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| Usuarios de la Biblioteca Pública Universitaria del Cruce de Arinaga |
El rechazo a esta tasa se recoge en una moción presentada por Roque Aguayro en el pleno ordinario celebrado el pasado lunes, que contó con el voto favorable de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo.
El texto íntegro de la moción es el siguiente:
“El pasado 1 de
agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 624/2014, de
18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores
por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles
al público. Este Real Decreto es una transposición
de una Directiva Europea de 2006 que obliga a los países de la Unión Europea a
cobrar a las bibliotecas por el préstamo de documentos, que es a su vez
resultado del desarrollo reglamentario de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la
lectura, del libro y las bibliotecas.
Cabe señalar que
una de las excepciones que contiene el Real Decreto es que no se verán
afectadas las bibliotecas integradas en instituciones educativas (colegios,
universidades, escuelas de negocios...). Sin embargo, la aplicación del mismo
afectará directamente a las bibliotecas públicas municipales de todos los
municipios canarios con más de 5000 habitantes, obligándoles a pagar dos tipos
de remuneración económica.
Una de ellas será
una cuantía de 0,004€ por el número de obras objeto de préstamo con derechos de
autor y otra será una cuantía de 0,05 por cada usuario que haya hecho uso
efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente. La remuneración
por usuario incluye a todas aquellas personas que se hayan llevado libros a
casa, incluso cuando se trate de obras no protegidas por derechos de autor,
obligando a las bibliotecas a pagar por derechos que ya han expirado.
Este decreto no
tiene en cuenta además que las bibliotecas ya pagan derechos de autor
cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra (según la
normativa de 2007 la cuantía era de 0,20 euros por obra y ahora habrá que
abonar 0,16 euros por cada documento que se adquiera para engrosar su colección
de préstamos mientras no esté vigente el pago referido anteriormente que será
en 2016). Por consiguiente, este canon significará pagar dos veces
por el mismo concepto.
La implantación
de este canon por préstamo bibliotecario supondrá que los ayuntamientos,
instituciones de las que dependen mayoritariamente las bibliotecas públicas
municipales deberán pagar por los préstamos realizados en sus instalaciones y
por sus usuarios activos. Las corporaciones locales, en la mayor parte de los
casos, tendrán que hacer frente a esta retribución, que saldrá de los exiguos
presupuestos destinados a estos centros. Esta obligación de pagar por los
servicios que prestan tales bibliotecas significará una carga económica que
pondrá en peligro su supervivencia como tales servicios de lectura pública.
Este canon, si
bien no lo pagarán directamente quienes hagan uso de los servicios
bibliotecarios, sino que saldrá de los impuestos municipales que pagan todas
las personas del municipio, supondrá que habrá aún menos recursos para el
mantenimiento de los servicios que van a recibir de las bibliotecas, menos
inversión para la adquisición de
todo tipo de documentos, actividades culturales y programas de
fomento a la lectura, mejora de los centros ya existentes o creación de nuevos
espacios bibliotecarios.
Resulta
irónico que este Real Decreto penalice a las bibliotecas por ejercer la función
que tienen encomendada, que es “satisfacer las necesidades de la población en
materia de formación, información, cultura y ocio”. Las bibliotecas públicas
son el primer eslabón para el desarrollo de políticas culturales, abiertas al
conocimiento, al libre pensamiento, espacios básicos para la educación
permanente y una inversión en el progreso de la ciudadanía, garantizando
siempre un acceso libre y gratuito a la formación y a la lectura.
Sin embargo,
llama la atención que cuanto mejor funcione una biblioteca, más activa sea, más
préstamos y uso tenga, mayor fomento de la lectura haga y más dinámica sea su comunidad vecinal, mayor será el castigo
que reciba porque más tendrá que pagar ya que este canon las penaliza.
Las bibliotecas públicas no constituyen una competencia o
una amenaza, sino un elemento de promoción de las obras a través de diversas
actividades (encuentros literarios, clubes de lectura, etc.), tal como queda
recogido en el informe Primera oleada
sobre el panorama del libro en España de noviembre de 2013 donde se
reconoce que éstas son uno de los pilares fundamentales para el sector del
libro en España a través de programas con los que fortalecen el trabajo de
creación en la sociedad.
Y lo peor de todo esto es que este canon a partir
del 1 de enero de 2016 será recaudado en
su totalidad por las entidades privadas de gestión de los derechos de propiedad intelectual, a las que el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte encarga el
pago
anual a los autores y autoras a quienes se pretende proteger, pero sin que haya garantías plenas de que
los ingresos les lleguen directamente y no se
queden por el camino. Hay dudas razonables de que se trata de un negocio privado
a través del dinero público.
Consideramos que
este Real Decreto es un atentado al que numerosas personas del mundo de la
cultura y profesionales de las bibliotecas se están oponiendo, una persecución
más de las habidas contra las bibliotecas
públicas en los últimos años
(constantes reducciones de presupuestos y precarización de las condiciones de
trabajo del personal) con el objetivo no declarado de privatizarlas para
desentenderse de su gestión y desarrollo como servicio público.
Creemos que difícilmente
podemos comparar al Estado español con nuestros socios continentales ni en
presupuesto, ni en instalaciones y mucho menos en hábitos lectores, aunque
parece que sí tenemos que equipararnos en obligaciones.
En Canarias, para colmo de males, las
bibliotecas públicas municipales no viven su mejor momento. Al brutal
descenso del presupuesto que aporta el Estado tenemos que sumar la exigua
aportación del Gobierno canario. El Archipiélago está por debajo de la media
nacional en cuanto a documentos por habitante, adquisiciones por cada 1000 hab.
e índice de población lectora. Desde 2008 hasta 2012 (último del que se tienen
datos estadísticos) ha disminuido el número
de bibliotecas, así como los municipios con equipamiento de este tipo y
los profesionales empleados. La gota que colma el vaso -y que debería
avergonzar a más de un representante público- es que seamos la única comunidad
del Estado que no dispone de legislación de ningún tipo en esta materia.
La aplicación de
algunos aspectos de este Real Decreto en Canarias puede generar una situación
conflictiva porque el programa de gestión bibliotecaria que utilizan las
bibliotecas canarias no distingue el número de obras que están protegidas y sin
proteger, por lo que resulta imposible establecer qué ejemplares deben pagar y
cuáles no. Asimismo la puesta en marcha del préstamo de libros electrónicos,
aspecto no contemplado en este Real Decreto referido sólo a documentos físicos,
complicará también, el cálculo de esta remuneración.
En definitiva, creemos que es un error concebir como clientes a las personas que hacen
uso de los servicios bibliotecarios porque no lo son, sino que deben entenderse
como ciudadanos y ciudadanas que invierten sus impuestos en un espacio cultural
abierto, que cumple una función de servicio público. Creemos que no tiene sentido querer hacer caja a través
de las bibliotecas, ya que tienen un papel social básico y
democratizador de primer orden, aún mayor en esta época de crisis económica que
estamos atravesando. Nos encontramos, en suma, ante una legislación que no supone ningún beneficio ni para la ciudadanía
ni para los autores y autoras, sino tan solo para las entidades privadas de
gestión de los derechos de propiedad intelectual, que en definitiva lo único
que consigue es añadir más obstáculos y dificultades en el acceso a la cultura".
Por todo lo expuesto, el pleno del Ayuntamiento de Agüimes acuerda instar al Gobierno de España a la supresión del canon, declarando a las bibliotecas públicas municipales excentas del pago; impugnar ante los tribunales correspondientes la instauración del canon o tasa, por ser contrario a los principios básicos que rigen el funcionamiento de las bibliotecas públicas en cuanto a la gratuidad y el libre acceso de la ciudadanía a la información y a la lectura; suspender cualquier pago de tasas hasta que se sustancia el procedimiento legar señalado; y dar traslado del acuerdo a los gobiernos de España y de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, a la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca) y a la Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (Probit).
