Martes, 10 de febrero.
Antonio Morales*
El sector primario canario atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Agricultura, ganadería y pesca se encuentran en una encrucijada marcada por decisiones que se están tomando fuera del archipiélago, principalmente en el ámbito europeo aunque también en el del Gobierno español, pero cuyas consecuencias recaen de forma directa sobre un territorio ultraperiférico con marcadas singularidades económicas, sociales y ambientales.
Las posibles modificaciones del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el debate en torno a la pesca del atún mediante redes de cerco y la entrada en vigor de nuevas normas de control pesquero que afectan a la flota artesanal configuran un escenario de gran incertidumbre para el campo y el mar canarios.
El Posei ha sido, desde su creación, una de las principales herramientas de compensación de los sobrecostes estructurales que sufren las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En el caso de Canarias, este programa -que inyecta 300 millones anuales al sector- ha permitido sostener producciones agrarias y ganaderas que, sin ese apoyo, difícilmente podrían competir en un mercado único diseñado para territorios continentales. La insularidad, la fragmentación del territorio, la lejanía de los principales mercados y la dependencia del transporte marítimo encarecen tanto la producción como la comercialización, situando a los productores canarios en clara desventaja frente a competidores de otras regiones europeas. Así está reconocido expresamente en el artículo 349, que costó tanto conseguir, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Durante años, el Posei ha servido para garantizar el abastecimiento del mercado interior, apoyar cultivos estratégicos como el plátano, el tomate o la vid y mantener viva una actividad económica que cumple también una función social, territorial y ambiental. No obstante, en el contexto de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, han surgido propuestas que apuntan a una posible integración del Posei dentro de instrumentos más generales de la Política Agrícola Común. Esta opción supondría diluir el carácter específico del programa y poner en riesgo su financiación directa, vinculada precisamente al reconocimiento de las desventajas permanentes de las regiones ultraperiféricas.
Cualquier debilitamiento del Posei tendría consecuencias inmediatas sobre la viabilidad de miles de explotaciones. En un contexto de aumento de los costes energéticos, encarecimiento de los insumos y presión creciente sobre los precios en origen, perder un instrumento diseñado a medida del archipiélago aceleraría el abandono del campo, aumentaría la dependencia exterior y comprometería la ya frágil soberanía alimentaria de las islas. Es necesario, igualmente, que se extienda una filosofía similar al ámbito pesquero, con un Posei específico para la pesca y la acuicultura que tenga en cuenta los costes particulares de la flota canaria.
Paralelamente, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur supone una amenaza adicional. Aunque el pacto persigue la liberalización del comercio entre ambos bloques y se presenta como una oportunidad para determinados sectores industriales y exportadores, el sector primario europeo, y especialmente el de las regiones más vulnerables, se verá seriamente afectado con la apertura del mercado comunitario a productos agrarios procedentes de países con menores costes de producción y normativas diferentes en materia ambiental, sanitaria y laboral.
En el caso canario, la inquietud es doble. Por un lado, la entrada de productos agrícolas a precios más bajos ejercerá una presión a la baja sobre los precios locales, haciendo inviable la producción en un territorio donde los costes son estructuralmente superiores. Por otro, no genera ninguna confianza la aplicación de 'cláusulas espejo', para que los productos importados de terceros países estén sujetos a los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos.
La combinación de un Posei debilitado y un acuerdo comercial de gran alcance como el de Mercosur es un cóctel extremadamente peligroso. La pérdida de ayudas específicas, unida a una mayor presión competitiva en el mercado, acelerará la desaparición de explotaciones agrarias y ganaderas, con efectos en cascada sobre el empleo, el paisaje, la cohesión territorial y la economía rural. En este contexto, es imprescindible que Canarias, en su condición de región ultraperiférica, sea tenida en cuenta no solo en las políticas de cohesión, sino también en los grandes acuerdos comerciales de la Unión.
En el ámbito pesquero, el debate se intensifica en torno a la posible introducción o ampliación de técnicas de pesca industrial, especialmente el uso de redes de cerco para la captura de atún. La pesca del atún es una actividad estratégica para la flota artesanal canaria, que tradicionalmente ha utilizado métodos altamente selectivos, como el anzuelo, con un impacto ambiental reducido y una elevada calidad del producto. La entrada de flotas industriales o la autorización de técnicas como el cerco con grandes redes supone una amenaza directa a este modelo y elimina la zafra de la pesca del atún que es la que mantiene viva en la actualidad a nuestra flota pesquera artesanal. La utilización de pescado de la zona para alimentar a las crías de atún, con ratios de 15:1 sería realmente insostenible y realmente dañina para la fauna local.
Las organizaciones de pescadores y también el Cabildo de Gran Canaria han alertado de que la pesca industrial del atún altera los equilibrios del caladero, reduce la disponibilidad del recurso para la flota local y provoca un impacto ecológico significativo, especialmente si se utilizan dispositivos de agregación de peces. Más allá del daño ambiental, el riesgo principal es socioeconómico: la flota artesanal no puede competir con la capacidad extractiva ni con la escala de la pesca industrial, lo que podría llevar a la desaparición de un sector que genera empleo y forma parte de la identidad cultural de Canarias.
A esta preocupación se suman las nuevas normas europeas de control pesquero que han entrado en vigor recientemente con el objetivo de reforzar la trazabilidad, mejorar la gestión de los recursos y luchar contra la pesca ilegal. Aunque el principio de sostenibilidad es compartido por el sector, la aplicación práctica de estas normas ha generado un fuerte malestar entre los pescadores artesanales canarios. Muchas de las obligaciones administrativas y tecnológicas que se exigen, como el registro electrónico detallado de capturas o los avisos previos de llegada a puerto, están diseñadas para flotas de mayor tamaño y no se adaptan a la realidad de pequeñas embarcaciones de bajura.
Para la pesca artesanal, estas exigencias suponen un aumento de los costes y una carga burocrática difícil de asumir. La falta de adaptación normativa a las particularidades de Canarias puede convertir una actividad tradicional y sostenible en económicamente inviable. Las cofradías advierten de que, si no se introducen excepciones o ajustes específicos, muchas embarcaciones se verán obligadas a abandonar la actividad, con la consiguiente pérdida de empleo y de conocimiento tradicional.
En conjunto, las tensiones actuales reflejan un problema de fondo: la dificultad de encajar políticas europeas de carácter general en territorios con características excepcionales como Canarias. La defensa del sector primario no pasa por rechazar la sostenibilidad, la modernización o el comercio internacional, sino por exigir que estos procesos tengan en cuenta la singularidad insular y ultraperiférica. El futuro del campo y del mar canarios depende de que la Unión Europea mantenga instrumentos específicos, escuche a los territorios afectados y diseñe políticas que no sacrifiquen a los sectores más frágiles en nombre de un mercado globalizado.
Y como señalé en mi artículo de la semana pasada, pasados los años, la UE y el Gobierno español de turno, se darán cuenta del error y del daño producido, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria. El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquíes. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran. Lo mismo que hicieron con la pesca artesanal situándola al borde del precipicio.
Desde el Cabildo de Gran Canaria, comprometido con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, consideramos imprescindible alzar la voz y trasladar a las instituciones competentes nuestra oposición a unas medidas que ponen en riesgo el presente y el futuro del campo canario. De esta manera reafirmamos el compromiso del Gobierno de la isla con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria, el producto local y el mantenimiento de un medio rural vivo y sostenible.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la rentabilidad económica de unas actividades productivas, sino un modelo territorial, social y cultural que ha dado forma a Canarias durante siglos. Preservar el sector primario significa también comer más fresco y más sano y proteger el paisaje, la biodiversidad, la lucha contra los incendios, la reducción de la huella ecológica en el consumo de alimentos, la identidad y la capacidad del archipiélago para decidir sobre su propio abastecimiento y su relación con el entorno. No podemos aceptar que otros decidan por nosotros qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. La respuesta que se dé hoy a estos desafíos marcará el rumbo del sector primario canario durante las próximas décadas.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
