Antonio Morales*
Esto es el Rastro señores/
vengan y anímense/ que aquí estamos nosotros/ somos Papá Nöel./ Le vendemos
barato/ con el precio en inglés/ somos todo lo honrados/ que usted quiera creer…
A principios de los años setenta el cantautor Patxi Andión compuso esta popular
canción como homenaje al peculiar mercado madrileño; con toda seguridad no intuía
que, unas décadas después, algunos de sus versos podrían estar destinados a
todo un país en liquidación.
Y es que España está en
venta y a precio de saldo. En junio de este año, el Consejo Empresarial para la
Competitividad (CEC), que agrupa a una quincena de los principales bancos y
empresas de España, daba cuenta, según el diario El Mundo, de una presentación,
ante inversores de todo el planeta, de las bondades de la economía española.
Sin ningún pudor, Sánchez Galán, Presidente de Iberdrola y portavoz del
Consejo, les espetó con entusiasmo: “España es un país muy barato, vengan antes
de que sea demasiado tarde”. Aunque se necesitan más reformas en las pensiones,
la educación y en lo laboral, afirmaba, estamos ante el mejor momento para
comprar y “los momentos pasan”.
Apenas unos meses después,
en septiembre, el ministro José Manuel Soria aplaudía el interés de los inversores
extranjeros en “tomar participaciones en empresas industriales, de
telecomunicaciones, inmobiliarias o del sector del turismo”. Era lo mismo que
nos decía por las mismas fechas Morgan Stanley, un fondo de inversiones que
estuvo al borde de la quiebra por sus operaciones de alto riesgo antes de la
crisis. En un informe que, para mayor recochineo, tituló “Viva España”, aseguraba que este país era ahora una gran oportunidad de negocio. En octubre
era Emilio Botín el encargado de dinamizar las ventas: aunque hay que hacer más
reformas, decía, “la confianza en España está aumentando de forma inimaginable
en los últimos seis meses. Todo el mundo quiere invertir en España. Llega
dinero para todos. Está llegando dinero a la Bolsa, a la deuda, a los bancos,
para hacer inversiones…”.
Se dan cuenta de repente, qué casualidad, que están ante un país al que han empobrecido y endeudado
hasta las tachas, y están acudiendo como moscas. En apenas unos meses empiezan
a llegar, atraídos por panales de rica miel, numerosos especuladores que se están
quedando con lo que encuentran a su paso. Así empiezan a recalar fondos buitres
opacos e inversores de todo tipo en busca de gangas. Aparece Bill Gates, que
olfatea que el ladrillo será de nuevo nuestro nicho de negocios, y se queda con
un 6% del capital social de FCC (¡y dice el Gobierno que eso nos pone en el
mapa mundial!); una sociedad norteamericana se adueña de una empresa de envases
de Murcia; la NTT japonesa se hace con la consultora Averis; un fondo suizo
adquiere el sector digital de Indra; otro estadounidense compra casi dos mil
viviendas del Ayuntamiento de Madrid; bancos como Bankia, Catalunya Banc o La
Caixa se han desprendido y puesto en manos de fondos yanquis la mayoría de sus
compañías inmobiliarias y lo mismo ha sucedido con otros bancos malos; Repsol
acaba de cerrar la venta de un 30% de Gas Natural a los chinos de Sinopec; el
fondo de riesgo Oaktree Capital se queda con Panrico; a Campofrío se la zampó
también el capital chino… Desde enero hasta estos momentos, y según un estudio
de El País, los inversores extranjeros han comprado activos españoles por valor
de 14.000 millones de euros. Desde 2009 hasta ahora, la venta de pisos a
latinoamericanos, británicos, franceses, rusos, belgas, alemanes, holandeses,
egipcios y argelinos ha aumentado en un 29% y en algunas zonas se han hecho
hasta con el 50% del patrimonio inmobiliario vendido. En Canarias, una de cada
cuatro viviendas es comprada por extranjeros, en su mayoría rusos y alemanes.
Lejos de amilanarse, el
Gobierno de Mariano Rajoy abraza y alienta este despojo a la economía del país
y estimula las operaciones en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) creando un fondo para canalizar en capital riesgo el afán por comprar
barato en España; pone a la venta un 25% del patrimonio del Estado que se
traduce en 15.000 inmuebles (palacios, locales, terrenos…) y se saca de la
manga una medida por la que se otorga la residencia española a aquellos que
adquieran una propiedad de más de 500.000 euros. Una perita en dulce para
evasores, blanqueadores de dinero, etc.
Y no queda aquí la cosa.
Ahorro Corporación acaba de hacer público un informe que recoge las demandas
reiteradas de las organizaciones empresariales más poderosas, la banca, los políticos
neoliberales y los medios de comunicación a su servicio, como ha sucedido en
Grecia o Portugal: “Los políticos se han acomodado, una vez que los mercados se
están recuperando. El recorte de la administración está aún por llegar”. Se
trata de agilizar la concreción de ese 10% de medidas que acaba de decirnos la
vicepresidenta del Gobierno que quedan por tomar y que consisten en vaciar y en
privatizar lo poco que le queda al Estado. Por eso han anunciado la reactivación
de un plan de privatizaciones que les permita recaudar 30.000 millones que nos
gastaremos en pagar las deudas contraídas saneando a la banca. Y vuelta a
empezar. Y están en ello. Y ya andan intentando colocar los aeropuertos, los
ferrocarriles (Renfe, Adif y Feve), Aena, lo poco que le queda de Iberia, Correos,
Red Eléctrica, Enagás, Loterías, Paradores, montes públicos, sanidad, educación…
Y hasta estudian una propuesta de constructoras y concesionarias que han
ofertado 14.000 millones por la privatización de la red de carreteras, a pesar
de que Fomento está pensando rescatar las autopistas de peaje ya que, eso sí,
cuando se producen pérdidas y son servicios esenciales, al Gobierno no le queda
más remedio que recuperar el servicio y sus pérdidas, que en este caso superan
los 4.500 millones de euros.
Y es que en privatizaciones
tienen una experiencia enorme. A pesar de que Felipe González (aprobó una ley
para la enajenación de empresas públicas) y Zapatero no le hicieron ascos al
asunto, fue Aznar el que entre 1996 y 1998 dejó al país sin las telefonías, las
eléctricas y la banca pública, entre otras, malvendiéndolas para hacerse con más
de 4 billones de pesetas que ya se han esfumado. Se han esfumado, pero la mayoría
de los que contribuyeron a hacerlo posible hoy se sientan con suculentas
remuneraciones en los consejos de administración resultantes.
Estamos ante un expolio
brutal del Estado, ante la perpetuación de la dependencia de los poderes económicos,
la pérdida de la soberanía y el desmantelamiento de lo público sin que ninguna
de estas operaciones de privatización o invasión de inversores foráneos suponga
la incentivación de la economía y la creación de empleo. Vienen a “salvarnos” y
nos dejan sin Estado y más pobres.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
