Martes, 8 de marzo.
Antonio Morales*
En el pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado el pasado 25 de febrero aprobamos una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. El texto ha sido consensuado con los ayuntamientos y se aprobará igualmente en los 21 consistorios de la isla. Y es que, aunque en los últimas décadas y años hayamos vivido una progresión positiva en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la llegada de la pandemia y la inestabilidad provocada por los problemas de suministros internacionales, la inflación y la guerra de Ucrania así como el ascenso electoral y el reforzamiento de un movimiento de extrema derecha internacional ponen en riesgo muchas de estas conquistas sociales.
En este escenario cobra especial importancia el 8 marzo para poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos y seguir reivindicando medidas que tengan como objetivo avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además del lacerante drama social de la violencia de género, la muestra más flagrante de la desigualdad de género se produce en el entorno laboral, con especial énfasis en la brecha salarial. La crisis sanitaria está poniendo en serio riesgo el ya de por sí lento proceso de equiparación salarial entre hombres y mujeres: si antes de la pandemia de la COVID 19 se estimaba que acabar con la brecha de género a nivel mundial costaría 99 años, ahora la cifra se coloca en 135 años, según los recientes informes de Intermón Oxfam.
Las mujeres sufren más las injusticias del mercado laboral: los salarios, la precariedad, la duración de los contratos, la tasa de paro… De hecho, según el informe 'Género y desigualdad laboral: La brecha salarial como indicador agregado' de la Fundación Alternativ@s, en 2018 los hombres en España ganaban, de media, un 27,3% más que las mujeres. A pesar de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años la crisis produce que esa tendencia se agrave teniendo en cuenta que casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de las personas asalariadas ha sido mayor durante la pandemia.
A pesar de que las mujeres que trabajan tienen, en términos agregados, un mayor nivel de formación que los hombres, esto no garantiza la ocupación de puestos mejor dotados o la asunción de cargos de responsabilidad sino que las discriminaciones que en el mundo laboral sufren son múltiples y frecuentes.
Además, hay colectivos femeninos que lo sufren en mayor medida. Es el caso de las mujeres migrantes que son especialmente invisibilizadas y discriminadas, ocupando puestos de trabajo con peores condiciones laborales o directamente en la ilegalidad y prácticamente sin protección y sufriendo, en ocasiones, una estigmatización asociada a su cultura, religión o etnia. También las mujeres trans han sufrido tradicionalmente una discriminación laboral severa, tanto en lo referente a la inserción laboral como una vez incorporadas a un puesto de trabajo, donde son sometidas, en multitud de ocasiones, a situaciones vejatorias y a la intromisión sistemática en su vida personal por su identidad de género.
En lo que respecta al mundo rural, los estereotipos de género siguen muy presentes y se sigue viendo el trabajo de las mujeres como una “ayuda familiar”. Muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrícolas y aportan tanto bienes como trabajo. Aun así, en la mayoría de los casos únicamente figura el hombre como titular de la explotación, por lo que la participación de ellas en las obligaciones, y también en los derechos que se desprende de esa gestión, se ve entorpecida para ser desarrollada en condiciones de igualdad, lo que repercute en una menor autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto de prestaciones o subsidios de protección laboral.
¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? En primer lugar y aunque parezca muy evidente hay que apostar por la unión para avanzar en igualdad, tal como reza la campaña institucional que el Cabildo de Gran Canaria ha lanzado con motivo del 8 de marzo. Una democracia no puede ser plena si discrimina a más de la mitad de la población. Es necesaria la unidad con firmeza de las personas demócratas y de todas las instituciones frente a los discursos de odio que cuestionan derechos elementales.
Pero esta unión también tiene que traducirse en políticas públicas que favorezcan la igualdad desde un enfoque interseccional, es decir, teniendo en cuenta las diversas formas de discriminación que operan de manera simultánea. En este sentido es fundamental incluir la cuestión de los cuidados como una tarea pública y compartida. El cuidado de nuestros niños y niñas o de nuestros mayores, por poner los dos ejemplos más evidentes, no puede seguir siendo asumido casi en exclusiva por mujeres y además sin remuneración.
Hay que fomentar acciones encaminadas al emprendimiento femenino desde el empoderamiento personal de las mujeres. Es también importante visibilizar a mujeres que pueden ser referentes por ocupar puestos de poder o espacios tradicionalmente masculinizados rompiendo los estereotipos de género: facilita que las niñas desde temprana edad sepan que pueden desempeñar el trabajo que deseen y que la sociedad en general vaya abandonando aquellas ideas preconcebidas que sean discriminatorias.
Hay que impulsar, como estamos haciendo, la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para visibilizar y reconocer profesional, social y económicamente el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Esto es especialmente importante en Gran Canaria, ya que las mujeres rurales pueden y deben tener un papel central en el nuevo modelo de desarrollo sostenible que estamos promoviendo desde el gobierno insular.
Y por supuesto no podemos olvidarnos de colectivos con serias dificultades de inserción laboral como mujeres trans, mujeres migrantes, racializadas, de entornos rurales o con diversidad funcional. Hay que promover no solo su integración en el mercado laboral, sino también la generación de puestos de trabajo adaptados a las diversas circunstancias y libres de discriminación.
En definitiva, afrontamos un 8 de marzo con mucho que celebrar pero también con mucho que reivindicar. Porque no podemos permitir que sean las mujeres las que paguen las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria ni que demos ni un paso atrás en el largo camino de la igualdad de derechos. Por eso, por encima de todo tenemos que reivindicar la unión en esta tarea. Porque la unión hace la igualdad.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
