Martes, 5 de enero.
Antonio Morales*
Las Islas Canarias constituyen un excelente laboratorio de pruebas para las nuevas tecnologías energéticas sostenibles pero, a pesar de sus grandes potencialidades, no han sido aprovechadas. Los diferentes planes energéticos de Canarias, en lo que se refiere a energías renovables, al ahorro y a la eficiencia, han sido un fiasco incuestionable. Hace 20 años, los técnicos de energía navarros venían a nuestra isla para conocer el desarrollo de la eólica; sin embargo, hoy en día las renovables representan el 77,4% del mix energético de Navarra, mientras que en Gran Canaria nos movemos en torno al 8-9%.
Se trata, sin duda, del fracaso evidente de la política energética en Canarias durante las dos últimas décadas: casos de corrupción, concursos eólicos mal planteados que nunca terminan de llevarse a cabo, un escaso nivel de penetración de la energía fotovoltaica, dejación en la investigación de nuevas vías, ausencia de medidas de ahorro y eficiencia energética, trabas políticas interesadas, ausencia de inversiones en infraestructuras… Y eso a pesar de que la Comisión Europea marcó de una manera muy clara los objetivos 20-20-20 para el año 2020: 20% de reducción del consumo de energía primaria, 20% de energía proveniente de las renovables y reducción en un 20% de los gases de efecto invernadero. Aunque sea una verdad de Perogrullo, hay que decir que el modelo energético canario y, por ende, el grancanario, no contribuye a alcanzar ni los objetivos 20-20-20 de la Comisión Europea ni ninguno de los establecidos en la reciente Cumbre de Cambio Climático de París o en la próxima Directiva europea sobre Energía. Nuestro modelo energético es ineficiente, basado en energías fósiles y con un gran impacto ambiental.
Se hacía necesaria la creación del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Lo prometimos en la campaña electoral. Lo fijamos en nuestro programa de trabajo en el Cabildo para esta legislatura. Tenemos la obligación moral de romper con el círculo vicioso en el que está envuelta la política energética canaria, tomando la iniciativa y creando un instrumento ágil, eficiente y transversal que contribuya a eliminar las barreras que frenan el desarrollo de un modelo energético sostenible en esta isla. Además, estamos convencidos de que la introducción del gas natural no contribuye a desarrollar ese nuevo modelo energético ni a romper ese círculo vicioso, sino más bien a mantenerlo. Tal y como se afirma en el Green Power Plan aprobado por el Gobierno de Obama, el gas natural no debe recibir ayudas públicas porque sus "efectos son perniciosos" y no favorece la transición hacia las energías renovables.
El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria se ha diseñado para forzar un cambio auténtico de modelo energético tendente a lograr la soberanía energética grancanaria. Queremos y podemos convertir a Gran Canaria en una referencia mundial. En una isla con un profundo contenido ecosocial, con las energías renovables como eje vertebrador.
Nace con la intención de promover las energías limpias, creando consorcios con los ayuntamientos y otras instituciones y aprovechando el patrimonio del Cabildo (terrenos, cubiertas, etc) para hacerlo realidad; para estimular políticas de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones del Cabildo, de los ayuntamientos, en los hogares y en diferentes sectores económicos; para impulsar la I+D+i en el ámbito de la energía; para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica; para formar a profesionales y para crear conciencia ciudadana; para captar recursos y devolverlos a las familias, las industrias, las instituciones públicas…
Su tarea debe ser transversal. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria deberá trabajar estrechamente con el Consejo Insular de Aguas, puesto que la desalación y la depuración consumen una gran cantidad de energía. También deberá contar con la Autoridad Única del Transporte para desarrollar políticas de movilidad sostenible, puesto que una gran parte de nuestro consumo de combustibles fósiles está asociado a la movilidad. Y jugar un papel vertebrador con la sociedad civil: con los hogares y las pymes. De ahí su carácter híbrido puesto que las entidades públicas empresariales, el Consejo Insular de la Energía lo es, pueden actuar tanto como sociedad mercantil o como administración según convenga en cada momento, lo que le permitirá ejercer sus funciones de manera eficaz adaptándose a las diferentes circunstancias que puedan producirse. Tendrá, además, un funcionamiento participativo a través de su Consejo Asesor en el que estarán presentes todos los sectores interesados en la política energética insular, desde los ayuntamientos hasta los empresarios, pasando por las organizaciones ambientalistas y ecologistas…
Desde un punto de vista económico, el nuevo modelo energético que pretendemos impulsar mediante el Consejo Insular de la Energía contribuirá a producir un ahorro en el sistema eléctrico estatal puesto que se reducirán las compensaciones por el sobrecoste de nuestro sistema eléctrico insular además de rebajar en general los costes de la factura eléctrica. Por otro lado, nadie puede negar las bondades de un destino turístico energéticamente sostenible y el valor añadido que supondría para la competitividad de dicho sector.
Ahora bien, más allá de las consideraciones estrictamente económicas, existen otras más importantes, de orden moral, relacionadas con nuestra responsabilidad intergeneracional. Probablemente esta generación no sufrirá de manera grave las consecuencias del calentamiento global, pero sí nuestros hijos y nuestros nietos. Las previsiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático son alarmantes: como todos ustedes saben, el objetivo razonable que debemos alcanzar en el año 2100 es que no aumente la temperatura media del planeta en más de 2 grados. Lograr dicho objetivo es un reto que nos compete a todos los habitantes de este planeta si realmente queremos evitar que los fenómenos climáticos extremos o la subida del nivel del mar generen graves consecuencias en el futuro. Nicholas Stern, declaró recientemente que "subestimamos el daño económico del cambio climático. Estimamos que la mayor probabilidad era un impacto de un 5% del PIB mundial y ahora creo que estará más cerca del 20%, que era nuestra estimación más pesimista".
Por todas estas razones, el Consejo Insular de la Energía debe erigirse como el ejemplo de que las políticas públicas deben evitar el cortoplacismo y ser capaces de mirar con generosidad a un horizonte más lejano. Si en la actualidad ya existe un consenso claro sobre la necesidad de ir hacia una economía global baja en carbono, debemos contribuir con nuestro grano de arena a dicho objetivo. Si en otros lugares del Estado español han logrado impulsar este tipo de políticas, no debemos quedarnos atrás lamentándonos por lo que no se ha hecho hasta ahora.
Por lo tanto, estamos convencidos de que si uno de los objetivos de la actividad política es la transformación de la realidad, el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria contribuirá decisivamente a transformar nuestro modelo energético para hacerlo mucho más eficiente y sostenible al tiempo que cumple con el principio de pensar globalmente y actuar localmente. Bonito y responsable reto el de este Gobierno insular, su nueva área de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, su consejero Raúl García Brink y su equipo directivo.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomorales-blog.com)
