Domingo, 04 de Mayo.Antonio Morales Méndez*
El pasado día 04 de abril, los responsables de la Central Nuclear de Ascó I, en Tarragona, informaron al Consejo de Seguridad Nuclear de una pequeña fuga radioactiva detectada en esta planta catalana. Según los informes trasladados a los encargados del control de las plantas nucleares españolas, el suceso merecía la calificación de nivel 1.
En realidad, el accidente fue mucho más grave y las investigaciones del CSN vinieron a confirmar que el incidente había sido cien veces más peligroso y fruto de un "inadecuado control del material radiactivo". Habían mentido. Habían ocultado y falseado los verdaderos riesgos del incidente.
Para Máximo Vila, Secretario General de la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares, lo acontecido supone "un enorme escándalo. Han mentido. Nos han dado cifras falsas, y eso puede ser un delito. Se han cargado la cultura de seguridad".
Posteriormente se confirmó que, aún después de verificada la fuga radiactiva, el pasado 14 de marzo, se siguió permitiendo la visita de cientos de escolares a la planta. Más de mil alumnos de distintos colegios tendrán que ser examinados en los próximos días para confirmar si han sido o no contaminados, con el grave peligro que supondría para su salud el que se detectase en sus organismos restos de contaminación radiactiva. En total serán mil ochocientas personas las analizadas.
Desgraciadamente, este no es el primer incidente en el complejo Ascó-Vandellós. En 2005, el CSN clausuró por seis meses la Central de Vandellós II, también por ocultar un peligroso accidente al " primar la producción sobre la seguridad", imponiéndosele una multa de 1,6 millones de euros, aproximadamente lo que gana la planta en dos días de producción.
La fuga, producida en una tubería de refrigeración, fue detectada en agosto de 2004, pero en realidad, los responsables de Vandellós II conocían, desde 1993, que existían problemas de corrosión en la tubería sin que le pusieran remedio y sin que se informara al Consejo. Se detectó en esos momentos una cadena de falsos informes a los Ayuntamientos afectados, organizaciones, Parlamento, etc... Habían ocultado los graves riesgos; disminuido peligrosamente en un 62´5% las inversiones de mantenimiento, y no habían realizado las pertinentes inspecciones técnicas.
En los dos casos, todos los afectados coinciden en señalar que se ha puesto en riesgo, de manera calculada, la salud de los ciudadanos en aras a la rentabilidad económica.
Mucho me temo que la resolución del CSN sea la de proponer una nueva sanción económica, puramente testimonial para unas empresas energéticas que ganan cada año miles de millones de euros, que además se permiten el lujo de indemnizar multimillonariamente la jubilación de sus responsables, léase Manuel Pizarro, el flamante y desinflado fichaje del P.P..
A otro nivel, esto me recuerda muchísimo los daños producidos por el huracán Delta en la isla de Tenerife, donde los responsables del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señalaron que las torres que se cayeron embestidas por el viento y que dejaron sin luz a la isla durante muchos días, presentaban tan alto grado de corrosión que reducían su capacidad de carga en un 48%.
En aquella ocasión, a la empresa responsable se le sancionó con setenta y cinco millones de las antiguas pesetas. Todo un paripé que escondía las negligencias de la empresa en el mantenimiento y la obligación del Gobierno de Canarias de inspeccionar y fiscalizar.
Desde 1994 hasta ahora, el Gobierno de Canarias ha sancionado en veintiocho ocasiones con tres millones de euros a esta energética que, en régimen de monopolio, de facto, suministra energía a esta Comunidad. Y así la Junta de Andalucía, la Generalitat Catalana, Argentina, Chile..., sin que cada año el balance de ganancias de la responsable de todo esto, la misma por supuesto, deje de aumentar.
Yo me imagino que llegados hasta aquí, los lectores habrán adivinado que la empresa responsable de Vandellós II, Ascó I, la sancionada nacionales e internacionales, es Endesa. La misma a la que el Gobierno de Canarias ha encargado, junto a otras cinco empresas locales, que nos implanten el gas en Canarias, que construya las plantas gasificadoras y las explote, cuidando de su gestión y seguridad.
Y luego, algunos todavía cuestionan que la Mancomunidad del Sureste defienda que no se pueda construir una planta de gas en medio de la población.
Desgraciadamente el accidente (¿sólo se le puede calificar así?) de Ascó quedará en una mera y escasa sanción económica que apenas hará cosquillas a las cuentas de esta empresa energética. No importará nada que hayan puesto en riesgo, de manera interesada, la vida de tantos ciudadanos.
Mientras, seguirán presionando para que se suban los precios de las tarifas eléctricas y para que se implante el gas en Canarias, algo absolutamente innecesario.
Sucesos como los de Ascó y Vandellós nos reafirma en las posiciones de la defensa del interés general, frente a los que pretenden hacer negocio aún a costa de la salud y la seguridad de la ciudadanía.
En realidad, el accidente fue mucho más grave y las investigaciones del CSN vinieron a confirmar que el incidente había sido cien veces más peligroso y fruto de un "inadecuado control del material radiactivo". Habían mentido. Habían ocultado y falseado los verdaderos riesgos del incidente.
Para Máximo Vila, Secretario General de la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares, lo acontecido supone "un enorme escándalo. Han mentido. Nos han dado cifras falsas, y eso puede ser un delito. Se han cargado la cultura de seguridad".
Posteriormente se confirmó que, aún después de verificada la fuga radiactiva, el pasado 14 de marzo, se siguió permitiendo la visita de cientos de escolares a la planta. Más de mil alumnos de distintos colegios tendrán que ser examinados en los próximos días para confirmar si han sido o no contaminados, con el grave peligro que supondría para su salud el que se detectase en sus organismos restos de contaminación radiactiva. En total serán mil ochocientas personas las analizadas.
Desgraciadamente, este no es el primer incidente en el complejo Ascó-Vandellós. En 2005, el CSN clausuró por seis meses la Central de Vandellós II, también por ocultar un peligroso accidente al " primar la producción sobre la seguridad", imponiéndosele una multa de 1,6 millones de euros, aproximadamente lo que gana la planta en dos días de producción.
La fuga, producida en una tubería de refrigeración, fue detectada en agosto de 2004, pero en realidad, los responsables de Vandellós II conocían, desde 1993, que existían problemas de corrosión en la tubería sin que le pusieran remedio y sin que se informara al Consejo. Se detectó en esos momentos una cadena de falsos informes a los Ayuntamientos afectados, organizaciones, Parlamento, etc... Habían ocultado los graves riesgos; disminuido peligrosamente en un 62´5% las inversiones de mantenimiento, y no habían realizado las pertinentes inspecciones técnicas.
En los dos casos, todos los afectados coinciden en señalar que se ha puesto en riesgo, de manera calculada, la salud de los ciudadanos en aras a la rentabilidad económica.
Mucho me temo que la resolución del CSN sea la de proponer una nueva sanción económica, puramente testimonial para unas empresas energéticas que ganan cada año miles de millones de euros, que además se permiten el lujo de indemnizar multimillonariamente la jubilación de sus responsables, léase Manuel Pizarro, el flamante y desinflado fichaje del P.P..
A otro nivel, esto me recuerda muchísimo los daños producidos por el huracán Delta en la isla de Tenerife, donde los responsables del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señalaron que las torres que se cayeron embestidas por el viento y que dejaron sin luz a la isla durante muchos días, presentaban tan alto grado de corrosión que reducían su capacidad de carga en un 48%.
En aquella ocasión, a la empresa responsable se le sancionó con setenta y cinco millones de las antiguas pesetas. Todo un paripé que escondía las negligencias de la empresa en el mantenimiento y la obligación del Gobierno de Canarias de inspeccionar y fiscalizar.
Desde 1994 hasta ahora, el Gobierno de Canarias ha sancionado en veintiocho ocasiones con tres millones de euros a esta energética que, en régimen de monopolio, de facto, suministra energía a esta Comunidad. Y así la Junta de Andalucía, la Generalitat Catalana, Argentina, Chile..., sin que cada año el balance de ganancias de la responsable de todo esto, la misma por supuesto, deje de aumentar.
Yo me imagino que llegados hasta aquí, los lectores habrán adivinado que la empresa responsable de Vandellós II, Ascó I, la sancionada nacionales e internacionales, es Endesa. La misma a la que el Gobierno de Canarias ha encargado, junto a otras cinco empresas locales, que nos implanten el gas en Canarias, que construya las plantas gasificadoras y las explote, cuidando de su gestión y seguridad.
Y luego, algunos todavía cuestionan que la Mancomunidad del Sureste defienda que no se pueda construir una planta de gas en medio de la población.
Desgraciadamente el accidente (¿sólo se le puede calificar así?) de Ascó quedará en una mera y escasa sanción económica que apenas hará cosquillas a las cuentas de esta empresa energética. No importará nada que hayan puesto en riesgo, de manera interesada, la vida de tantos ciudadanos.
Mientras, seguirán presionando para que se suban los precios de las tarifas eléctricas y para que se implante el gas en Canarias, algo absolutamente innecesario.
Sucesos como los de Ascó y Vandellós nos reafirma en las posiciones de la defensa del interés general, frente a los que pretenden hacer negocio aún a costa de la salud y la seguridad de la ciudadanía.
*Antonio Morales Méndez, es Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.
Fuente: www.roqueaguayro.com
