una crisis de gestión derivada de políticas nefastas), vengo denunciando la intención de la Unión Europea y de España de convertir a las islas, y especialmente a las que concentran un mayor número de llegadas por mar, en una cárcel para personas migrantes.
Mi insistencia durante los últimos meses se debe a que creo que es importante entender que imágenes indignas como las que se dieron en el Muelle de Arguineguín, o las que se están dando en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) como el de Barranco Seco, el Canarias 50 en el barrio de La Isleta en Gran Canaria o en Las Raíces en Tenerife, no son algo puntual, sino que forman parte de una política de la UE, refrendada a través de los hechos por el Gobierno de España que la aplica en Canarias.
La Unión Europea parte de una premisa completamente errónea a la hora de afrontar su política migratoria, esto es, que la inmigración es algo negativo y que por lo tanto podemos y debemos evitar y minimizar al máximo la llegada de personas al continente. Y para conseguirlo ha recurrido a lo que muchas organizaciones llaman una política de «externalización de fronteras». Por un lado se paga a terceros países por los que suelen pasar las rutas migratorias (como Marruecos o Turquía) para que impidan que esas personas prosigan su viaje hacia Europa, en muchos casos cometiendo flagrantes violaciones de derechos humanos. Por otro lado, a aquellos que han conseguido proseguir su viaje se les retiene en los territorios insulares fronterizos de la UE como vimos en Lesbos, en Lampedusa y estamos constatando en nuestras islas.
Hace apenas unos meses, la Comisión Europea presentó su propuesta para un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que sustituiría al aprobado en 2008 y que está vigente en la actualidad. Esta propuesta ha recibido el rechazo de la totalidad de las organizaciones sociales que trabajan en torno a la situación migratoria ya que implica una profundización en la actual política de militarización de fronteras e insolidaridad entre países (haciendo recaer la principal responsabilidad de la gestión en los países receptores) además de rebajar las garantías en la gestión en frontera.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya ha mostrado su oposición al proyecto, asegurando que "supone más de lo mismo, no pone remedios a los fallos evidenciados desde 2015 y sigue incidiendo en todo aquello que no ha funcionado en términos de derechos". Su directora general, Estrella Galán cree que "es desolador ver cómo los países que se niegan a acoger personas refugiadas y migrantes han vuelto a ganar la batalla llegándose incluso a facilitar un menú a la carta para que los Estados puedan elegir entre patrocinar repatriaciones o asumir reubicaciones de personas, lo que traiciona la esencia del Pacto de Migraciones de la ONU".
El propio Gobierno de España ha mostrado sus reticencias y el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha pedido que el nuevo pacto incluya "plena solidaridad y responsabilidad en retorno" entre los países europeos. No deja de llamar la atención que el Gobierno de España le pida a la UE lo mismo que le pedimos desde Canarias y que sin embargo nos niega: que la acogida de personas migrantes y la posterior gestión de estos flujos de llegadas de personas migrantes se haga de manera solidaria entre todas las comunidades de España y no recaiga todo el peso en las islas.
Dentro de ese pacto se encuentra el Reglamento de Procedimiento de Asilo que, de aprobarse, consolidaría y daría cobertura legal a la actual situación que estamos viviendo y que nos convertiría en un territorio de detención y/o retención de personas migrantes y más concretamente, en este caso, de solicitantes de asilo. Este reglamento incluye una modificación en el procedimiento de asilo, con una nueva etapa previa a la solicitud en la que la persona es identificada y se establece si puede acogerse a este procedimiento. Esto es muy grave porque implica una desprotección de la persona y un nuevo impedimento para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional.
Pero es que, además, en dicho documento también se establece que durante el proceso (cuya duración no se delimita y por lo tanto es indeterminada) y también si su solicitud de asilo es rechazada, las personas deben permanecer en las "fronteras exteriores de la UE" (es decir territorios como Canarias) hasta que sean devueltas a sus países. En conjunto las mujeres y hombres migrantes podrían permanecer varios meses retenidos en las islas en contra de su voluntad.
Estos acuerdos, que aún son borradores y están en negociación, son completamente inaceptables para Canarias. La inmensa mayoría de la población de las islas, así como sus instituciones y organizaciones sociales, han expresado su rechazo a que se nos convierta en una cárcel. Queremos ser un territorio de acogida, no ser parte de una política de militarización de fronteras y de vulneración de derechos humanos complaciente con las posturas de la extrema derecha que gobierna en algunos países de la Unión Europea.
Como demócrata y nacionalista me parece evidente que Canarias tiene que tener voz en la configuración de una política que le va a afectar directamente con importantes consecuencias sociales y que nos va a discriminar estableciendo una frontera de facto entre Canarias y el resto de la Unión. El Gobierno de España tiene que aclarar cuál es su postura respecto al nuevo pacto así como al nuevo reglamento. Asimismo tiene que ser consecuente y aplicar dentro de sus fronteras la unidad que le exige al resto de países comunitarios.
Desde mi responsabilidad como presidente del Cabildo de Gran Canaria exijo que se cuente con la opinión de las instituciones y organizaciones canarias a la hora de definir esa postura. Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos reclamado en varias ocasiones la creación de una mesa de trabajo conjunta en la que, además de los ministerios con responsabilidades en la materia, estén presente el Gobierno de Canarias y los cabildos de las islas que registran la mayor parte de las llegadas.
Pero nada de esto va a ser posible sin la unidad de todos los que rechazamos estos proyectos y aspiramos a un cambio en las políticas migratorias. Quienes queremos que Canarias sea territorio de acogida y no de retención rechazamos los acuerdos que pretende revisar Europa. La continuidad de estas políticas equivocadas e injustas nos preocupan porque, además, indirectamente favorecen el auge del racismo y la xenofobia en nuestra tierra y alientan a los oportunistas que pretenden beneficiarse con los discursos de odio. Es una cuestión que nos afecta a todos y a todas y desde el Cabildo de Gran Canaria, con humildad pero con firmeza, vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para frenar esta deriva injustificable.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
