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| Vista de la Residencia de Mayores de Agüimes |
La Provincia
La Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias aprobó ayer, con el voto en contra de PSOE y Nueva Canarias (NC), una moción presentada por la diputada del PP, Josefa Luzardo, para que sea la Audiencia de Cuentas de Canarias la que fiscalice las anualidades de 2014, 2015 y 2016 correspondientes al convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la concertación de plazas de dependencia.
Luzardo justificó su propuesta por una "razón clara: en junio del año pasado se denunció un escándalo que afectaba a 14 personas", en referencia a los casos de supuestos cobros indebidos en la Residencia de Mayores de Agüimes a personas con un Plan Individual de Asistencia (PIA). "Nadie les ha devuelto las cantidades indebidamente cobradas", indicó la diputada popular.
La portavoz de Nueva Canarias, María Elena Luis, reconoció "que si hay algo que se ha cobrado indebidamente se tendrá que devolver", aunque consideró que la propuesta del PP "tiene todos los visos de persecución hacia el Cabildo de Gran Canaria y su presidente, Antonio Morales".
Por su parte, el portavoz socialista, Iñaki Lavandera, defendió "la transparencia con la que se ha actuado desde el Cabildo de Gran Canaria" y pidió a Luzardo que reflexione "sobre el uso del Parlamento y de la Audiencia de Cuentas de Canarias" por parte de su grupo.
El rechazo del Partido Popular a que la fiscalización se extienda al resto de los cabildos insulares fue lo que provocó el voto negativo del PSOE y Nueva Canarias.
