Antonio Morales*
Dicen que del próximo viernes día
19 de julio no pasa (¡que pena, por un día! Es más propio del 18 de julio). Lo
llevan anunciando desde hace meses, pero parece que será en esa fecha cuando el
Consejo de Ministros apruebe y eleve al Parlamento el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se han empeñado y,
como disponen de la mayoría absoluta necesaria, se aprestan a reducir la política
y los servicios públicos de manera significativa y a dar un tajo mortal a la
democracia, disminuyendo a la mínima expresión a más de un 90% de los
ayuntamientos españoles. Se trata de contentar a la mesnada neoliberal que
presiona cada día para conseguirlo y atacan a los ayuntamientos, la parte más débil
de la administración pública, y a la democracia municipal: la más cercana,
eficaz, representativa y participativa.
Se han empecinado y no les
importa lo más mínimo que los municipios estén liderando el ajuste y lleguen en
un porcentaje alto al superávit y que su nivel de endeudamiento siga siendo el
que menos crece y el que representa un menor peso sobre el PIB: según los datos
del Banco de España la deuda de los ayuntamientos se cifra en 42.795 millones
de euros, la mayor parte corresponde a tres o cuatro grandes ciudades en manos
del PP, la de las comunidades en 189.000 y las de la Administración central en
casi 800.000, lo que sitúa el endeudamiento de los municipios en apenas un 4%
del total de la deuda pública española. Y eso que son los municipios los que
menos gravan con impuestos a los ciudadanos, los que desarrollan más obra pública,
los que reciben menos fondos del Estado, los que en más de un 82% sus cargos
electos no perciben ningún tipo de remuneración, los que reciben una mejor
valoración y reconocimiento de los ciudadanos frente a otras administraciones,
los que registran un mayor porcentaje de participación a la hora de las
elecciones, los que han conseguido una vertebración y cohesión social notable
en estas tres décadas de democracia…
Un número elevado de
ayuntamientos ya se encuentra intervenido de manera considerable: se les ha
limitado el techo del gasto, aunque dispongan de recursos, aunque no tengan
problemas económicos para realizar inversiones; les está vedada la contratación
de nuevo personal, salvo que se utilice la vía de la externalización, y se les
ha impuesto una tasa de reposición que consiste en tener vacantes diez plazas
para poder convocar una; los que se han acogido al Plan de Pago a Proveedores
han visto intervenidas su cuentas y limitada su autonomía de gestión; los
remanentes de superávit deben ser entregados a los bancos para adelantar el
pago de su deuda sin que puedan utilizarse para obras o servicios.
Pero no se contentan con esto.
Mientras saquean el país y chotean la marca España, que no se les cae de la
boca, para rematar la jugada se disponen a aprobar la Ley para la Racionalización
y la Sostenibilidad que ataca directamente a la autonomía local y su
autosuficiencia financiera; reduce los servicios públicos radicalmente para, lo
reconocen abiertamente, “favorecer una regulación favorable a la iniciativa
económica privada”; somete directamente a los municipios de menos de 20.000
habitantes, que se tendrán que regir por unos precios estándar que fijan otras
administraciones y que en la práctica los deja en manos de las diputaciones y
cabildos, que no podrán prestar los servicios que ellos han estado ofreciendo
hasta ahora y que, por tanto, tendrán “casualmente” que “externalizar”; se hace
desaparecer a la mayoría de las mancomunidades; se impide la prestación de
servicios si no están financiados al cien por cien; se introduce la figura del “castigo
económico” que impone una tutela efectiva de otras administraciones sobre la
gestión local…
Se abren así brechas entre los
ciudadanos, pues solo podrán acceder a los servicios públicos aquellos que
puedan pagárselos; se rompen los vínculos con los vecinos y se desvirtúa la
participación ciudadana; se desideologiza la gestión municipal para convertirla
en mera gestora de asuntos corrientes; se impiden las políticas educativas, de
sanidad, empleo, igualdad, juventud y servicios sociales; se imposibilita la
puesta en marcha de proyectos socioeducativos y de planes para luchar contra el
absentismo y el fracaso escolar; se prohíben las campañas de prevención sobre
la salud y las políticas locales de empleo y las políticas de igualdad o
juveniles y se alejan o se eliminan de un plumazo los servicios sociales que se
prestan a la ciudadanía que pasarán a depender directamente de las autonomías.
Y lo tienen tan claro, que se las
trae al pairo el dictamen del Consejo de Estado, que se pronuncia claramente en
contra de la propuesta (cínicamente, el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha confesado que le “encantó” el
informe y que estaba “muy contento”). Según este supremo órgano consultivo del
Gobierno de España o se reformula la futura Ley o se “estará atentando contra
nuestra Constitución”. Para el Consejo de Estado, el coste estándar al que se somete
a los servicios públicos en los municipios de menos de 20.000 habitantes es una
medida “tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede
considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno” y la traslación de
competencias a los cabildos o diputaciones “supone un desapoderamiento ex lege
de las competencias municipales” para pasarlas a manos de una administración “de
representación indirecta” (caso de las diputaciones) que no es elegida por los
ciudadanos.
También el Consejo de Europa
apunta que esta propuesta “podría provocar una reducción de la capacidad de las
autoridades locales para adaptarse a las necesidades de la población” y que
prohibir a los municipios que ejerzan competencias en servicios sociales podría
“entrar en conflicto con la Carta Europea de Autonomía Local”.
Se somete a la ciudadanía a la
desprotección más absoluta y se quiebra el valor de la cercanía como elemento
clave para la respuesta más inmediata, la complicidad más humana y la
democracia más directa. Lo escribía hace poco Enrique Gil Calvo en El País: “Si
se priva a los ciudadanos de los servicios públicos de proximidad, la
democracia española se volverá aún más distante y se deslegitimará todavía más”.
No me cabe la menor duda: es
exactamente eso lo que pretenden. Se trata de romper los vínculos más estrechos
entre los hombres y mujeres que conforman una comunidad local con sus
representantes; quebrar la posibilidad de la intervención ciudadana en una
democracia directa y participativa en torno a los deberes, los derechos y las
demandas. Un liberal, John Stuart Mill, en el siglo XIX, afirmaba que más que
en el Estado, la utilidad mayor y la eficiencia se encuentran en los municipios
y en las pequeñas comunidades, verdaderas escuelas de ciudadanía y de democracia.
Vicente Verdú, en “La ausencia” (La esfera de los Libros) defiende igualmente
que la salida a lo que nos está sucediendo es “ir hacia comunidades más pequeñas
que permitan una mayor participación ciudadana”. Es el “efecto vecindario” en
aumento del que habla José Antonio Marina refiriéndose al valor del lugar donde
se vive, aún a pesar del mundo globalizado, relacionado por densas, rápidas y
baratas redes de comunicación. Quieren acabar con lo que expresa perfectamente
Joan Subirats: “La respuesta es más capacidad de gobierno de las entidades
locales y más capacidad de incorporación de los ciudadanos en los procesos de
cambio. Más gobierno y más gobernanza colectiva, para unas entidades locales
que se entienden claves, por su proximidad y su capacidad de gestión, en la
mejora concreta y cotidiana del bienestar de individuos y grupos”.
Pero el Gobierno de Mariano Rajoy y los
poderes a los que representa, no podrán nadar contra corriente. No podrán
romper los vínculos de la ciudadanía con su historia, sus tradiciones, sus
anhelos, sus ansias de superación y de libertad.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
