Martes, 9 de junio.
Antonio Morales*
En la última década, España ha vivido graves casos de corrupción que han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones. El caso Gürtel y los papeles de Bárcenas destaparon una trama de financiación ilegal vinculada al Partido Popular y precipitaron la caída del gobierno de Mariano Rajoy en 2018. En medio, el caso ERE reveló un sistema fraudulento de ayudas públicas en Andalucía durante gobiernos socialistas. También el exministro del PP Rodrigo Rato fue condenado por un delito contra la hacienda pública y Cristóbal Montoro, otro exministro del PP, está siendo juzgado por montar presuntamente una red clientelar para hacer leyes al dictado de intereses empresariales. Los casos Kitchen, Púnica y Lezo, de corrupción urbanística y de utilización de la policía con fines torticeros, afectaron al PP, mientras que el caso Koldo ha golpeado al PSOE por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia y posibles pagos irregulares vinculados al entorno de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En mayo de 2026, la UCO se personó en la sede del PSOE en Ferraz dentro de nuevas investigaciones judiciales sobre presunta financiación irregular y el denominado caso Leire Díez.
La corrupción constituye una de las amenazas más profundas y persistentes para cualquier sistema democrático. Más allá de los delitos concretos, de los nombres propios o de los escándalos que periódicamente ocupan titulares, su verdadero impacto se produce cuando erosiona la confianza colectiva y debilita la relación entre la ciudadanía y las instituciones. La degradación ética de la vida pública termina generando desapego, frustración y desafección política.
Y no puede interpretarse únicamente como un problema judicial o administrativo. Su alcance es mucho más profundo, porque afecta directamente a la calidad democrática y a la cohesión social. Cuando la ciudadanía percibe que quienes ejercen responsabilidades públicas utilizan el poder para beneficio personal, cuando observan privilegios, clientelismo o impunidad, se instala una sensación de desconfianza que acaba extendiéndose sobre el conjunto de las instituciones. Esa percepción provoca que muchas personas terminen alejándose de la política, convencidas de que sus problemas reales quedan subordinados a intereses particulares o económicos.
El gran riesgo es que termine normalizándose. Cada nuevo escándalo parece generar una indignación inmediata que, con el paso del tiempo, acaba diluyéndose sin que se produzcan transformaciones profundas. Las promesas de regeneración democrática se suceden, pero la ciudadanía observa con frecuencia cómo determinadas prácticas vuelven a repetirse bajo distintas formas. Ese ciclo permanente de decepción provoca cansancio social y alimenta la idea de que la corrupción forma parte inevitable del sistema político. Y ahí reside uno de los mayores peligros para la democracia: la resignación colectiva.
Cuando la corrupción deja de sorprender y comienza a asumirse como algo cotidiano, el deterioro institucional se vuelve mucho más grave. El problema ya no afecta únicamente a quienes protagonizan conductas ilícitas, sino que contamina la percepción global de la política. Se instala entonces un discurso simplificador según el cual “todos son iguales”, una idea que erosiona el prestigio de las instituciones y favorece el crecimiento del cinismo político. Esa visión indiscriminada resulta especialmente dañina, porque termina debilitando la confianza en la propia democracia y favoreciendo la desmovilización ciudadana.
El avance de la corrupción tiene que ver con un modelo económico global que prioriza el beneficio económico y el poder de determinados intereses privados sobre el interés general. Durante décadas el neoliberalismo ha ido imponiendo una lógica política en la que lo público pierde valor frente a las dinámicas del mercado, reduciendo la política a una simple herramienta de gestión y debilitando su dimensión ética y transformadora. Cuando el dinero y la rentabilidad inmediata se convierten en referencias dominantes, aumentan las posibilidades de que surjan comportamientos corruptos y redes clientelares.
El individualismo extremo, el consumismo y la pérdida de referentes colectivos han contribuido a debilitar la conciencia cívica. En una sociedad donde el éxito personal parece situarse por encima de cualquier consideración ética, resulta más difícil defender valores como la honestidad, la responsabilidad pública o el compromiso con el bien común. Por eso la corrupción no puede combatirse solo mediante leyes o mecanismos judiciales, sino también recuperando una ética pública sólida y fortaleciendo la educación democrática.
Y es muy fácil entonces que prendan los discursos que utilizan la corrupción para desacreditar globalmente la política y las instituciones públicas. Y se hace preciso en este punto distinguir entre la crítica legítima y necesaria a los abusos de poder y el intento de fomentar una visión antipolítica que presente toda acción pública como inútil o sospechosa. Determinados sectores económicos, mediáticos o ideológicos alimentan deliberadamente esa desconfianza generalizada porque una ciudadanía desencantada y desmovilizada resulta más fácil de controlar.
El riesgo de esa deriva es que el vacío dejado por la desconfianza democrática puede ser ocupado por opciones autoritarias o populistas. Cuando las personas dejan de creer en las instituciones, en la representación política o en la capacidad de la democracia para resolver problemas colectivos, emergen discursos basados en el miedo, la confrontación y la simplificación extrema de la realidad. El crecimiento de la extrema derecha en distintos lugares del mundo está relacionado con el malestar social, la precariedad y la pérdida de confianza en los sistemas democráticos.
En ese contexto, la corrupción actúa como un factor especialmente corrosivo porque destruye la credibilidad moral de quienes deben defender las instituciones democráticas. Si quienes representan el interés público aparecen asociados a privilegios, abusos o falta de ejemplaridad, aumenta la frustración ciudadana y se fortalece la idea de que las reglas no son iguales para todos. Esa sensación de injusticia resulta devastadora para la convivencia, porque rompe uno de los principios básicos de cualquier democracia: la confianza en la igualdad ante la ley y en la honestidad de las instituciones.
Pero no podemos quedarnos en una visión derrotista. El diagnóstico sobre el deterioro democrático es preocupante, pero la política democrática es una herramienta imprescindible para transformar la sociedad. Frente al descrédito y el cinismo, se hace necesario fortalecer las instituciones públicas y recuperar la participación ciudadana. La solución no pasa por aborrecer la política, sino precisamente por exigirle más transparencia, más ética y más compromiso con las necesidades reales de la población.
La democracia, insisto en ello, requiere una ciudadanía activa, informada y comprometida con la defensa de lo común. La participación social, la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son elementos esenciales para evitar que las instituciones se alejen de la sociedad. Una democracia sana necesita hombres y mujeres capaces de implicarse en los asuntos públicos y de defender los valores democráticos frente a quienes intentan degradarlos.
Y aquí juega un papel clave el fortalecimiento de los servicios públicos como garantía de cohesión social y legitimidad democrática. Unas instituciones eficaces, cercanas y orientadas al bienestar colectivo contribuyen a recuperar la confianza ciudadana. Cuando la política demuestra capacidad para mejorar la vida de las personas, disminuye el espacio para el desencanto y para los discursos que cuestionan el valor de lo público.
La lucha contra la corrupción, por tanto, debe abordarse desde una perspectiva integral. No basta con endurecer penas o aprobar nuevas normas si no se modifican las condiciones estructurales que favorecen los abusos de poder. Frente a los populismos excluyentes, los totalitarismos, la antidemocracia o el pasotismo es preciso avanzar hacia modelos institucionales más transparentes, con mayores mecanismos de control y con una relación mucho más limitada entre intereses económicos y decisiones políticas. Solo así podrá recuperarse la credibilidad democrática.
Pretendo con este texto seguir reflexionando y advirtiendo sobre la fragilidad de la democracia. Las sociedades democráticas no se destruyen únicamente mediante rupturas abruptas; también pueden deteriorarse lentamente a través de la corrupción, la desigualdad, la pérdida de valores colectivos y el descrédito permanente de las instituciones. Cuando la ciudadanía deja de confiar en la política y se instala la idea de que nada puede cambiar, la democracia comienza a resquebrajarse desde dentro.
Frente a ese riesgo no cabe otra opción que recuperar la ética pública, fortalecer la participación ciudadana y defender el valor de las instituciones democráticas. Porque, en última instancia, la corrupción no solo roba recursos o vulnera leyes: también erosiona la esperanza colectiva y debilita el vínculo que sostiene la convivencia democrática. Y sin confianza, sin compromiso cívico y sin defensa activa de lo público, ninguna democracia puede mantenerse sólida en el tiempo.
*Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
