Viernes, 27 de febrero.
Fernando T. Romero*
Es evidente que
la corrupción en nuestro país se encuentra instalada, sobre todo, en los
sectores más influyentes y poderosos de la estructura del sistema político,
tanto a nivel local-autonómico como estatal.
Esta vergüenza
alcanza a todos los niveles de las élites supuestamente biempensantes: desde la
propia casa-familia real a la presidencia del gobierno y, especialmente, a los
partidos tradicionales del bipartidismo que gobierna o ha gobernado este país.
Y todo ello, sin olvidarnos, por supuesto, de determinadas zagas familiares de
Cataluña y Valencia, así como de muchos episodios vergonzosos en otros
territorios y ciudades de la geografía estatal.
Ante este inmenso descrédito de la democracia y
de la actividad política, el bipartidismo, en vez de legislar y promover normas
claras y concluyentes de obligado cumplimiento para todos, se ha limitado a
establecer Códigos Éticos internos y de carácter voluntario que, llegado el
momento de su aplicación, se reinterpretan torticeramente para finalmente
incumplirlos, sobre todo, cuando afecta a algunos altos cargos o barones de los
partidos respectivos.
Por ejemplo, el
PP ha elaborado y aprobado ya varios Códigos Éticos que en pocas semanas fueron
congelados para no aplicárselo a según qué alto cargo o baronía. Por su parte,
el PSOE ha actuado de manera parecida: su Código Ético no se aplica de la misma
manera a los barones sevillanos que al varón gomero. Por no hablar del golpe de
mano contra un candidato madrileño elegido legítimamente en primarias, pero que
no era del agrado del aparato del partido.
Y en medio de
todo esto, los mismos que toleran, conviven o utilizan la corrupción como medio
de vida, tienen la osadía de impartir a los ciudadanos lecciones de ética, de
justicia social o doctrina sobre la necesaria solidaridad ciudadana. Y no se
inmutan ni se sonrojan.
¿Y las
responsabilidades políticas por sus actos fraudulentos y tramposos?
Sencillamente las responsabilidades políticas no existen en este país, ya que sólo
los jueces, llegado el momento procesal oportuno, son los que consiguen obligar
a los políticos corruptos a asumir sus responsabilidades y a marcharse a sus
casas.
Mientras tanto,
cada partido protege a sus corruptos y sólo se fija en los de los demás, a los
que cínicamente exigen responsabilidades inmediatas. Es la aplicación del doble
rasero. ¿Cuándo se aplicará en este país la responsabilidad y la ética política
ante la corrupción de la misma manera que se hace en otros países de nuestro
entorno a los que señalamos como ejemplo de tantas cosas?
Como consecuencia
de estos comportamientos indecentes, se ha extendido entre los ciudadanos la
idea de la impunidad de la corrupción, con el añadido en ciertas ocasiones de
la prescripción de los delitos que en buena medida sólo consiguen los políticos,
convirtiéndose la prescripción en un privilegio más para los aforados. De ahí,
la percepción entre la ciudadanía de la necesidad de reformar en profundidad o
de refundar el sistema político de este país.
Sin embargo, este
año es precisamente el de la oportunidad que tiene los ciudadanos para iniciar
ese proceso de reformas estructurales que necesita nuestro sistema democrático.
En los próximo nueve meses la ciudadanía de todo el Estado será convocada en
dos ocasiones a las urnas (en tres ocasiones para los residentes en Andalucía y
Cataluña).
En las elecciones
que se avecinan debemos ser más activos y críticos, por lo que tenemos que
negar nuestro apoyo a aquellos que pretenden que nuestro voto se convierta,
como hasta ahora, en un cheque en blanco para que luego ellos puedan hacer lo
que les plazca durante cuatro años.
La democracia no
es sólo que la gente vote. Además de las elecciones periódicas, se debe
permitir puntualmente la participación activa de los ciudadanos en la toma de
decisiones sobre los asuntos que le son de gran interés, mediante referendos.
Exijamos que en
temas de gran trascendencia no nos interpreten: ¡que nos pregunten
directamente! Que dejen ya de escudarse interesadamente en la manida expresión
de la “legitimación del voto emitido en su momento por los ciudadanos” para
actuar en su contra y, normalmente, en beneficio de las élites y grupos más
insolidarios.
La forma activa y
participativa de hacer política, lejos de debilitar la democracia, sólo la
refuerza y es lo que demanda la ciudadanía. Se trata de una democracia de los
ciudadanos y para los ciudadanos, no únicamente de las élites.
Y un ejemplo
reciente lo tenemos en Grecia. Los griegos votaron por sus propios intereses,
no por los de Alemania. De ahí la reprimenda indecente y sin escrúpulos a los
griegos de Schäuble, ministro de Finanzas alemán. Eligieron el cambio que
amenaza los privilegios de una minoría que se creía invulnerable. Y allí estuvo
nuestro ínclito presidente Rajoy, apoyando activamente los privilegios de esa
minoría griega. Y visto el resultado, se lució.
En su estrategia
del miedo, los grandes poderes económicos utilizaron todas las amenazas y
calificativos posibles para que no se votara a Syriza: antisistemas,
irresponsables, antieuropeos, ingenuos, ignorantes, etc. Pero, a pesar de todo,
los griegos han demostrado que el cambio es posible.
El nuevo gobierno
griego, como ha escrito Fernando Luengo, “ha llegado con un mensaje muy claro:
lo primero es la ciudadanía. Nada es más importante, nada es más urgente. Y por
esta razón han puesto en marcha un plan de rescate ciudadano”. Esto ha
sorprendido en Europa, pero mucho más en España, donde no estamos acostumbrados
a que los partidos cumplan lo que prometen en las campañas electorales.
Como era de
esperar, los gobiernos de la UE, adalides de la austeridad, pretenden ahogar
las posibilidades de recuperación planteadas por el nuevo gobierno griego. Por
su parte, en un año electoral como el presente, el gobierno español en su interés
partidista de dañar a Podemos golpea con saña a Syriza, alineándose con los
halcones de la UE para machacar a los griegos.
No obstante,
aunque la decisión del Eurogrupo de ampliar cuatro meses el crédito a Grecia no
constituye gran cosa, ambas partes han tenido que ceder dentro de lo razonable.
Y la política basada exclusivamente en la austeridad, los recortes y la pérdida
de derechos ciudadanos, ha empezado a ser cuestionada.
Por otra parte,
en la medida en que los ciudadanos de otros países vayan otorgando el poder a
nuevas fuerzas políticas, a los líderes
europeos no les quedará más remedio que ceder cada vez más en su actual
intransigencia económica. Es evidente que el nuevo estilo de Varoufakis,
ministro de Finanzas griego y de Tsipras, su primer ministro, ha empezado a
crear cierta inquietud en los aledaños del poder en Europa.
Y como ha escrito
Antonio Rico, “Los telediarios ya no son lo mismo desde que estos dos políticos
griegos, por esas cosas de la democracia, tienen derecho a pisar moqueta y a
ocupar parte del tiempo que los telediarios hasta ahora empleaban en
convencernos de que todo va bien en el reino de la austeridad”.
Y continúa así: “Las
moquetas quieren presentarnos a Tsipras y Varoufakis como dos intrusos que no
saben donde se han metido y los telediarios se fijan más en las camisas sin
corbata de los políticos y en su falta de experiencia. …Supongo que Juncker
preferirá discutir con expertos de la asquerosidad moral de Strauss Kahn o
Rodrigo Rato, gente listísima que ningún ciudadano decente querría tener
sentada a su lado”.
En definitiva, un pequeño país con sólo el 2% del
PIB de la UE se ha convertido en un ejemplo de dignidad. En este momento,
Grecia simboliza la necesidad de una refundación democrática en nuestro país y
en la UE, que coloque al ciudadano en el centro de todas las decisiones políticas.
*Fernando T. Romero es miembro de la Mesa de Roque Aguayro.
