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| La edil de Urbanismo, Clara Herrera, en una imagen de archivo |
El Ayuntamiento de Agüimes solicita que se tomen medidas urgentes para
movilizar la vivienda vacía en manos de las entidades financieras y públicas, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda de cuantas personas lo
necesiten
Así, en el Pleno Ordinario celebrado en la noche del lunes, se aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo Roque
Aguayro en la que se recogen una serie de medidas para garantizar el acceso a
la vivienda de cuantas personas lo necesiten en nuestro municipio.
Para el Ayuntamiento de Agüimes resulta urgente movilizar
la vivienda vacía en manos de las entidades financieras y públicas ante la
enorme cantidad de población con necesidades habitacionales y la falta de
recursos públicos para hacerle frente.
Por ello, “fomentar y garantizar la función
social de la vivienda, desincentivar la utilización anómala y penalizar, si es
necesario, el uso antisocial, se convierten en uno de los pocos mecanismos
efectivos al alcance de la administración para dar respuesta a la vulneración
del derecho”.
Según se recoge en la moción, “además de las entidades financieras, también es de la máxima gravedad que las administraciones públicas,
en este caso el Gobierno de Canarias, tenga centenares de viviendas públicas, destinadas a ser Viviendas de Protección Oficial (VPO), terminadas y vacías.
Según la información facilitada por el Gobierno de Canarias como consecuencia
de la pregunta formulada por los diputados de Nueva Canarias en el Parlamento
de Canarias, existen en nuestra comunidad 379 viviendas de titularidad pública vacías”.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Agüimes, de acuerdo a la moción aprobada en la sesión plenaria, solicita:
1º.- Manifestar el compromiso municipal de
emprender medidas municipales adicionales a las ya adoptadas en base a la
legalidad y competencias existentes, con el objetivo de garantizar el acceso a
la vivienda de cuantas personas lo necesiten en el término municipal de Agüimes.
2º.- Elaborar y aprobar programas de inspección
con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran
en situación de permanente desocupación, comenzando por los que son propiedad
de entidades financieras y otras grandes empresas.
3º- Instar al Parlamento y al Gobierno de
Canarias a que incluya en la nueva de Ley de Vivienda los siguientes aspectos:
a.- Otorgar competencias a los ayuntamientos para aprobar programas destinados al fomento de la
vivienda donde se contemplen medidas para evitar la desocupación
permanente e injustificada de viviendas.
b.- Que se defina la desocupación de viviendas de titularidad de
entidades financieras y grandes empresas como situación anómala, se
tipifique como infracción administrativa y cuantifique la sanción que
corresponda, dando a los ayuntamientos las competencias oportunas para
tramitar los procedimientos contradictorios de sanción e instrucción, así
como de inspección.
4º- Instar al Gobierno de Canarias a que ponga a
disposición de los ciudadanos, de manera urgente, las 379 viviendas de
titularidad pública que reconoce que están desocupadas, y que arbitre los
mecanismos administrativos que hagan que situaciones como esta no se vuelvan a
repetir, si es que se trata de un problema de esa índole, o bien sustituya a los responsables políticos
causantes de esta anomalía.
5º- Instar al Gobierno de Canarias a que paralice
los desahucios que está llevado a cabo la empresa pública Visocan hasta que se
apruebe la nueva Ley e instar para que en la misma se revisen los requisitos
para proceder a estos desahucios adaptándolos a los nuevos tiempos y a la nueva
situación de crisis económica y de falta de empleo o crédito existentes, entre
otras cuestiones.
6º Transmitir esta moción para su conocimiento y adhesión
a los ayuntamientos de la isla, al Cabildo de Gran Canaria, al Parlamento de
Canarias, a los diferentes grupos
parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipotecas y a las
asociaciones vecinales del municipio.
