Martes, 12 de mayo.Antonio Morales*
El 03 de mayo de 1979, casi veintisiete millones de españoles fueron llamados a las urnas para participar en las primeras elecciones municipales democráticas que se celebraban en este país, 46 años después de que un golpe de estado cruento cercenara de raíz cualquier intento de hacer posible una comunidad municipal desde la decisión plural.
La mayoría de los alcaldes y concejales que asumieron en aquel entonces, la gestión de los intereses de los 8.033 municipios españoles, tuvo que hacer enormes esfuerzos para hacer frente a las necesidades de las infraestructuras más elementales, de las que carecían nuestros pueblos y ciudades.
Desde la proximidad y el calor que impregna la defensa de lo que es más cercano y querido, se fue, poco a poco, forjando un modelo de ente local en el que se tenían especialmente en cuenta las carencias sociales del conjunto de la población. Paso a paso se fue consolidando un marco de libertades, de pluralidad democrática, de servicios y prestaciones básicas, de bienestar y calidad de vida.
Por primera vez en más de cuatro décadas, hombres y mujeres de cada uno de los rincones de la geografía española, asumían libremente el compromiso de mejorar las condiciones de vida y los servicios de sus conciudadanos. Así, el municipalismo abrió el escenario del desarrollo y la consolidación de la democracia y de la participación política.
Treinta años después, la pelea diaria por seguir afianzando mayores y mejores cotas de calidad de vida sigue teniendo en el municipalismo a su principal valedor, pero también, desgraciadamente, sigue siendo la local, la administración pública más abandonada, la administración pública con mayores dificultades para llegar a fin de mes, la administración pública que se ha visto relegada al vagón de cola del proceso de descentralización del Estado, después de haber encabezado la lucha por la normalidad democrática.
Frente al dato constatable de que la inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor que la realizada por el Gobierno central, y eso que el reparto financiero no llega al 15% del total de todo el Estado, lo cierto es que la administración general del Estado ha ido traspasando competencias a favor de las comunidades autónomas, que ya representan más del 36% del gasto público, mientras que los ayuntamientos apenas siguen en el 13% de participación en dicho gasto. En el caso de Canarias, además, en los últimos años se ha producido un proceso de transferencias desde la Comunidad hacía los cabildos que, invariablemente, tampoco ha llegado hasta los municipios.
En la actualidad, alrededor de un 30% del gasto público municipal, unos 7.000 millones de euros al año, corresponde a competencias de otras administraciones que, sólo por responsabilidad y respeto a los hombres y mujeres de la colectividad, asume el gobierno local. El 50% de los recursos de los ayuntamientos proviene, además, de impuestos directos, frente a los de las autonomías donde esta cifra apenas llega al 20%.
Pues bien, a pesar de todo ello, los ciudadanos son conscientes de que, desde la eficiencia e implicación de sus municipios, es posible alcanzar un mayor grado de desarrollo, y es sin duda por esto por lo que en todas las encuestas los ayuntamientos son las instituciones mejor valoradas, lo que se traduce en que los ciudadanos participen de una manera mas decidida en los procesos electorales.
Treinta años después se hace imprescindible el reconocimiento al municipalismo, motor del cambio social y de los avances más importantes de España, y se hace ineludible un nuevo modelo de financiación económica que aleje a los ayuntamientos de las deudas paralizantes y de las utilizaciones perversas de herramientas como el planeamiento del suelo para buscar, a la desesperada, soluciones con las que afrontar las demandas sociales. Un nuevo modelo de financiación que hoy, más que nunca, dada la situación de crisis socioeconómica que padecemos, haga del municipio un instrumento de cercanía, de dinamización y de vanguardia de primer orden para la búsqueda de recursos y para garantizar las prestaciones mínimas a los ciudadanos.
Los problemas de la inmigración, la exclusión social, los servicios sociales básicos, las políticas reales de igualdad en todos los sentidos, las políticas de desarrollo local de reactivación económica y de creación de empleo, entre otras, son impensables sin la participación protagonista de los ayuntamientos.
Veintisiete años después de aprobada la Ley de Bases de Régimen Local, se hace absolutamente necesario pactar su modificación para acercarla a la realidad que vivimos, potenciar la autonomía política de los gobiernos locales, su capacidad de ordenar y gestionar los asuntos públicos y garantizar la independencia financiera que precisa para cumplir con sus competencias y las que la realidad y la responsabilidad les ha hecho asumir.
Resulta tristísimo ver a la Federación de Cabildos unida como una piña, al margen de los colores políticos, reivindicando su deuda histórica, lo mismo que hacen las autonomías, y asistir con una profunda desazón a la inacción y al entreguismo político de la Federación Canaria de Municipios. Menos mal que contamos con una Federación Española, que ha hecho una apuesta decidida por poner en valor la presencia del municipalismo, auténtico motor del cambio social y de los avances más importantes de este país, y que ahora, además, propone una actuación decidida en la inversión pública en infraestructuras para dinamizar la economía, en el desarrollo de políticas sociales con estructuras dotacionales sólidas (es impensable, por ejemplo desarrollar la Ley de Dependencia sin los municipios), una inversión fuerte en I+D+i, y la aplicación de políticas sostenibles, desde la "economía verde", en materia de rehabilitación urbana, energías renovables o ahorro energético.
No es posible una democracia plena sin la potenciación de los municipios y sus ayuntamientos. Tomen nota.
La mayoría de los alcaldes y concejales que asumieron en aquel entonces, la gestión de los intereses de los 8.033 municipios españoles, tuvo que hacer enormes esfuerzos para hacer frente a las necesidades de las infraestructuras más elementales, de las que carecían nuestros pueblos y ciudades.
Desde la proximidad y el calor que impregna la defensa de lo que es más cercano y querido, se fue, poco a poco, forjando un modelo de ente local en el que se tenían especialmente en cuenta las carencias sociales del conjunto de la población. Paso a paso se fue consolidando un marco de libertades, de pluralidad democrática, de servicios y prestaciones básicas, de bienestar y calidad de vida.
Por primera vez en más de cuatro décadas, hombres y mujeres de cada uno de los rincones de la geografía española, asumían libremente el compromiso de mejorar las condiciones de vida y los servicios de sus conciudadanos. Así, el municipalismo abrió el escenario del desarrollo y la consolidación de la democracia y de la participación política.
Treinta años después, la pelea diaria por seguir afianzando mayores y mejores cotas de calidad de vida sigue teniendo en el municipalismo a su principal valedor, pero también, desgraciadamente, sigue siendo la local, la administración pública más abandonada, la administración pública con mayores dificultades para llegar a fin de mes, la administración pública que se ha visto relegada al vagón de cola del proceso de descentralización del Estado, después de haber encabezado la lucha por la normalidad democrática.
Frente al dato constatable de que la inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor que la realizada por el Gobierno central, y eso que el reparto financiero no llega al 15% del total de todo el Estado, lo cierto es que la administración general del Estado ha ido traspasando competencias a favor de las comunidades autónomas, que ya representan más del 36% del gasto público, mientras que los ayuntamientos apenas siguen en el 13% de participación en dicho gasto. En el caso de Canarias, además, en los últimos años se ha producido un proceso de transferencias desde la Comunidad hacía los cabildos que, invariablemente, tampoco ha llegado hasta los municipios.
En la actualidad, alrededor de un 30% del gasto público municipal, unos 7.000 millones de euros al año, corresponde a competencias de otras administraciones que, sólo por responsabilidad y respeto a los hombres y mujeres de la colectividad, asume el gobierno local. El 50% de los recursos de los ayuntamientos proviene, además, de impuestos directos, frente a los de las autonomías donde esta cifra apenas llega al 20%.
Pues bien, a pesar de todo ello, los ciudadanos son conscientes de que, desde la eficiencia e implicación de sus municipios, es posible alcanzar un mayor grado de desarrollo, y es sin duda por esto por lo que en todas las encuestas los ayuntamientos son las instituciones mejor valoradas, lo que se traduce en que los ciudadanos participen de una manera mas decidida en los procesos electorales.
Treinta años después se hace imprescindible el reconocimiento al municipalismo, motor del cambio social y de los avances más importantes de España, y se hace ineludible un nuevo modelo de financiación económica que aleje a los ayuntamientos de las deudas paralizantes y de las utilizaciones perversas de herramientas como el planeamiento del suelo para buscar, a la desesperada, soluciones con las que afrontar las demandas sociales. Un nuevo modelo de financiación que hoy, más que nunca, dada la situación de crisis socioeconómica que padecemos, haga del municipio un instrumento de cercanía, de dinamización y de vanguardia de primer orden para la búsqueda de recursos y para garantizar las prestaciones mínimas a los ciudadanos.
Los problemas de la inmigración, la exclusión social, los servicios sociales básicos, las políticas reales de igualdad en todos los sentidos, las políticas de desarrollo local de reactivación económica y de creación de empleo, entre otras, son impensables sin la participación protagonista de los ayuntamientos.
Veintisiete años después de aprobada la Ley de Bases de Régimen Local, se hace absolutamente necesario pactar su modificación para acercarla a la realidad que vivimos, potenciar la autonomía política de los gobiernos locales, su capacidad de ordenar y gestionar los asuntos públicos y garantizar la independencia financiera que precisa para cumplir con sus competencias y las que la realidad y la responsabilidad les ha hecho asumir.
Resulta tristísimo ver a la Federación de Cabildos unida como una piña, al margen de los colores políticos, reivindicando su deuda histórica, lo mismo que hacen las autonomías, y asistir con una profunda desazón a la inacción y al entreguismo político de la Federación Canaria de Municipios. Menos mal que contamos con una Federación Española, que ha hecho una apuesta decidida por poner en valor la presencia del municipalismo, auténtico motor del cambio social y de los avances más importantes de este país, y que ahora, además, propone una actuación decidida en la inversión pública en infraestructuras para dinamizar la economía, en el desarrollo de políticas sociales con estructuras dotacionales sólidas (es impensable, por ejemplo desarrollar la Ley de Dependencia sin los municipios), una inversión fuerte en I+D+i, y la aplicación de políticas sostenibles, desde la "economía verde", en materia de rehabilitación urbana, energías renovables o ahorro energético.
No es posible una democracia plena sin la potenciación de los municipios y sus ayuntamientos. Tomen nota.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
