Sábado, 26 de julio.
Redacción
El Ministro de Política Terrirorial, Ángel Víctor Torres, calificó ayer de "temeridad" afirmar que se produzcan delitos en los centros para menores migrantes porque están saturados, en alusión a las declaraciones del Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al ser cuestionado sobre la clausura de un recurso de acogida en la Playa de Cabrón.
En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en un foro de La Provincia, Torres ha admitido que "objetivamente" los centros de acogida de menores inmigrantes de Canarias están saturados, pero defendió que no se debe atribuir a ello, sin más, lo ocurrido en el centro que gestionaba Quorum Social 77 en Arinaga porque se desconocen los detalles de la que investiga el Juzgado, ya que se encuentra bajo secreto de sumario.
"No puede haber delito que se consume o se demuestre que se ha realizado y decir que son otras cuestiones las que hacen que se produzcan, es una temeridad", recalcó.
El Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ordenó este jueves la clausura del centro de Arinaga, donde residían 148 menores, en una ampliación de las investigaciones que se llevan a cabo sobre los recursos de acogida que gestiona Quorum Social 77 para el Gobierno de Canarias.
La investigación responde a una denuncia que provocó el pasado mes de mayo el cierre de otro centro para 45 chicos-as en Santa Brígida por malos tratos que pueden constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la intergridad moral y amenazas.
El jueves, tras conocerse la decisión judicial, Fernando Clavijo expresaba en La Palma su "máxima preocupación" por lo sucedido y advertía que, "con tantos menores acogidos en las islas y durante tanto tiempo" es difícil que los controles sirvan, y agregó que "llevamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podrían ocurrir y esperemos que se aolo esto".
En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en un foro de La Provincia, Torres ha admitido que "objetivamente" los centros de acogida de menores inmigrantes de Canarias están saturados, pero defendió que no se debe atribuir a ello, sin más, lo ocurrido en el centro que gestionaba Quorum Social 77 en Arinaga porque se desconocen los detalles de la que investiga el Juzgado, ya que se encuentra bajo secreto de sumario.
"No puede haber delito que se consume o se demuestre que se ha realizado y decir que son otras cuestiones las que hacen que se produzcan, es una temeridad", recalcó.
El Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ordenó este jueves la clausura del centro de Arinaga, donde residían 148 menores, en una ampliación de las investigaciones que se llevan a cabo sobre los recursos de acogida que gestiona Quorum Social 77 para el Gobierno de Canarias.
La investigación responde a una denuncia que provocó el pasado mes de mayo el cierre de otro centro para 45 chicos-as en Santa Brígida por malos tratos que pueden constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la intergridad moral y amenazas.
El jueves, tras conocerse la decisión judicial, Fernando Clavijo expresaba en La Palma su "máxima preocupación" por lo sucedido y advertía que, "con tantos menores acogidos en las islas y durante tanto tiempo" es difícil que los controles sirvan, y agregó que "llevamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podrían ocurrir y esperemos que se aolo esto".
Por otra parte, el abogado defensor de Quorum Social 77, Ramón Jiménez, asegura que, "con más certezas que suposiciones", el cierre del centro de menores en la Playa de Cabrón, en Arinaga, se debe a una "denuncia falsa" de varias personas que trabajaron en la empresa y menores que fueron expulsados hace tiempo.
Según recoge El Día, esta teoría choca con la expresada también ayer por la Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que asegura que "fueron nuestros inspectores los que pusieron en conocimiento de la Fiscalía las posibles vejaciones a los menores, lo que demuestra, añade, que nuestra labor inspectora está funcionando", y recordó que en mayo ya se cerrró un centro en Bandama (Santa Brígida) "porque también detectamos irregularidades".
El letrado señala, asimismo, que "estamos a ciegas" porque el procedimiento está bajo secreto de sumario, pero quiso poner "el honor de la presidenta y de la empresa por encima de cualquier trabajador-a concreto" en el caso de que hubiera cometido algún delito.