Domingo, 25 de agosto.
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), organismo dependiente del Gobierno de Canarias, realizó hace poco más de dos años una operación especial para luchar contra las construcciones ilegales en suelo rústico de nuestro municipio.
En concreto, en ese entonces se incoaron 85 expedientes de restrablecimiento de la legalidad por infracciones en la zona de Vargas, de las que, en la actualidad, casi el 70% de estas infraestructuras han sido eliminadas, un porcentaje batante elevado, según explica la Directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Montserrat Ortega.
Estas acciones de restablecimiento ya han sido comprobadas gracias a la nueva unidad de drones para la vigilancia de la ordenación y protección ambiental que se puso en marcha este año, y los vuelos han constatado que una buena parte de las edificaciones que existían ya no están, por lo que el objetivo de restituir a su estado natural estos terrenos se está cumpliendo debido a que se actuó al tiempo.
El dispositivo puesto en marcha en febrero de 2022, que contó con la participación de la propia agencia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, Policía Local de Agüimes y la Unidad de Intervención con Dron de la Policía Local de Telde (Unidron), actuó sobre un área que alcanzaba unos 450.000 metros cuadrados en las que se asentaban dos parcelas de uso agrario que habían sido ilegalmente parceladas y construidas, buena parte de ellas cubiertas por plásticos de invernaderos y, en algunos casos, incluso con piscinas.
Por otro lado, la imposición de sanciones económicas, que pueden alcanzar los 350.000 euros, aún siguen su curso debido a los distintos recursos que han ido presentando las personas afectadas.
La Directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Montserrat Ortega, reconoce que tras la pandemia de la Covid-19 han aumentado los casos en Canarias, tanto los que detecta el organismo dependiente del ejecutivo regional como a través de las denuncias presentadas por otras administraciones.
Sólo el pasado año, se instruyeron más de 1.600 expedientes, y los vuelos de los drones, que facilitan la localización de irregularidades, han permitido incrementar la vigilancia.
En concreto, en ese entonces se incoaron 85 expedientes de restrablecimiento de la legalidad por infracciones en la zona de Vargas, de las que, en la actualidad, casi el 70% de estas infraestructuras han sido eliminadas, un porcentaje batante elevado, según explica la Directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Montserrat Ortega.
Estas acciones de restablecimiento ya han sido comprobadas gracias a la nueva unidad de drones para la vigilancia de la ordenación y protección ambiental que se puso en marcha este año, y los vuelos han constatado que una buena parte de las edificaciones que existían ya no están, por lo que el objetivo de restituir a su estado natural estos terrenos se está cumpliendo debido a que se actuó al tiempo.
El dispositivo puesto en marcha en febrero de 2022, que contó con la participación de la propia agencia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, Policía Local de Agüimes y la Unidad de Intervención con Dron de la Policía Local de Telde (Unidron), actuó sobre un área que alcanzaba unos 450.000 metros cuadrados en las que se asentaban dos parcelas de uso agrario que habían sido ilegalmente parceladas y construidas, buena parte de ellas cubiertas por plásticos de invernaderos y, en algunos casos, incluso con piscinas.
Por otro lado, la imposición de sanciones económicas, que pueden alcanzar los 350.000 euros, aún siguen su curso debido a los distintos recursos que han ido presentando las personas afectadas.
La Directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Montserrat Ortega, reconoce que tras la pandemia de la Covid-19 han aumentado los casos en Canarias, tanto los que detecta el organismo dependiente del ejecutivo regional como a través de las denuncias presentadas por otras administraciones.
Sólo el pasado año, se instruyeron más de 1.600 expedientes, y los vuelos de los drones, que facilitan la localización de irregularidades, han permitido incrementar la vigilancia.
