Miércoles, 9 de septiembre.
Canarias7
La representación legal de los trabajadores/as del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad del Sureste ya han advertido a la empresa concesionaria, AZ Servicios Urbanos y Medio Ambiente S.L. (Azsuma), y al ente supramunicipal que en el caso de no adoptar medidas concretas y efectivas para desbloquear la situación laboral de la plantilla no les va a quedar más remedio que convocar una huelga indefinida para defender sus derechos.
En un comunicado, los representantes de los trabajadores/as denuncian el "abandono, empobrecimiento y deterioro" que, a su juicio, está sufriendo el servicio, así como la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante siete años por una plantilla que presta un servicio que consideran esencial para los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana.
Según explican, cuando Azsuma se hizo cargo de la concesión en julio de 2023, era conocedora que desde el año 2020 los trabajadores/as habían aceptado la congelación de sus derechos solicitada por la Mancomunidad del Sureste con el fin de facilitar la entrada de una nueva empresa concesionaria que se hiciera cargo del servicio, y con la promesa de que estos fueran regularizados con la entrada de la nueva entidad.
La representación laboral señala que para recuperar esos derechos era necesario negociar un nuevo convenio colectivo, dado que el vigente acumula ya seis años de antigüedad y se encuentra, según denuncian, "totalmente vencido y caduco".
Los trabajadores/as manifiestan encontrarse hastiados del circulo vicioso en el que se encuentran inmersos y que se escenificó en la reunión de la mesa negociadora celebrada el pasado mes de mayo.
Según su versión, la representación de Azsuma trasladó que la empresa no tenía intención de asumir los compromisos que, según la plantilla, se habían acordado anteriormente, es decir, que no aceptaría acuerdos que supusieran incrementar "en un solo euro" el coste del servicio, al considerar que la responsabilidad correspondía a la Mancomunidad del Sureste.
Pero el punto de mayor crispación fue al darse cuenta que la empresa no presentó ni una sola propuesta concreta propia ni dieron respuestas a las que anteriormente se les había planteado por la representación laboral.
Los trabajadores/as rechazan este argumento y sostienen que no deben verse afectados por el circulo vicioso entre la empresa concesionaria y la administración.
"Ya está bien de excusas, de pasarse la pelota y dejar a los trabajadores/as en el limbo", y agregan que las discrepancias económicas entre ellos deben ser resueltas por ellos.
Así, reclaman en el comunicado que Azsuma asuma sus responsabilidades laborales con la plantilla, ya que a su juicio la situación ha llegado a un punto en el que las sucesivas evasivas ofrecidas durante años son percibidas como "una tomadura de pelo".
La representación de los trabajadores/as pone el foco especialmente en la evolución de los salarios, pues asegura que las retribuciones llevan congeladas desde hace más de siete años, camino ya del octavo ejercicio sin una actualización salarial real.
El comunicado señala que durante este periodo se han producido importantes incrementos en el coste de la vida, la alimentación, la vivienda, los suministros y los combustibles, mientras que los trabajadores/as han visto reducido progresivamente su poder adquisitivo.
Los representantes laborales aseguran que el informe jurídico elaborado por la propia empresa reconoce una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 21%, mientras que el coste de la cesta de la compra habría aumentado cerca de un 35% en los últimos años.
La plantilla recuerda además las características de un trabajo que califican de duro y penoso, desarrollado en ocasiones bajo condiciones climatológicas adversas y con exposición a residuos, riesgos físicos y una elevada carga de trabajo.
Los trabajadores/as advierten de que el conflicto afecta a un servicio público que consideran esencial para la ciudadanía: la recogida de basura, plástico, cartón y enseres.
La representación laboral asegura que durante años ha mantenido una actitud de "paciencia, prudencia y buena fe negociadora", priorizando la estabilidad del servicio y evitando escenarios de confrontación que pudieran perjudicar a los vecinos.
Sin embargo, consideran que la situación ha alcanzado "un límite intolerable" y lamentan que la empresa haya podido beneficiarse económicamente de la contrata mientras, a su juicio, la plantilla continúa soportando la pérdida de derechos y poder adquisitivo.
También sostienen que los responsables políticos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana conocen la situación, esa promesa dada durante el proceso de licitación y son conscientes tanto de la falta de actualización de los derechos laborales como de la ausencia de propuesta por parte de la empresa concesionaria para revertirla.
Como primer paso, los trabajadores/as anuncian que iniciarán en los próximos días una campaña informativa dirigida a los vecinos/as de los tres municipios para explicar las razones del conflicto y las condiciones en las que, según denuncian, se presta el servicio.
La plantilla quiere trasladar a la ciudadanía que detrás de la recogida de residuos hay personas que viven en esos municipios y que llevan años afrontando la pérdida de poder adquisitivo y reclamando una solución.
La representación laboral advierte de que si Azsuma y la Mancomunidad del Sureste continúan sin atender sus reivindicaciones y escondiéndose los unos con los otros, no les quedará más remedio que el de convocar una huelga indefinida, que presentan como "la única herramienta legítima de defensa" ante la situación de encallamiento que denuncian.
Los trabajadores/as piden comprensión y apoyo a la ciudadanía ante las posibles consecuencias que una movilización de estas características pueda tener sobre la prestación del servicio y reclaman a los responsables políticos que intervengan para reconducir el conflicto.
En este sentido, instan a los gobiernos municipales de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, y por supuesto, al gerente de la Mancomunidad del Sureste, a que por fin den un paso adelante y cumplan, según sostienen, la promesa realizada a los trabajadores/as para desbloquear sus derechos.
A juicio de la representación laboral, mantener la situación actual y dejar la solución exclusivamente en manos de Azsuma abocaría al servicio a un escenario de huelga indefinida.
En un comunicado, los representantes de los trabajadores/as denuncian el "abandono, empobrecimiento y deterioro" que, a su juicio, está sufriendo el servicio, así como la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante siete años por una plantilla que presta un servicio que consideran esencial para los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana.
Según explican, cuando Azsuma se hizo cargo de la concesión en julio de 2023, era conocedora que desde el año 2020 los trabajadores/as habían aceptado la congelación de sus derechos solicitada por la Mancomunidad del Sureste con el fin de facilitar la entrada de una nueva empresa concesionaria que se hiciera cargo del servicio, y con la promesa de que estos fueran regularizados con la entrada de la nueva entidad.
La representación laboral señala que para recuperar esos derechos era necesario negociar un nuevo convenio colectivo, dado que el vigente acumula ya seis años de antigüedad y se encuentra, según denuncian, "totalmente vencido y caduco".
Los trabajadores/as manifiestan encontrarse hastiados del circulo vicioso en el que se encuentran inmersos y que se escenificó en la reunión de la mesa negociadora celebrada el pasado mes de mayo.
Según su versión, la representación de Azsuma trasladó que la empresa no tenía intención de asumir los compromisos que, según la plantilla, se habían acordado anteriormente, es decir, que no aceptaría acuerdos que supusieran incrementar "en un solo euro" el coste del servicio, al considerar que la responsabilidad correspondía a la Mancomunidad del Sureste.
Pero el punto de mayor crispación fue al darse cuenta que la empresa no presentó ni una sola propuesta concreta propia ni dieron respuestas a las que anteriormente se les había planteado por la representación laboral.
Los trabajadores/as rechazan este argumento y sostienen que no deben verse afectados por el circulo vicioso entre la empresa concesionaria y la administración.
"Ya está bien de excusas, de pasarse la pelota y dejar a los trabajadores/as en el limbo", y agregan que las discrepancias económicas entre ellos deben ser resueltas por ellos.
Así, reclaman en el comunicado que Azsuma asuma sus responsabilidades laborales con la plantilla, ya que a su juicio la situación ha llegado a un punto en el que las sucesivas evasivas ofrecidas durante años son percibidas como "una tomadura de pelo".
La representación de los trabajadores/as pone el foco especialmente en la evolución de los salarios, pues asegura que las retribuciones llevan congeladas desde hace más de siete años, camino ya del octavo ejercicio sin una actualización salarial real.
El comunicado señala que durante este periodo se han producido importantes incrementos en el coste de la vida, la alimentación, la vivienda, los suministros y los combustibles, mientras que los trabajadores/as han visto reducido progresivamente su poder adquisitivo.
Los representantes laborales aseguran que el informe jurídico elaborado por la propia empresa reconoce una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 21%, mientras que el coste de la cesta de la compra habría aumentado cerca de un 35% en los últimos años.
La plantilla recuerda además las características de un trabajo que califican de duro y penoso, desarrollado en ocasiones bajo condiciones climatológicas adversas y con exposición a residuos, riesgos físicos y una elevada carga de trabajo.
Los trabajadores/as advierten de que el conflicto afecta a un servicio público que consideran esencial para la ciudadanía: la recogida de basura, plástico, cartón y enseres.
La representación laboral asegura que durante años ha mantenido una actitud de "paciencia, prudencia y buena fe negociadora", priorizando la estabilidad del servicio y evitando escenarios de confrontación que pudieran perjudicar a los vecinos.
Sin embargo, consideran que la situación ha alcanzado "un límite intolerable" y lamentan que la empresa haya podido beneficiarse económicamente de la contrata mientras, a su juicio, la plantilla continúa soportando la pérdida de derechos y poder adquisitivo.
También sostienen que los responsables políticos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana conocen la situación, esa promesa dada durante el proceso de licitación y son conscientes tanto de la falta de actualización de los derechos laborales como de la ausencia de propuesta por parte de la empresa concesionaria para revertirla.
Como primer paso, los trabajadores/as anuncian que iniciarán en los próximos días una campaña informativa dirigida a los vecinos/as de los tres municipios para explicar las razones del conflicto y las condiciones en las que, según denuncian, se presta el servicio.
La plantilla quiere trasladar a la ciudadanía que detrás de la recogida de residuos hay personas que viven en esos municipios y que llevan años afrontando la pérdida de poder adquisitivo y reclamando una solución.
La representación laboral advierte de que si Azsuma y la Mancomunidad del Sureste continúan sin atender sus reivindicaciones y escondiéndose los unos con los otros, no les quedará más remedio que el de convocar una huelga indefinida, que presentan como "la única herramienta legítima de defensa" ante la situación de encallamiento que denuncian.
Los trabajadores/as piden comprensión y apoyo a la ciudadanía ante las posibles consecuencias que una movilización de estas características pueda tener sobre la prestación del servicio y reclaman a los responsables políticos que intervengan para reconducir el conflicto.
En este sentido, instan a los gobiernos municipales de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, y por supuesto, al gerente de la Mancomunidad del Sureste, a que por fin den un paso adelante y cumplan, según sostienen, la promesa realizada a los trabajadores/as para desbloquear sus derechos.
A juicio de la representación laboral, mantener la situación actual y dejar la solución exclusivamente en manos de Azsuma abocaría al servicio a un escenario de huelga indefinida.


































