El país está intervenido. El ultraliberalismo más brutal y antidemocrático
se ha hecho con el control del Gobierno. Se ha consumado el hecho programado
por el neoliberalismo, desde los años ochenta, de hacer hincar la rodilla a los
poderes públicos y a la democracia a favor de un sistema económico insaciable.
Pero el razonamiento irresponsable de muchos analistas, humoristas resabiados e
izquierdistas resabidos (los peores según Ferrajoli), políticos cómplices,
ciudadanos desinformados, prensa seguidista, etc., es que todo está sucediendo
porque nos dio por vivir por encima de nuestras posibilidades y que, por lo
tanto, sobran servicios públicos, derechos civiles y laborales, justicia
social, políticos, funcionarios y administraciones públicas.
Por lo visto no tienen nada que ver la burbuja inmobiliaria en la que nos
encerraron sin escapatoria, ni la ingeniería financiera que diseñaron para
meternos en una espiral de estafas y abusos sin control. Y resulta que ahora,
los responsables son los ciudadanos y todo lo que huela a público: la política,
los políticos, el exceso de funcionarios gandules, la demasía de instituciones
democráticas como ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas públicas han
devenido en únicos culpables de esta situación.
La estrategia está muy clara. Se trata de ir creando un estado de opinión
favorable al cuestionamiento de los servicios y los servidores públicos
elegidos democráticamente. Para debilitar al Estado. Para hacer claudicar al
poder democrático. Para después privatizarlo todo. Y los embates se producen
por oleadas, en función de las consignas que se lancen en cada momento para
condicionar la opinión pública.
Por eso, en las últimas semanas, desde el Gobierno y opinadores diversos, ha
arreciado una campaña brutal en contra de los ayuntamientos (ahora parecen
centrarse también en las autonomías) y otras facetas de lo público, para
convencernos de que quién único sabe gestionar es la iniciativa privada y que
por lo tanto hay que ponerlo todo en sus manos. Y no digo que no haya que
mejorar la gestión pública y corregir vicios, pero de ahí al exterminio va un
trecho considerable.
Para justificarlo todo recurren de manera machacona y torticera a la deuda
pública y a los costes que supone mantener el conjunto de los municipios
españoles. Y es aquí donde adquiere mayor calado la mentira: la deuda española
se cifra en una cantidad que gira en torno a los cuatro billones de euros
(cuatro veces el PIB) y aunque las cifras puedan variar algo, la generalidad
coincide en confirmar que la deuda pública no llega al 16%, la de las familias
está en torno a un 22%, la de las empresas en un 30,5% y la de los bancos por
encima del 32% .
Es decir, la deuda fundamental del país es privada en más de un 83%, y de
ésta, casi dos tercios corresponde a los bancos y a las empresas. Claro que la
pública seguirá aumentando y aumentando hasta la extenuación al hacérsenos
responsables del saneamiento de la banca y del pago de unos intereses usureros
cada vez más altos.
Del conjunto de la deuda pública española (solo el 16% del total del país,
el 60,1% del PIB), el 46% concierne a la Administración
central, el 10,9% a las comunidades autónomas y un raquítico 3,3% a las
entidades locales (más de la mitad de ésta pertenece a ayuntamientos capitales de
provincia y Madrid se lleva la palma).
Es más, según el Boletín Estadístico del Banco de España, la local fue la
única administración pública que redujo su deuda en el último trimestre de 2011
frente al aumento que se produjo en las otras. Y todo eso sin Ley de
Financiación, con la percepción de solo un 6% de los impuestos…Y aún así, la
inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor
que la realizada por las comunidades.
Circula por ahí también en estos días un supuesto estudio, elaborado en los
aledaños del PP, en el que se dice que los cargos públicos en España son más de
400.000 y que eso significa que tenemos el porcentaje y la cantidad más alta de
Europa. Otra mentira. Otra tergiversación de la realidad. Según el catedrático
y exrector de la UAB Josep
María Vallés, en España son algo menos de doscientas mil personas las que
ocupan cargos electos o dependientes directos de los mismos ¡para administrar
los recursos públicos de más de 45 millones de españoles!
Las administraciones públicas españolas tienen una dimensión inferior a las
de la mayoría de los países avanzados y, tanto en presupuestos como en personas
que los gestionan, España está en el penúltimo lugar en la EU-15, la misma posición que
alcanza en la clasificación de gasto público per cápita. Igualmente, el
personal al servicio del sector público en las administraciones ocupa a algo
más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles
territoriales, lo que equivale a menos de un 15% de la población activa,
porcentaje claramente inferior al de la media europea.
Según Eurostat, el peso del sector público en España es inferior al de la
media europea. Mientras aquí supone el 45,6% del PIB, la media de los países de
la zona Euro es del 50,9%. Pero ya ven, se insiste una y otra vez en utilizar
datos inflados para llamar al rechazo.
Mientras, se nos insiste machaconamente que no hay alternativas para salir
de esta situación, pero, al tiempo, se amnistía a los evasores de impuestos y
se facilita la salida de España de miles de millones de euros, los necesarios
para acabar con el déficit sin llevar al país a la pobreza. Los últimos datos
que conocemos son auténticamente definitorios.
El año pasado el fiscal general del Estado Conde-Pumpido nos advertía que
los delitos contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social
se habían incrementado en un 40% y por las mismas fechas Francia nos descubría
que más de 3.000 fortunas españolas tenían una cuenta en Suiza. Pero claro,
todo eso es pecata minuta. La realidad es que a través de recursos legales, más
o menos legales o claramente ilegales en forma de fundaciones, paraísos
fiscales, deslocalizaciones, sociedades patrimoniales, sicav, facturas falsas,
argucias empresariales…etc, cada año se dejan de ingresar al fisco miles y
miles de millones de euros.
Según el Sindicato de Técnicos del ministerio de Hacienda, España es el
tercer país más defraudador de la
UE, con un 23,3% de su PIB. Mientras el 71% de la evasión
(44.000 millones de euros) la cometen las grandes fortunas y las grandes
empresas, el ministerio "dedica el 80% de la plantilla (28.000 funcionarios
frente a los 140.000 de Francia o los 150.000 de Gran Bretaña) a la
comprobación e investigación de los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos,
pequeñas empresas y de algún trabajador que haya olvidado alguna partida en su
declaración".
Según los técnicos de Hacienda el principal problema de la economía española
es el profundo descenso de los ingresos tributarios y el fraude fiscal y calculan
una reducción de más de 50.000 millones de ingresos por este concepto. Según el
investigador en fraude fiscal Friedrich Schneider en un estudio realizado sobre
España en 2009, "la erradicación de la economía sumergida supondría un aumento
del PIB superior a los 200.000 millones de euros".
Y hay casos sintomáticos. Resulta curioso ver en la lista de las empresas
que se pasean por los paraísos fiscales a las eléctricas y petroleras españolas
que se quejan de que soportan un déficit tarifario que tenemos que pagar todos
los españoles con un aumento continuo del recibo de la luz; o a Zara que se
ahorra un buen fajo de impuestos al facturar sus ventas en Internet desde
Irlanda o al ínclito Emilio Botín, que aplaude a rabiar cada una de las medidas
de ajustes y recortes de Rajoy y que pide más y más, ("las reformas son duras
pero imprescindibles") y que tenía como mínimo 2.000 millones de euros ocultos
en las cuentas suizas de HSBC…
Y como Botín, vemos a muchos de ellos pidiendo cada día más reformas, menos
impuestos, menos administración, menos servicios públicos…Pero toca atacar a
los ayuntamientos y a sus cargos electos, a las autonomías…. Toca atacar lo
público para quedarse con todo. Como dice Félix Ovejero, se ataca a las
instituciones que se inspiran en valores que no tienen precio: "nada que ver
con la tesis que tanto se pasea por los medios y cuya teoría más seria, y
única, consiste en que la actividad pública es un latrocinio, la redistribución
un expolio y los impuestos una confiscación. Eso es otra cosa: mala economía y
repugnante moral. Economía al mejor postor". Y socavamiento de la democracia. O
de lo que queda de ella.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
