Martes, 15 de septiembre.
Antonio Morales*
España ha construido en la última década un relato del que, con razón, nos sentíamos orgullosos: el de un país que lideraba en Europa la transición hacia las energías limpias, que multiplicaba su potencia renovable año tras año y que se diferenciaba de otros socios europeos, más rezagados o más dependientes de los combustibles fósiles, por su apuesta decidida por el sol, el viento y el futuro. El ejemplo más palpable es que en 2025 las renovables generaron el 55,5% de la electricidad y España terminó el año con saldo eléctrico exportador por cuarto año consecutivo. Ese relato se ha visto ahora seriamente comprometido. Mientras el Gobierno impulsa la renovación de la central nuclear de Almaraz, alargando la vida de una instalación que debería estar en la senda del cierre, mantiene paralizada, año tras año, la implantación de la eólica marina, precisamente la tecnología que más podría consolidar ese liderazgo renovable en la próxima década. Esta contradicción no es un matiz técnico. Es un cambio de rumbo que hay que señalar con toda claridad.
Alargar la vida de Almaraz no es, como se pretende presentar, una decisión neutra de garantía de suministro. Es una opción política que consolida un modelo energético del pasado en un momento en que Europa entera debería estar acelerando, no ralentizando, su tránsito hacia las renovables. Almaraz es una central que arrastra decisiones aplazadas durante años, que genera residuos radiactivos sin solución definitiva de almacenamiento, y que compite por los mismos recursos de inversión y de atención regulatoria que deberían destinarse a desplegar la potencia renovable que España necesita para cumplir sus propios compromisos climáticos. Es, sin duda alguna, una de las fuentes de generación de energía más caras, frente a la eólica y la solar, las mas baratas en estos momentos.
Además, no es cierto que aporte una seguridad real al sistema. Estamos viendo cómo en Europa se están produciendo paradas temporales y reducciones de potencia debido a la escasez de agua y las olas de calor extremo. Las centrales nucleares necesitan enormes cantidades de agua de los ríos o del mar para refrigerar sus reactores. Cuando hay sequía extrema, surgen dos problemas críticos: el caudal de los ríos baja demasiado (los sistemas no pueden succionar agua suficiente) o el agua está demasiado caliente (por ley no pueden devolverla al río a altas temperaturas para no destruir el ecosistema protegido). Este verano se han tenido que parar centrales en Rumanía, Hungría, Francia y Suiza. El cambio climático y las sequías afectan directamente a su fiabilidad. Por otra parte, Europa importa el 100% del uranio que necesita y Rusia controla el 46% de la capacidad mundial de su enriquecimiento. China y Rusia controlarán el 60% en 2030.
Cada euro y cada hora de gestión política dedicados a prolongar el parque nuclear -siguiendo los dictados del oligopolio energético- son un euro y una hora que no se dedican a resolver los cuellos de botella que hoy frenan la eólica marina, el almacenamiento o la modernización de la red eléctrica.
Y ese frenazo es, precisamente, lo más grave de esta historia. La eólica marina lleva años atrapada en una maraña de planificación, informes ambientales, recursos administrativos y falta de decisión política que ha convertido a España, y de forma muy especial a Canarias, en un ejemplo de potencial desaprovechado. Tenemos en nuestras aguas algunas de las mejores condiciones de viento de toda Europa para el desarrollo de la eólica marina flotante, una tecnología en la que podíamos haber sido pioneros a nivel continental.
Las islas son un territorio especialmente vulnerable a la dependencia energética porque durante décadas han tenido que importar prácticamente todo el combustible necesario para generar electricidad y garantizar el transporte. Pero, al mismo tiempo, poseen algunos de los mejores recursos renovables de Europa. El sol, el viento y el océano pueden convertirse en una auténtica fuente de soberanía.
Gran Canaria puede ser un laboratorio avanzado de ese nuevo modelo. El desarrollo de la eólica marina, unido al almacenamiento energético, la desalación, la electrificación del transporte, la generación fotovoltaica distribuida y proyectos como Salto de Chira, puede permitir avanzar hacia un sistema mucho menos dependiente de los combustibles fósiles.
Sin embargo, la tramitación de proyectos se eterniza, y mientras tanto otros países de nuestro entorno, con condiciones de viento comparables o incluso peores, avanzan con parques operativos y cadenas industriales consolidadas. No es exagerado decir que estamos regalando a otros la ventaja competitiva que un día tuvimos.
El sector de las renovables lleva tiempo advirtiendo de esta contradicción, y no lo hace desde la confrontación gratuita, sino desde el conocimiento profundo de lo que está en juego. Las principales asociaciones empresariales del sector eólico y solar, junto con organizaciones ambientales de referencia, han cuestionado con dureza esta decisión, señalando que prolongar la vida de una central nuclear mientras se mantiene bloqueada la eólica marina envía la peor señal posible a los inversores, a la industria y a los propios territorios que, como el nuestro, llevan años preparando proyectos, alianzas tecnológicas y expectativas de empleo verde en torno a esta tecnología. No hablamos solo de electrones. Hablamos de una cadena industrial completa, de puertos, de astilleros, de ingeniería especializada y de miles de empleos cualificados que podrían anclarse en nuestras costas si existiera la voluntad política de desbloquear los proyectos.
Conviene además desmontar el argumento con el que se suele justificar la prórroga nuclear: que es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico mientras las renovables terminan de desplegarse. Ese argumento se sostiene mucho peor de lo que parece cuando se examina con rigor. La verdadera causa de la lentitud renovable no es una limitación tecnológica ni una falta de recursos naturales, sino precisamente la parálisis administrativa que arrastran los proyectos de eólica marina desde hace años. Es decir, se utiliza como justificación para mantener la nuclear el mismo problema que el propio Gobierno se ha negado a resolver: su persistente lentitud regulatoria. Es un argumento circular que convierte la inacción en pretexto para perpetuar el statu quo, en lugar de resolver de una vez la planificación marítima y agilizar las autorizaciones ambientales con las garantías necesarias, pero sin la parálisis actual.
El contexto en el que se toma esta decisión acrecienta, todavía más, su gravedad. El calentamiento global no da tregua: cada año que pasa sin acelerar la descarbonización es un año que acerca a Europa, y a Canarias de forma muy particular por nuestra condición de territorio insular y vulnerable, a los escenarios climáticos más severos que la ciencia lleva décadas advirtiendo.
Al mismo tiempo, la inseguridad energética europea, agravada por la dependencia histórica del gas - ahora especialmente de Rusia y EEUU- y por la inestabilidad geopolítica en nuestro entorno inmediato, exige precisamente lo contrario de lo que estamos haciendo: menos dependencia de infraestructuras centralizadas y vulnerables, y más despliegue rápido de generación renovable distribuida, que es, además, la que ofrece mayor autonomía estratégica frente a terceros países.
Apostar por prolongar el modelo nuclear mientras se frena la eólica marina no refuerza nuestra seguridad energética. La debilita, porque perpetúa la dependencia de infraestructuras rígidas, de larga construcción y de elevados costes de gestión, en lugar de construir un sistema flexible, diversificado y verdaderamente soberano.
Lo más preocupante, además, es lo que esta decisión dice sobre el liderazgo europeo de España. Durante años hemos defendido, con legitimidad ganada a pulso, que España podía y debía ser la locomotora renovable de Europa, el país que demostraba que la transición energética era compatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo de calidad. Esa diferenciación, ese activo reputacional e industrial, se construyó con decisiones valientes y con inversión sostenida. Ahora, con este paso atrás, corremos el riesgo de diluir esa ventaja competitiva justo cuando más falta nos hace, en un momento en que la Unión Europea necesita ejemplos concretos de países capaces de acelerar, no de titubear, en su hoja de ruta climática.
Desde el Cabildo de Gran Canaria lo decimos con toda claridad: no se puede pretender liderar la transición energética en Europa mientras se bloquea, año tras año, la tecnología que más potencial tiene para consolidar ese liderazgo en el Atlántico. Exigimos que se desbloquee de manera definitiva la planificación de la eólica marina, con calendarios claros, seguridad jurídica para los proyectos e inversión decidida en la infraestructura portuaria e industrial necesaria para acompañar su desarrollo. Exigimos, igualmente, que cualquier decisión sobre el futuro del parque nuclear se tome con un horizonte de cierre ordenado y no como una prórroga indefinida que compita por los recursos y la atención política que las renovables necesitan. Canarias tiene la ambición, el viento y la vocación de ser protagonista de esa transición. Lo que necesitamos es que el Gobierno de España recupere la valentía que un día nos diferenció, y que hoy, con esta decisión, empieza a ponerse en cuestión.
*Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
