Domingo, 19 de abril.
Antonio Morales*El décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria no puede entenderse como un hito aislado en el tiempo, sino como la culminación de un proceso político, estratégico y social que se remonta al año 2015. En ese año llegamos al Gobierno de la isla con la firme intención de hacer de Gran Canaria una ecoísla. Este concepto no se limitaba únicamente al ámbito energético, sino que planteaba un modelo integral de desarrollo basado en la soberanía energética, la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria, la economía circular y azul, la movilidad sostenible, un turismo adaptado al medio y políticas sociales orientadas al bienestar.
Desde su origen, esta visión no fue un ejercicio retórico, sino una estrategia política clara orientada a reforzar la capacidad de decisión de la isla, reducir dependencias externas y aumentar la resiliencia del territorio. En ese contexto, la energía se situó como el eje central de la transformación, al entenderse como una herramienta clave para garantizar autonomía y estabilidad frente a un modelo energético previo que generaba vulnerabilidad estructural.
Veníamos de una fuerte oposición a la implantación de un modelo gasístico en la isla, que incluía infraestructuras como una regasificadora en Arinaga y el despliegue de redes de gas. Frente a ese planteamiento, defendimos un modelo alternativo basado en energías renovables, autosuficiencia y democratización del acceso a la energía. Este cambio de rumbo no fue sencillo, pero sentó las bases de una transformación profunda.
En este contexto, la creación del Consejo Insular de la Energía en 2016 representó un paso decisivo. No se trataba de establecer una estructura administrativa convencional, sino de diseñar una herramienta operativa con capacidad real de intervención, ejecución y transformación. Desde sus inicios, el Consejo se dotó de una hoja de ruta clara a través de la Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, complementada por la Estrategia de Economía Circular, con el objetivo de reducir emisiones, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo bajo en carbono.
Diez años después, los resultados avalan esa apuesta. En 2015, Canarias contaba con apenas 360 megavatios de potencia renovable instalada, de los cuales solo 120 correspondían a Gran Canaria. En la actualidad, el archipiélago alcanza aproximadamente los 1.000 megavatios, mientras que Gran Canaria ha llegado a 440 megavatios. Esto supone haber multiplicado por más de tres la potencia renovable en la isla. Pero más relevante aún es el peso relativo dentro del sistema: Gran Canaria concentra el 44% de la potencia instalada y el 47% de la generación renovable de Canarias, a pesar de representar solo el 38% de la demanda. Estos datos consolidan a la isla como el principal motor energético del archipiélago.
Otro indicador clave del éxito del modelo es el desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. A pesar del aumento de población y actividad económica, la demanda eléctrica se ha mantenido estable entre los 3.100 y 3.300 gigavatios hora. Esto refleja una apuesta efectiva por la eficiencia energética y demuestra que es posible crecer sin incrementar el consumo de recursos de forma proporcional.
Uno de los pilares fundamentales de esta transformación ha sido el impulso al autoconsumo. Actualmente, una de cada tres instalaciones de autoconsumo de Canarias se encuentra en Gran Canaria, concentrando el 40 % de la potencia doméstica instalada. Este avance ha sido posible gracias a políticas de apoyo que han movilizado más de 3 millones de euros en subvenciones, permitiendo la instalación de alrededor de 1.800 sistemas en viviendas y más de 1.000 actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible. Más allá de las cifras, este proceso ha supuesto un cambio estructural: el paso de un modelo energético centralizado a uno distribuido, donde la ciudadanía adquiere un papel protagonista.
En paralelo, la movilidad eléctrica ha experimentado un crecimiento notable. El 51% de los vehículos eléctricos vendidos en Canarias se registran en Gran Canaria, y la red de puntos de recarga, que comenzó con una instalación pionera, alcanzará los 100 puntos operativos.
La capacidad de ejecución ha sido otro elemento diferencial del modelo. El Cabildo ha desarrollado una red de instalaciones que supera los 5 megavatios en funcionamiento, ubicadas en espacios ya antropizados para minimizar el impacto territorial. Ejemplos como el Gran Canaria Arena, el Ecoparque Norte o diversas infraestructuras sociosanitarias y culturales evidencian una estrategia coherente de integración de energías renovables. Además, existen 15 megavatios adicionales en cartera, lo que garantiza la continuidad del proceso.
En un sistema insular aislado como el de Gran Canaria, el almacenamiento energético se ha convertido en un elemento estratégico. La naturaleza intermitente de las energías renovables exige soluciones que permitan equilibrar la oferta y la demanda. En este sentido, destacan proyectos clave como el Salto de Chira, con una capacidad de 200 megavatios, que funcionará como una central hidroeléctrica reversible capaz de almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla cuando sea necesario. Esta infraestructura, desarrollada en colaboración con Red Eléctrica, representa un pilar fundamental para garantizar la estabilidad y autonomía del sistema energético insular. A este proyecto se suman iniciativas de almacenamiento distribuido, como las desarrolladas en el Gran Canaria Arena o en el Polígono de Arinaga, que combinan generación fotovoltaica con sistemas de almacenamiento. Estas actuaciones refuerzan la resiliencia del sistema y permiten una gestión más eficiente de la energía. El avance estratégico más reciente ha sido la puesta en marcha de la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria. Esta herramienta establece objetivos concretos: alcanzar entre un 60% y un 70% de generación renovable en 2030, reducir emisiones en más de un 40% y avanzar hacia un sistema prácticamente descarbonizado en 2040, con hasta un 100 % de generación renovable.
Dentro de esta planificación, el desarrollo del almacenamiento a gran escala ocupa un lugar central, incluyendo sistemas de hidrobombeo con agua de mar adaptados a la realidad insular. Se ha impulsado la creación de una iniciativa público-privada para desarrollar estos proyectos, combinando la experiencia empresarial con el arraigo local.
Otro eje estratégico es la geotermia profunda, actualmente en fase de exploración. Este recurso, al no depender de condiciones climáticas, ofrece una fuente de energía constante y fiable que puede contribuir significativamente a la autonomía energética de la isla. El inicio de los sondeos en Telde marcará un hito en este ámbito. La transición energética en Gran Canaria también se ha caracterizado por su dimensión social, especialmente a través del impulso de comunidades energéticas. Estas iniciativas, promovidas desde el Cabildo, permiten a ciudadanos, empresas e instituciones producir y gestionar su propia energía. Proyectos como los de Siete Palmas o Playa del Inglés ya están en funcionamiento, y se prevé que más de 6.500 usuarios participen en estas comunidades a corto plazo, con una potencia instalada superior a los 5 megavatios. Este modelo refuerza la democracia energética y fomenta la cohesión social.
A todo ello se suman otros proyectos estratégicos como el desarrollo de hidrógeno verde en Arinaga, con Megaturbinas, orientado a la descarbonización del transporte marítimo, lo que amplía el alcance de la transición energética hacia sectores clave de la economía.
Sin embargo, los logros alcanzados plantean nuevos retos que requieren decisiones políticas firmes. En este sentido, estamos formulando varias demandas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En primer lugar, se exige acelerar el desarrollo de la eólica marina, considerada una oportunidad estratégica que no puede retrasarse por falta de planificación. En segundo lugar, se reclama la garantía de los fondos europeos Next Generation, considerados esenciales para sostener el proceso de transición energética.
Asimismo, se plantea la necesidad de un régimen retributivo específico para Canarias que tenga en cuenta su condición ultraperiférica y facilite la descarbonización del sistema. También se solicita la convocatoria urgente de un nuevo concurso para la concurrencia competitiva que permita incorporar flexibilidad y almacenamiento al sistema energético, evitando riesgos como posibles apagones dada su fragilidad actual.
Otro aspecto clave es la coordinación territorial, destacando la importancia de la implicación de los 21 municipios de la isla a través de iniciativas como el Pacto de las Alcaldías por el Clima. La transición energética se concibe como un proceso colectivo que requiere la participación activa de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad.
Finalmente, el balance de estos diez años no se limita a cifras o infraestructuras, sino que pone en valor el trabajo conjunto de instituciones, equipos técnicos, empresas, universidades y ciudadanía. La colaboración ha sido un elemento esencial para convertir una idea inicial en una realidad tangible. Gran Canaria no solo ha avanzado en la implantación de energías renovables, sino que se ha consolidado como referente en liderazgo energético dentro de Canarias, demostrando que la transición es posible cuando existe una visión clara, capacidad de ejecución y compromiso colectivo.
*Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
