El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, fue destituido la tarde de este pasado viernes como presidente del Consejo Rector de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga en aplicación de una sentencia del TSJC que anulaba la modificación de los estatutos del organismo. El Ayuntamiento de Agüimes y el Ministerio de la Vivienda, a través de la Sepes, han vuelto a controlar la mayoría.El Consejo Rector decidió en el mismo acto en que era destituido Soria, despedir a la gerente del Polígono, María del Mar Arévalo, que ha sido sustituida por Fulgencio López, así como apartar al secretario del consejo, Carlos Trujillo, para recuperar al letrado que ha ejercido esa tarea desde los años setenta, Jaime Reyes, que fue destituido por el presidente del Cabildo cuando se hizo cargo del órgano.
Lo ocurrido este viernes en el Consejo Rector del Polígono de Arinaga es el resultado de un largo pulso entre tres instituciones públicas. De un lado, el Cabildo de Gran Canaria, que con la llegada de José Manuel Soria rompió un equilibrió de décadas al hacerse con la presidencia del organismo mediante una modificación estatutaria que finalmente ha quedado anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Frente a la Corporación insular, el Ayuntamiento de Agüimes y la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) han intentado durante estos últimos cuatro años tejer la recuperación del poder en Arinaga y evitar de ese modo la principal pretensión de José Manuel Soria: vender el patrimonio público en ese polígono industrial.
José Manuel Soria rompió en 2003 una dinámica de funcionamiento que, desde 1971, consistía en la unanimidad entre las instituciones, sin necesidad de que nada se votara y sin tener que obligar nunca a que acudiera a las reuniones el único representante que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Como ha ocurrido los últimos cuatro años, Pepa Luzardo, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, acudió también este viernes, pero en esta ocasión para ver cómo los abogados del Estado cumplían con la ejecución de una sentencia que indignó a José Manuel Soria, presidente del PP canario.
Gracias a un error en la tramitación de la reforma de los estatutos del Consejo Rector del Polígono de Arianga, Soria logró echar al alcalde de Agüimes, Antonio Morales, localidad donde se asienta el polígono, y producir radicales cambios en la gestión. Para ello, despidió al anterior gerente y nombró a una persona de su confianza, la abogada María del Mar Arévalo, que había quedado en el paro político con la salida del PP del Gobierno de Canarias. Igualmente, colocó en las oficinas a un hijo de Guillermo Reyes, concejal de Urbanismo en Telde y socio de Soria en esa ciudad.
La nueva forma de hacer las cosas en Arinaga hizo que se paralizaran muchos proyectos en el polígono, al hacerse imposible el entendimiento entre las tres instituciones presentes, el Ministerio de la Vivienda, a través de la Sepes, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes. Hasta que una reciente sentencia del TSJC ha devuelto las cosas al momento justamente anterior a la aprobación de la reforma estatutaria.
José Manuel Soria, que desde este viernes ha perdido una de las presidencias públicas que él consideraba estratégicas, se quejó durante la reunión del Consejo Rector de que instituciones peninsulares vinieran a "arrebatar el poder" a instituciones canarias. Frente a sus palabras, un consejero nombrado por la Sepes, el abogado y urbanista Carmelo Padrón, tuvo duras palabras hacia él.
El nuevo presidente del Consejo Rector del Polígono de Arinaga es el director de la Sepes, Félix Herrera, que cuenta con los cuatro votos de ese organismo y con el del Ayuntamiento de Agüimes. Frente a ellos, el Cabildo, con cuatro votos, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con uno, han de someterse al voto de calidad del nuevo presidente, en el caso de que haya que seguir recurriendo a las votaciones y en el caso de que Soria y Luzardo quieran seguir acercándose hasta Arinaga.
Fuente: CanariasAhora.
