Martes, 30 de julio.
Antonio Morales*
Según los datos publicados por el
Banco de España el pasado 17 de julio, la deuda pública española ha ido
avanzando a un ritmo vertiginoso hasta situarse en el 89, 6% del PIB, el
porcentaje más alto de los últimos cien años. Durante el gobierno del PP, en
apenas dieciocho meses, el endeudamiento público en España se ha incrementado
en 200.000 millones de euros, unos 20 puntos. Al inicio de la crisis, la deuda
pública apenas llegaba al 36% del PIB, frente al 66% de la media de los países
del euro, pero de ahí para acá se ha incrementado en 50 puntos. La
socialización de las consecuencias de la crisis al asumir el Estado el pago del
fondo de rescate europeo a la banca, el déficit de la tarifa eléctrica, el
fondo para el pago a proveedores, la continuidad de una política suicida de
austeridad sin fin, la venta de los bonos públicos al sistema financiero a unos
intereses de hasta el 7% y el pago de unos rendimientos usureros a la banca
alemana (entre otras), ha incrementado el déficit hasta un límite insoportable.
En esta situación el paro ha
alcanzado a más de seis millones de españoles y la pobreza y la exclusión
social rondan a más de una docena de millones de ciudadanos; el Estado de
bienestar se tambalea desde sus cimientos (sanidad, educación, pensiones,
servicios sociales, etc.); cuatro hogares de cada 10 sobreviven con prestaciones
y ayudas públicas cada vez más precarias, según acaba de publicar el INE; los
jubilados dedican un 33% más de sus pensiones a atender a sus parientes, según
un estudio presentado por la ONG Acción Familiar y son las pensiones la
principal fuente de ingresos del 32,2% de las familias españolas, según la
Fundación 1º de Mayo de CCOO… Y podríamos seguir aportando cifras interminables
de desarraigo, empobrecimiento y hundimiento de la economía real…
Pero no todo el mundo lo vive de la
misma manera. A pesar de lo señalado y lo que se queda en el tintero, la banca
sigue restringiendo los créditos hasta alcanzar los niveles de 2006 mientras
aumenta sus beneficios en un 660% en los últimos cuatro meses. Los que nos
metieron en una burbuja de crecimiento alocado, de dinero fácil y sin control,
de pufos financieros que ahora pagamos todos, resulta que en el ejercicio del
2011, un año antes de que el Gobierno pidiera el rescate para salvarlos, que
también pagamos todos, eran los españoles mejor remunerados, siendo el sueldo
medio de los directivos de 2,4 millones de euros, aunque ahora sus salarios
estén limitados a 500.000 euros. Mientras los banqueros alemanes se bajaban un
6,7% sus emolumentos, los “nuestros” se los aumentaban en un 8% mondo y
lirondo.
Al tiempo que nos damos de bruces con
toda esta información, los medios de comunicación no dejan de trasladarnos un
día sí y otro también un caudal de noticias que no hacen sino profundizar en el
desafecto de la ciudadanía hacia la democracia y sus instituciones. A los casos
de corrupción que se asoman por todas las esquinas, en los últimos días hemos
visto como el Tribunal Constitucional se tambalea y se cuestiona la legitimidad
de muchas de sus actuaciones, al conocerse que su presidente fue elegido siendo
militante del PP, sembrando una sospecha de parcialidad difícilmente
soslayable. Hemos comprobado cómo de nuevo un juez que se atreve a meter a un
poderoso en la cárcel es hostigado por el ministerio público acusándolo de
delitos continuados de prevaricación y doble detención ilegal, lo que puede
llevarlo a su expulsión de la carrera judicial: sería el primero en ser
condenado por el caso Bankia, como lo ha sido Garzón por la trama Gürtel. Vemos
como la infanta Cristina sigue siendo exonerada de casi todo: después de que un
fiscal de manera no habitual, para decirlo finamente, pidiera su desimputación
y de como no se termina de aclarársenos lo que sucedió con el “error” de
Hacienda y la inscripción anómala de un montón de propiedades, ahora aparece un
documento que prueba que participó personalmente en operaciones de Aizon, y
todo su entramado de fraude fiscal, sin que pase nada. Conocemos como Jaume
Matas es liberado por el Tribunal Supremo de entrar en prisión al rebajarle, a
apenas seis meses, la condena de seis años que le había impuesto la Audiencia
Provincial de Palma…
Y podríamos seguir detallando hechos que se encadenan
escandalosamente en una demostración brutal de la inestabilidad y degeneración
de la democracia española. Se legisla para vaciar de contenido a las
instituciones y para quebrar los estados de derecho y de bienestar; se maniata
a los órganos de control; se criminaliza a los movimientos sociales y se
banaliza su capacidad de rebelión desde el convencimiento de que se trata de
algo meramente coyuntural al socaire de la crisis económica, que pasará y
devolverá las cosas a sus sitio… La pérdida de confianza y credibilidad de la
sociedad en la democracia no tiene parangón: destruye el pluralismo político y
la participación social en la política; quiebra el pacto y la cohesión social;
corroe la legitimidad de las instituciones y la garantía de la defensa de los
derechos de la mayoría… Y es sumamente peligroso. Gerald Caiden afirma que
“nada destruye tanto la credibilidad de las instituciones públicas como la
corrupción en los círculos oficiales o la mínima sospecha de que las manos de
los gobernantes están sucias. La corrupción mina la confianza de la gente en
sus instituciones; ensombrece profundamente las políticas y las acciones
oficiales; destruye la confianza en el sistema tributario y en el pago de
impuestos destinados a proyectos públicos que parecen obedecer únicamente a
intereses privados y llenar los bolsillos de otras personas; desvía los
recursos públicos de donde realmente se necesitan hacia empresas riesgosas
sobrevaluadas y subaprovechadas; burla la aplicación justa de las leyes y la
veracidad de los presupuestos y las cuentas públicos. En resumen, la corrupción
contribuye a perforar la gobernanza como hacen las termitas con la madera”. Y
encima, al presidente hay que llevarlo a rastras al Parlamento a dar
explicaciones. Y los partidos mayoritarios se enrocan, temen perder sus
privilegios y huyen de la regeneración profunda y necesaria.
Los últimos sondeos acerca de la
intención de voto de los españoles siguen arrojando datos alarmantes: el
alejamiento de los ciudadanos de las urnas aumenta cada vez de una manera más
contundente y el porcentaje de los que aceptan las cosas como están, de los que
no exigen el ejercicio de la ética y la ejemplaridad pública, es aún muy alto.
Se produce también un incremento de los ciudadanos que se interesan por la
política pero que consideran que no los representan las organizaciones
existentes y pueden optar por imponer otra alternativa desde fuera de las
instituciones… No podemos permitir que la lucha contra esta degeneración de la
democracia se convierta en una batalla contra la propia democracia. Corremos el
riesgo de caer en ello. Realmente, la democracia está en peligro.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
