Jueves, 5 de noviembre.
Redacción
El caso de Quórum Social 77 sitúa a Arinaga en el foco de una de las investigaciones más graves relacionadas con la gestión de los centros de acogida de menores migrantes en Canarias.
Las últimas informaciones publicadas por Canarias7, fruto del exhaustivo trabajo de investigación del periodista Francisco José Fajardo, después del levantamiento del secreto de sumario, arrojan nuevos detalles sobre las presuntas prácticas que se habrían producido en distintos recursos gestionados por esta asociación y, particularmente, sobre las denuncias relacionadas con el centro José García I, situado en la playa de Cabrón.
En este recurso, que llegó a albergar a 148 menores migrantes no acompañados, los testimonios recogidos en la investigación policial describen presuntas agresiones físicas, episodios de aislamiento durante varios días en dependencias de la planta baja, utilización de dispositivos táser y situaciones en las que las peticiones de asistencia médica de los jóvenes no habrían recibido respuesta.
Así lo recoge Fajardo en su información publicada el 2 de noviembre bajo el título "Caso Quórum Social 77: en el centro de menores de Arinaga hablan de palizas, un cuarto de encierro y un táser contra los migrantes".
La publicación de los primeros vídeos incorporados al procedimiento judicial ha permitido conocer imágenes de las presuntas agresiones y métodos de contención empleados contra algunos de los menores acogidos en centros de Quórum Social 77.
Las grabaciones, difundidas en exclusiva por Canarias7, mostrarían golpes, reducciones físicas violentas, insultos y encierros durante varios días en un baño, así como otras referencias al empleo de porras y pistolas láser.
La información ha sido recogida por Radio Televisión Canaria, que señala que la investigación judicial analiza posibles delitos de lesiones, odio, amenazas y contra la integridad moral, entre otros.
El sumario también recoge presuntos episodios de humillaciones y expresiones racistas y despectivas hacia los menores, ya que en otra de sus entregas, publicada el 3 de noviembre, Fajardo detalla conversaciones de trabajadores en grupos de mensajería en las que se habrían utilizado expresiones como "negros", "putas ratas" o "monos", una conversaciones que, según el periodista, ocupan un apartado específico en los informes de la Policía Canaria.
Las investigaciones periodísticas de Canarias7 también han puesto el foco en los mecanismos que presuntamente se habrían utilizado para evitar que las irregularidades salieran a la luz durante las inspecciones administrativas o las actuaciones policiales.
En su artículo "Los presuntos métodos de los centros de Quórum 77 para ocultar pruebas: cámaras apagadas, cambios de SIM y aislamiento de menores", publicado el 3 de noviembre, Fran Fajardo informa de posibles actuaciones para dificultar la detección de los hechos investigados.
Entre los procedimientos descritos figuran el apagado de cámaras de vigilancia, cambios de tarjetas SIM, reseteo de teléfonos móviles y el traslado de menores antes de determinadas inspecciones, aunque la investigación también apunta a posibles filtraciones sobre actuaciones policiales.
Otra de las informaciones del periodista aborda la selección del personal destinado a estos recursos y los criterios que presuntamente se habrían utilizado para incorporar a trabajadores con determinadas características físicas y conocimientos de artes marciales.
Las revelaciones no se limitan al trato dispensado a los menores, pues la gestión económica de Quórum Social 77, que gestionaba otros centros en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, constituye otra de las líneas de investigación.
En el artículo "Hasta 110 euros al día por menor aunque no estuviera: descontrol en el dinero público a Quórum Social 77", publicado también el 3 de noviembre, Fajardo recoge testimonios e informes que apuntarían a posibles irregularidades en la justificación de los fondos públicos destinados a la atención de los menores.
La investigación judicial contempla asimismo posibles delitos relacionados con el destino de los recursos económicos recibidos por la asociación, que ha gestionado numerosos centros financiados por el Gobierno de Canarias.
Se trata de cuestiones que deberán esclarecerse durante la instrucción judicial y que podrían tener consecuencias tanto para los responsables de la entidad como para los mecanismos de supervisión de la administración autonómica.
El centro José García I, situado en la playa de Cabrón, fue clausurado por orden judicial el 24 de julio de 2025, en el marco de una operación de la Policía Canaria que incluyó registros en diferentes instalaciones vinculadas a Quórum Social 77 y la detención de dos personas.
En aquel momento, el recurso acogía a 148 menores, que tuvieron que ser trasladados a otros dispositivos de protección del archipiélago.
La actuación judicial se produjo después del cierre, en mayo de ese mismo año, de otro centro gestionado por la asociación, La Fortaleza I, en Santa Brígida, tras las denuncias sobre presuntos malos tratos.
Desde entonces, la investigación ha continuado ampliándose y las nuevas revelaciones del sumario han permitido conocer la dimensión de los hechos que se investigan.
Las últimas publicaciones también han reabierto el debate sobre los controles que ejercía el Gobierno de Canarias sobre las entidades responsables de atender a los menores tutelados.
El Ejecutivo autonómico ha defendido el refuerzo de las inspecciones y ha manifestado su rechazo a cualquier vulneración de los derechos de los menores.
Así, su portavoz, Alfonso Cabello, ha asegurado que existe tolerancia cero ante las vejaciones, mientras que el presidente Fernando Clavijo ha defendido la actuación de los mecanismos de control.
La administración regional ha anunciado que solicitará acceso al sumario para estudiar su contenido y adoptar las decisiones que correspondan.
Las nuevas informaciones plantean interrogantes sobre cómo pudieron prolongarse determinadas situaciones denunciadas, qué conocimiento tenían los responsables de la entidad y qué capacidad de supervisión ejercieron los organismos públicos encargados de garantizar el bienestar de los menores.
Los hechos continúan sometidos a investigación y corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales, mientras que las revelaciones conocidas estos últimos días vuelven a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: la obligación de garantizar que todos los menores bajo tutela pública reciban protección, atención y un trato digno.
Las últimas informaciones publicadas por Canarias7, fruto del exhaustivo trabajo de investigación del periodista Francisco José Fajardo, después del levantamiento del secreto de sumario, arrojan nuevos detalles sobre las presuntas prácticas que se habrían producido en distintos recursos gestionados por esta asociación y, particularmente, sobre las denuncias relacionadas con el centro José García I, situado en la playa de Cabrón.
En este recurso, que llegó a albergar a 148 menores migrantes no acompañados, los testimonios recogidos en la investigación policial describen presuntas agresiones físicas, episodios de aislamiento durante varios días en dependencias de la planta baja, utilización de dispositivos táser y situaciones en las que las peticiones de asistencia médica de los jóvenes no habrían recibido respuesta.
Así lo recoge Fajardo en su información publicada el 2 de noviembre bajo el título "Caso Quórum Social 77: en el centro de menores de Arinaga hablan de palizas, un cuarto de encierro y un táser contra los migrantes".
La publicación de los primeros vídeos incorporados al procedimiento judicial ha permitido conocer imágenes de las presuntas agresiones y métodos de contención empleados contra algunos de los menores acogidos en centros de Quórum Social 77.
Las grabaciones, difundidas en exclusiva por Canarias7, mostrarían golpes, reducciones físicas violentas, insultos y encierros durante varios días en un baño, así como otras referencias al empleo de porras y pistolas láser.
La información ha sido recogida por Radio Televisión Canaria, que señala que la investigación judicial analiza posibles delitos de lesiones, odio, amenazas y contra la integridad moral, entre otros.
El sumario también recoge presuntos episodios de humillaciones y expresiones racistas y despectivas hacia los menores, ya que en otra de sus entregas, publicada el 3 de noviembre, Fajardo detalla conversaciones de trabajadores en grupos de mensajería en las que se habrían utilizado expresiones como "negros", "putas ratas" o "monos", una conversaciones que, según el periodista, ocupan un apartado específico en los informes de la Policía Canaria.
Las investigaciones periodísticas de Canarias7 también han puesto el foco en los mecanismos que presuntamente se habrían utilizado para evitar que las irregularidades salieran a la luz durante las inspecciones administrativas o las actuaciones policiales.
En su artículo "Los presuntos métodos de los centros de Quórum 77 para ocultar pruebas: cámaras apagadas, cambios de SIM y aislamiento de menores", publicado el 3 de noviembre, Fran Fajardo informa de posibles actuaciones para dificultar la detección de los hechos investigados.
Entre los procedimientos descritos figuran el apagado de cámaras de vigilancia, cambios de tarjetas SIM, reseteo de teléfonos móviles y el traslado de menores antes de determinadas inspecciones, aunque la investigación también apunta a posibles filtraciones sobre actuaciones policiales.
Otra de las informaciones del periodista aborda la selección del personal destinado a estos recursos y los criterios que presuntamente se habrían utilizado para incorporar a trabajadores con determinadas características físicas y conocimientos de artes marciales.
Las revelaciones no se limitan al trato dispensado a los menores, pues la gestión económica de Quórum Social 77, que gestionaba otros centros en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, constituye otra de las líneas de investigación.
En el artículo "Hasta 110 euros al día por menor aunque no estuviera: descontrol en el dinero público a Quórum Social 77", publicado también el 3 de noviembre, Fajardo recoge testimonios e informes que apuntarían a posibles irregularidades en la justificación de los fondos públicos destinados a la atención de los menores.
La investigación judicial contempla asimismo posibles delitos relacionados con el destino de los recursos económicos recibidos por la asociación, que ha gestionado numerosos centros financiados por el Gobierno de Canarias.
Se trata de cuestiones que deberán esclarecerse durante la instrucción judicial y que podrían tener consecuencias tanto para los responsables de la entidad como para los mecanismos de supervisión de la administración autonómica.
El centro José García I, situado en la playa de Cabrón, fue clausurado por orden judicial el 24 de julio de 2025, en el marco de una operación de la Policía Canaria que incluyó registros en diferentes instalaciones vinculadas a Quórum Social 77 y la detención de dos personas.
En aquel momento, el recurso acogía a 148 menores, que tuvieron que ser trasladados a otros dispositivos de protección del archipiélago.
La actuación judicial se produjo después del cierre, en mayo de ese mismo año, de otro centro gestionado por la asociación, La Fortaleza I, en Santa Brígida, tras las denuncias sobre presuntos malos tratos.
Desde entonces, la investigación ha continuado ampliándose y las nuevas revelaciones del sumario han permitido conocer la dimensión de los hechos que se investigan.
Las últimas publicaciones también han reabierto el debate sobre los controles que ejercía el Gobierno de Canarias sobre las entidades responsables de atender a los menores tutelados.
El Ejecutivo autonómico ha defendido el refuerzo de las inspecciones y ha manifestado su rechazo a cualquier vulneración de los derechos de los menores.
Así, su portavoz, Alfonso Cabello, ha asegurado que existe tolerancia cero ante las vejaciones, mientras que el presidente Fernando Clavijo ha defendido la actuación de los mecanismos de control.
La administración regional ha anunciado que solicitará acceso al sumario para estudiar su contenido y adoptar las decisiones que correspondan.
Las nuevas informaciones plantean interrogantes sobre cómo pudieron prolongarse determinadas situaciones denunciadas, qué conocimiento tenían los responsables de la entidad y qué capacidad de supervisión ejercieron los organismos públicos encargados de garantizar el bienestar de los menores.
Los hechos continúan sometidos a investigación y corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales, mientras que las revelaciones conocidas estos últimos días vuelven a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: la obligación de garantizar que todos los menores bajo tutela pública reciban protección, atención y un trato digno.