Miércoles, 11 de noviembre.
Antonio Morales*
De este asunto, de singular relevancia para los derechos de las personas, tuve ocasión de debatir en el último pleno del Cabildo de Gran Canaria mientras se me interpelaba sobre una denuncia presentada contra los organizadores de las Jornadas del Paisaje y las peticiones de penas realizadas por parte de la fiscalía. Me pereció necesario trasladar mi visión a las personar que me leen cada semana.
Pocas expresiones se repiten tanto en tribunas parlamentarias, editoriales y tertulias como la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. Se invocan con solemnidad, casi como un ritual. Pero esa invocación se desvanece en cuanto una persona es investigada, citada a declarar o señalada en un escrito de acusación por un fiscal. Desde ese momento deja de ser un ciudadano o ciudadana con derechos y pasa a ser un culpable mediático. Su nombre queda unido al delito mucho antes de que un juez haya escuchado a las partes, valorado las pruebas y dictado sentencia y muchas veces también la duda se queda instalada para siempre. Puse los ejemplos de Carmelo Padrón, Pedro Quevedo, Carlos Sánchez o Fernando Clavijo, todos ellos sometidos a un calvario judicial y a un juicio mediático durante un largo tiempo y luego absueltos.
La presunción de inocencia no es una cortesía procesal ni un tecnicismo para abogados. Es una de las grandes conquistas de la civilización jurídica moderna. En 1764, Cesare Beccaria la formuló con claridad en “De los delitos y de las penas”: “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida”. Hasta entonces, la sospecha bastaba para justificar el tormento, y el acusado tenía que demostrar su inocencia ante un poder que ya lo había condenado de antemano.
Aquella intuición ilustrada se convirtió en derecho positivo. La recogen el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 24.2 de nuestra Constitución, que la sitúa entre los derechos fundamentales protegidos al máximo nivel. Luigi Ferrajoli, uno de los grandes teóricos del garantismo, explicó en “Derecho y razón” que este principio tiene dos dimensiones. Es una regla de juicio, la carga de la prueba corresponde a quien acusa, y la duda favorece al acusado. Y es también una regla de trato porque mientras no haya condena, la persona debe ser tratada como inocente. Detrás está una opción moral muy clara. Un Estado de derecho prefiere arriesgarse a absolver a un culpable antes que condenar a un inocente.
Precisamente esa segunda dimensión, la del trato, es la que se quiebra a diario fuera de los tribunales. Una cosa es lo que dice el derecho y otra lo que hace la plaza pública.
El ordenamiento ha intentado proteger este principio también fuera del proceso. En 1995, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia en el caso Allenet de Ribemont. Un ministro del Interior y altos mandos policiales habían señalado públicamente a un detenido como instigador de un asesinato. El Tribunal concluyó que esas palabras eran una declaración de culpabilidad, animaban al público a creer en ella y adelantaban la valoración que correspondía a los jueces. Lo importante del fallo es que la presunción de inocencia puede vulnerarse no solo desde un juzgado, sino desde cualquier autoridad pública.
La Unión Europea fue más lejos con la Directiva 2016/343. Su artículo 4 obliga a los Estados a garantizar que, mientras no se pruebe la culpabilidad, las declaraciones de las autoridades públicas no presenten al sospechoso o acusado como culpable. En España, la Ley Orgánica 13/2015 sustituyó el término “imputado” por “investigado” y “encausado” para reducir el estigma asociado a una palabra que la sociedad ya interpretaba como sinónimo de culpable.
Pero ninguna norma alcanza allí donde hoy se dictan las condenas más rápidas e irreversibles: en el titular, en la tertulia, en la red social y en el discurso partidista. El legislador cambió una palabra, pero no podía cambiar la lógica de la plaza pública. Llámese imputado o investigado, el señalado sigue condenado en la opinión pública antes de pisar el juzgado.
Para entender esa lógica hay que mirar al mercado. Buena parte de los medios vive hoy en la economía de la atención, donde el valor se mide en clics, audiencia y minutos de permanencia. Pierre Bourdieu, en “Sobre la televisión”, ya advertía de que la búsqueda del índice de audiencia empuja hacia lo sensacional y lo dramático y desplaza el análisis. Un auto de procesamiento atrae mucho más que una sentencia absolutoria. Una petición de pena de muchos años es un gran titular, y que esos años no lleguen a imponerse no interesa a casi nadie. La imputación es noticia; la absolución, como mucho, una nota breve. La justicia se convierte en una mercancía.
Guy Debord describió en “La sociedad del espectáculo” un mundo en el que la representación sustituye a la realidad. El juicio paralelo es una aplicación exacta de esa idea. Se filtran fragmentos del sumario, se emiten conversaciones privadas fuera de contexto y se reconstruyen los hechos con la lógica del guion televisivo, con buenos, malos y un desenlace. El proceso real, lento y garantista, con contradicción y derecho de defensa, no puede competir con ese relato. Cuando por fin llega, la sentencia social ya está dictada.
Michel Foucault recordaba en “Vigilar y castigar” que el castigo en el Antiguo Régimen era un espectáculo público, con la picota y el cadalso en plena plaza. La modernidad lo sustituyó por un procedimiento sobrio y reglado. Hoy la picota ha vuelto, en versión digital. No hay verdugo ni patíbulo, pero sí una exposición permanente, multiplicada y sin fecha de caducidad. Los buscadores conservan la acusación para siempre y rara vez muestran el sobreseimiento.
A la lógica del mercado se suma la del interés partidista. Los partidos defienden la presunción de inocencia con firmeza cuando el investigado es de los suyos y la olvidan cuando se trata del adversario. La investigación judicial se convierte en munición: se exigen dimisiones inmediatas, se encadenan comparecencias y se fabrican campañas a partir de una diligencia de instrucción. La misma formación que hoy habla de persecución y “lawfare” pedirá mañana la cabeza del contrario por un hecho parecido. El principio se convierte en un instrumento de oportunidad.
Esa instrumentalización hace un daño doble. Por un lado, contamina la justicia, porque la presiona y la arrastra al terreno de la sospecha partidista. Cuando cada resolución se lee en clave de bandos, la ciudadanía deja de confiar en la imparcialidad de los tribunales. Por otro, empobrece la política: el debate de ideas se sustituye por la descalificación personal y la sospecha basta para apartar a cualquiera, sea culpable o inocente. La democracia se empobrece y se dañan las libertades cuando la sospecha y el señalamiento público sustituyen al proceso.
Esta contradicción no es menor ni anecdótica. Empobrece la democracia, porque erosiona la confianza en las instituciones y convierte la justicia en espectáculo. Debilita las libertades, porque genera un clima de miedo en el que cualquiera puede ser destruido por una denuncia, fundada o no, y en el que muchas personas valiosas renuncian a la vida pública por no exponerse a ese linchamiento. Y, por último, vacía los derechos individuales, porque deja a la persona indefensa ante una condena social que no tiene juez, ni plazos, ni recurso, ni reparación.
Nada de esto supone pedir silencio ni opacidad. La libertad de información es un pilar democrático y la ciudadanía tiene derecho a saber qué se investiga, sobre todo cuando afecta al ejercicio del poder público. El propio Tribunal Europeo lo ha reconocido: las autoridades pueden informar de las investigaciones, siempre que lo hagan con la discreción y la prudencia que exige la presunción de inocencia. La diferencia está entre informar y sentenciar, entre contar que alguien está siendo investigado y presentarlo ya como culpable.
Defender la democracia exige coherencia. Exige medios que dediquen a la absolución el mismo espacio que dedicaron a la acusación y partidos que apliquen a los suyos la misma vara que a sus adversarios. Exige una ciudadanía capaz de distinguir entre sospecha y prueba, entre acusación y condena. La presunción de inocencia solo existe de verdad cuando se respeta también cuando incomoda, cuando no conviene y cuando el señalado es alguien que no nos gusta. Sin ella, la democracia se reduce a un decorado de cartón piedra.
*Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
