Martes, 4 de enero.
Antonio Morales*
Tenemos la necesidad de que la situación sanitaria, la social y la económica mejoren y que estos últimos 18 meses de pandemia dejen progresivamente paso a la recuperación de derechos, de empleo, de ingresos, de actividad económica y de expectativas de futuro. El verano nos ha dejado signos de esperanza y aunque no sean señales definitivas nos animan a afrontar los próximos meses con la energía y la confianza necesarias para mirar de frente a la normalidad que anhelamos.
Estos momentos convulsos generan también conflictos sociales y laborales, provocados por la desigualdad, la pobreza, el desempleo o la desesperanza, sobre los que tenemos que reflexionar y aprender para evitar que se generalicen y que lastren la mejoría que empieza a percibirse. De esta crisis tenemos que salir de manera distinta a la de 2010. Las familias empobrecidas, las trabajadoras y trabajadores y las pequeñas y medianas empresas no pueden verse abocadas a quedarse en una trinchera de impotencia y exclusión.
Se acumulan datos que debemos analizar sin euforia y a la vez sin la irritación lógica que los efectos de la pandemia ha creado en gran parte de nuestra población. Y de estas reflexiones debemos sacar enseñanzas prácticas como sociedad madura que somos. Las administraciones públicas tenemos que seguir comprometidas en aportar colaboración a los sectores más afectados y en dinamizar la economía. Y al mismo tiempo valorar y animar el esfuerzo continuo que realiza toda la sociedad para salir de este enorme hoyo. Por eso, mi reflexión de hoy trata de descubrir las señales positivas y los avisos o señales de alarma en los que tenemos que fijarnos para salir juntos y cuanto antes de esta situación.
Una primera constatación es que en pocas semanas hemos pasado de los negros nubarrones de julio, donde teníamos en Canarias los indicadores de contagios rondando el millar y con ellos los niveles de alerta sanitaria máximos, a una situación de control de la pandemia que está permitiendo reducir restricciones y aumentar la actividad turística, comercial, educativa y social como hacía meses no veíamos.
Sería irresponsable proclamar que la batalla está ganada. Al contrario, la gran enseñanza es que estos datos son la expresión de una sociedad responsable, que en su mayoría se está comportando con civismo y que ha comprobado que la recuperación pasa por una acción concertada entre profesionales sanitarios, administraciones públicas coordinadas y con un mensaje común y una ciudadanía que ha comprendido que sin control del virus, no hay recuperación de la normalidad.
Desde esta seguridad constatamos algunos datos que se han confirmado en los últimos dos meses, que muestran una tendencia que apreciamos positiva y que están relacionados entre sí: los niveles de vacunación han superado el 80% de la población y los efectos en los contagios y en la gravedad de los ingresos han reducido los niveles de alerta. Estos datos están generando confianza en el mercado turístico y los datos de ocupación, de apertura de centros alojativos y de desplazamientos superan en un 60% los alcanzados en agosto de 2020. Como consecuencia de esta reactivación, el mes pasado salieron del paro casi 20.000 personas. La actividad escolar se ha iniciado con un porcentaje muy alto de presencialidad en todos los niveles, favoreciendo la normalización de la actividad laboral y social de muchas familias y el efecto integrador en cientos de miles de menores y jóvenes que han vivido con mucha tensión este tiempo de confinamiento.
Pero no debemos engañarnos ni generar un falso espejismo. La marea empieza a bajar pero los daños de este temporal son visibles y duraderos. Junto a los datos positivos, nos golpean las cifras de personas que están en pobreza severa en Canarias, más de 350.000. El número de mujeres y hombres que continúan en paro, a pesar de la disminución de agosto, es altísimo y todavía no hemos recuperado los niveles anteriores a la pandemia. La cantidad de jóvenes menores de 35 años que no pueden acceder al alquiler de una vivienda para iniciar su emancipación supera el 60% del total de esas edades. El número de autónomos que no han podido reiniciar su actividad o de pequeñas y medianas empresas que no han podido reabrir son señales de una normalidad no recuperada.
El optimismo realista o la determinación solidaria podrían ser las claves o los lemas para este tiempo que debemos abordar. Canarias y Gran Canaria no pueden retroceder en derechos sociales, en actividad económica, ni en desarrollo sostenible. Pero hay dos maneras de llevarlo a la práctica, la conservadora que recorta prestaciones, suprime ERTES, elimina ayudas para alimentación, vivienda o becas de estudio. O la que intentamos mantener desde el Cabildo de Gran Canaria y desde los gobiernos progresistas que consiste en mantener la inversión pública como motor de la economía, favorecer planes de empleo para reincorporar a quienes lo han perdido como consecuencia del parón de la economía e impulsar sectores que generen valor añadido y diversificación económica, como el de la economía azul, el de las renovables, el turismo sostenible, la economía circular o la innovación e investigación.
En este panorama contradictorio, la huelga que ha convocado el personal de handling en el aeropuerto de Gran Canaria, perteneciente a la empresa Groundforce, denunciando las condiciones de trabajo que sufren después de la pandemia, tiene que servirnos de aviso de un clima que no vale para salir de la crisis. La estabilización económica de las empresas no puede hacerse a costa de sobrecargar los horarios de unas plantillas insuficientes. Las consecuencias de una huelga tienen que evitar, en lo posible, el deterioro de la imagen de la isla como destino turístico preferente.
Tenemos que afrontar un tiempo de concertación social, donde los trabajadores y trabajadoras de Canarias no pierdan su capacidad salarial, porque parten ya de los niveles más bajos del estado. Me sorprende y me duele que estas condiciones laborales hayan incidido especialmente en nuestro aeropuerto. La negociación, la responsabilidad y la redistribución de beneficios tienen que ser actitudes de todos los sectores para este difícil tiempo de recuperación.
Somos conscientes de que tenemos que colaborar en el reflotamiento de la actividad empresarial como agente fundamental de la actividad económica y del empleo. Pero esta activación tiene que hacerse colaborando en la reducción de las desigualdades y la precariedad que han aumentado con la paralización económica durante la pandemia.
No se pueden utilizar fraudulentamente los ERTE. No se puede hacer una oposición frontal al aumento del Salario Mínimo Interprofesional. No se pueden forzar las ganancias multimillonarias del oligopolio energético incrementando la pobreza energética, aumentando la inflación del país y por tanto los precios del transporte o de los alimentos, disminuyendo su capacidad de recuperación económica y chantajeando al Gobierno con cerrar las plantas nucleares cuando toma medidas para controlar estas maniobras especulativas. Sin duda todo esto supone una amenaza seria a una recuperación serena, fiable, solidaria.
En esta reflexión trato de describir las sinergias positivas que se están generando, pero si no se controlan estas situaciones injustas que profundizan en la desigualdad social, el optimismo en la recuperación y la normalización será un engaño para las personas y los colectivos más vulnerables. No podemos repetir los errores de la anterior crisis económica, que abrió abismos de desigualdades en la sociedad.
